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sábado, 13 de septiembre de 2014

Varones violentos


Por Luciana Peker *



Un cambio de sala de último momento para el estreno del documental Borrando a papá fue la oportunidad para que los responsables y protagonistas del film que intenta demostrar que la violencia de género es un negocio para estudios jurídicos y profesionales de la psicología y que los padres son separados masivamente de sus hijos o hijas después de divorcios conflictivos porque las madres les “lavan el cerebro” se exhiban en decenas de medios como víctimas de una censura que, llamativamente, no aplicaría el Estado sino diversas ONG feministas o de protección de niños, niñas y adolescentes. Su discurso encontró eco en quienes lamentan los avances en la equidad de género como una pérdida de privilegios.




A la niña la arrinconaron contra la pared. Le dijeron que era un juego. La ensuciaron en un baño sin esponjas. Le hicieron cerrar los ojos aunque no pudiera cerrar todos los poros. Tampoco su cuerpo podía cerrarse más fuerte aunque ella frunciera la nariz y se clavara las uñas hasta dejarse huellas. Sus piernas fracasaron en el intento de mantenerse rígidas. A la niña le dijeron que no dijera nada, que era un secreto, que no le iban a creer y que si su mamá le creía las iban a separar. Pero el siglo XXI trajo, entre sus conquistas, el valor de la palabra de las niñas y niños. Y ella se animó a contar ese dolor escondido entre las sábanas por las que se le escapaba el pis y todos sus miedos. El secreto se hizo palabra. Y la palabra prueba. No hay ADN de unas tardes que pasaron mucho antes de poder hablar. No hay testigos que hayan visto lo que pasaba entre los azulejos amurados. Hay palabra. ¿Pero qué pasa con las palabras de la niña si ella se lo cuenta a su madre y la sospecha es que la madre denuncia para hacerle daño al padre? ¿Qué pasa con la palabra de la niña si se instala el discurso de que el abuso es sólo una fantasía en la que la niña cree porque su madre, despechada, supo cómo manipularla? ¿Qué pasa con la palabra de la niña si se impugna públicamente a las y los profesionales que la escucharon, vieron sus dibujos, observaron sus síntomas porque, como se argumenta desde un machismo recalcitrante pero renovado, “las feminazis ganaron terreno y la Justicia discrimina a los hombres por ser hombres”? ¿Qué pasa con la niña? ¿Qué se les dice a las niñas a las que se las anima a hablar para defender el derecho sobre su cuerpo y después se las acusa de no decir la verdad sobre su cuerpo invadido?


El documental Borrando a papá respalda la idea de que la palabra de las niñas y niños que se ven obligados a hablar en ámbitos judiciales porque fueron agredidos de distintas maneras por sus progenitores está manipulada por sus madres, que hay un fenómeno masivo de padres separados de sus hijos e hijas injustamente, que hay un negocio con las falsas denuncias sobre violencia de género y abuso sexual, que el Síndrome de Alienación Parental (SAP) u otras formas de llamar a un supuesto “lavado de cerebro” de una madre sobre sus hijos para que digan en cámara Gesell y frente a peritos una mentira inventada existe a pesar de no estar respaldado científicamente, que la formación en la Argentina sobre abuso sexual y violencia de género está generada exclusivamente por el psicólogo Jorge Corsi (condenado por promoción a la corrupción de menor de edad) y que, por lo tanto, no hay profesionales aptos para trabajar contra las agresiones sexuales. Y alegan que no pueden exhibir el film porque los censuran.


Sin embargo, el documental de Ginger Gentile y Sandra Fernández Ferreira –la primera es esposa del productor, Gabriel Balanovsky, procesado por secuestrar a su hija durante un año (ver aparte)– tuvo una sala en el Arteplex de Constitución que fue rechazada por los responsables del film, dato que en su mediatizada denuncia se omite deliberadamente; como también se omite que las denuncias de algunas reconocidas ONG que trabajan por los derechos de niños y niñas no tienen poder de censura.


Más allá de esta controversia, lo que quedó de manifiesto en los cientos de entrevistas que se realizaron a los protagonistas y realizadoras de Borrando a papá, en los comentarios después de cada nota de denuncia, en la empatía de algunos entrevistadores, fue el ansia por hacer lugar a cierta queja machista, por poner en escena un modelo de macho víctima de la pérdida de ciertos privilegios frente al avance de la equidad de género. Aun cuando denuncien censura, tomaron la palabra “buenos muchachos” que hacen sniff frente a las cámaras porque fueron separados de sus hijos o hijas y acusan en sus blogs y sitios en redes sociales que las mujeres no luchan por la igualdad de género porque quieren todos los derechos para ellas. Lágrimas de cocodrilo. Ese animal que parece llorar para atraer o comerse a sus víctimas y que puede permanecer quieto durante un largo tiempo hasta dar un zarpazo lapidario.


La verdad en cifras

La página de Facebook del neopaternalismo, con el trailer de la película y la alegoría de varones que cuentan sus penurias desgarradas, tiene 17.459 seguidores. Desde allí, entre otras cosas, alegan: “En Borrando a papá denunciamos ‘el negocio de las falsas denuncias’ en divorcios conflictivos (que saca recursos para las verdaderas víctimas). Ahora tenemos pruebas: violencia familiar en Córdoba, cifras oficiales. Son 37.673 denuncias en 2013, 5807 falsas y más de 25 mil no comprobadas”, aseguran.


“Es una falacia total”, replica Alejandra Morcillo, directora de Violencia Familiar del Ministerio de Desarrollo Social de Córdoba. Y critica: “No se puede hablar de falsedad de pruebas. Nosotros asistimos integralmente a 10.000 víctimas por año y siempre han sido reales los hechos denunciados”. Según los últimos datos estadísticos oficiales del Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez, del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, del 2012, hubo 26.456 denuncias en la provincia. Se admitió el 91 por ciento de las acusaciones y el 9 por ciento no. O sea, tranquilos, si una denuncia no es consistente no se sigue. Pero no es cierta la invasión de mujeres maquilladas por la moda del golpe fácil.


A contramano de la idea de la industria de la violencia de género, en seis años el organismo destinado por el máximo tribunal argentino a medir la violencia familiar no constató ni una sola causa que condene a una mujer por designarle el papel de abusado/a a su hijo o hija en un guión de ficción con exhibición en la Justicia. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación monitoreó que, en las más de 59.000 denuncias que recibieron desde el 2008, no se registró ni una sola sentencia por falsa denuncia. En muchos casos, la Justicia considera que no hay pruebas suficientes para llevar a prisión a un hombre acusado de abuso sexual o para sustanciar fehacientemente la violencia. Pero nunca, en 59.000 causas, se comprobó que un expediente estuviera armado a propósito para descalificar a un hombre.


Un estudio realizado por Virginia Berlinerblau, sobre una muestra de 315 casos de niños de entre 2 y 18 años ingresados al Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional arroja sólo un 3,8 por ciento de denuncias que podrían ser falsas. ¿Hay que dejar de darle vía al 96 por ciento de las denuncias porque, a lo mejor, un 4 por ciento de los abusos no son reales? S.O.S.: los niños podrían dejar de estar primero.


En cambio, desde la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de Tucumán se informa que hay un aumento significativo de casos graves. Un 51 por ciento de las denuncias del 2013 fueron calificadas de alto y altísimo riesgo y, en lo que va del año, ya el 59 por ciento son consideradas alarmantes. En cambio, solo el 0,89 por ciento de los relatos son evaluados como de bajo riesgo. Por lo tanto, si hubiera que desestimar las denuncias –aun cuando puedan ser reales pero no implicar peligrosidad–, el organismo considera que sólo podría hacerse en el 1 por ciento de los casos.


En la Argentina muere una mujer cada 30 horas por violencia de género. ¿La idea es que se frene el avance de las medidas de protección? El año pasado fueron víctimas de femicidio 295 mujeres y, entre ellas, perdieron la vida 14 niñas de 0 a 13 años. En siete casos los padres o padrastros fueron los asesinos, según cifras del Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, de La Casa del Encuentro, recogidas entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2013.


La violencia de género no es un problema excepcional. Solamente desde el 1º de julio al 30 de agosto del 2014 llegaron 2878 llamados por violencia de género a la línea 144, a cargo de la Subsecretaría de la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del Consejo Nacional de las Mujeres. En 2433 casos la agresión era sistemática (y 435 mujeres la sufrían desde hace una década) y 1858 veces dijeron que la violencia se ejercía con niños, niñas y adolescentes presentes. Eso demuestra por qué, muchas veces, la Justicia ordena la restricción del contacto del progenitor con sus hijos e hijas. “En nuestro país, si un papá injustamente está impedido de ver a su hijx tiene remedios penales y civiles. La ley dispone que el juez fijará un régimen de visitas urgente o hará cumplir el existente”, aclara la abogada Claudia Hasanbegovic.


Pero, una cosa es que un agresor no pueda ver –por treinta, sesenta, ciento veinte o en casos más graves en forma indefinida– a sus hijos para prevenir situaciones de riesgo a través de medidas de protección dispuestas con el objetivo de ponerle un límite a la impunidad que suelen ejercer varones violentos. Y otra, muy distinta, que padres de buena fe y sin restricciones judiciales no puedan ver a sus hijos porque la Justicia no defiende a los padres.


No están desprotegidos

Pero la cobertura mediática y el boom de likes que genera Borrando a papá no parece ser un suspiro de aprobación frente a una puerta de jardín de infantes con un grupo de bonachones Señores Papis, sino el argumento justo para frenar los canales de acceso a denuncias y defensas de mujeres víctimas de violencia y/o madres protectoras de sus hijos e hijas. En inglés existe una palabra justa: backlash. O la hora de retroceder frente a la posibilidad de evitar los abusos sexuales intrafamiliares.


El abuso sexual en las mejores familias es el nombre del libro de la psicóloga Irene Intebi, editado en 1998, que enmarcaba que el cuco no estaba sólo bajo techos de chapa o en callejones sin salida. Periodistas, músicos, médicos, funcionarios, políticos, curas, psicólogos, escritores son también abusadores. Las mejores familias son de clase baja y alta, profesionales o analfabetos. Pero, eso sí, cuando las denuncias recaen sobre quienes tienen más recursos, prestigios y vínculos sociales el boomerang de la respuesta es mucho más fuerte. Los poderosos tienen mucho más para perder y ponen muchos más recursos –económicos, sociales y culturales– para poder ganar.


“En Borrando a papá apelan a estereotipos misóginos que son recibidos por muchas personas porque coinciden con preconceptos patriarcales de nuestra sociedad machista. La película está en el contexto del cabildeo que hacen estos grupos de varones que se consideran víctimas para propulsar cambios legales a su favor, como el de la tenencia compartida obligatoria o la derogación de la ley para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres”, enmarca Hasanbegovic, profesora del curso Manipulaciones Judiciales de los Varones Violentos, en donde asegura que los varones violentos ejercen mucha más disputa por la tenencia de los hijos y cumplen menos con la obligación de alimentos.


No todo lo que reluce es llanto

Un documento del Consejo de la Magistratura, del 25 de noviembre del 2011, respalda la decisión de la jueza María Cecilia García Zubillaga de no dejar salir al país al hijo de Yura Shubin, que dice en el trailer del documental que fue acusado por enseñarle ruso, su idioma natal, a su hijo. Aunque, en verdad, no se lo dejaba llevarlo fuera de la frontera (por temor a que no lo regrese al país), pero sí se le asignaba un régimen de visitas, de alimentos (al que se negaba por alegar estar desocupado) y se constata una denuncia previa de su ex esposa por maltrato.


Creer en el llanto del macho puede esconder otros llantos. “Obligar a alguien a vincularse a la fuerza es generar un daño intencional en la psiquis y en el alma de esa personita vulnerando todos sus derechos. Con la ley de impedimento de contacto en una mano y el mentiroso SAP en la otra llega un patrullero y se lleva a la rastra y con gritos a niños que claramente temen ese momento y explícitamente plantean que no quieren ir. Nunca es sin consecuencias”, delimita Liliana Hendel, psicóloga, periodista y coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina (Ripvg) sobre los efectos de lo que denomina “Borrando a la justicia”.


“Las asociaciones de padres que se dicen injustamente separados de sus hijos encubren a violentos/violadores. Seguramente habrá en esos grupos papás que pasan por situaciones de dificultad y dolor y son objeto de desconsideración judicial. Ellos deberían ser los primeros en diferenciarse. Pero ahora se intenta proponer una plataforma para que parezca que es una controversia entre padres buenos contra madres malas y quienes defendemos a las madres protectoras aparecemos en esta versión como feminazis. En la misma línea de quienes dicen que juegos incestuosos no son delito y que es preferible un padre violento o violador que un no padre.”


Otra idea de la doctrina Borrando a papá es que la defensa de los derechos de las mujeres y la infancia abusada es fruto de la secta Corsi: “Corsi es un pedófilo que ha merecido el rechazo de la sociedad en su conjunto y en especial de quienes se formaron con él. Los estudios acerca de niñez, violencias y derechos son anteriores a Jorge Corsi. No empiezan y por supuesto no terminan en él”, apunta Hendel. “Afortunadamente, nunca leí ningún texto de Corsi y por ende nunca empleé ningún argumento de él para fundar una acusación por abuso sexual infantil”, explica el abogado Juan Pablo Gallego, consultor de Unicef, autor del libro Niñez Maltratada y Violencia de Genero y acusador del cura César Grassi que hoy purga una condena de quince años de prisión.


En el nombre del padre

La mayor bandera libertaria de los papaítos es la censura al documental. Sin embargo, el Incaa explicó que le ofrecieron una sala para el 28 de agosto en el complejo Artecinema de Salta 1620. Pero San Telmo producciones –que todavía no presentó toda la documentación requerida– no aceptó.


La ex diputada Marcela V. Rodríguez, Investigadora del Grupo Justicia y Género del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp), igualmente, contextualiza: “La libertad de prensa de ninguna manera puede prevalecer sobre la violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Del mismo modo que no se puede alegar que existe libertad de prensa en casos de pornografía infantil y exhibiciones obscenas. La expresión no son solamente palabras sino que son actos performativos que causan daño”.


Mientras que la diputada Gladys González (PRO) explica por qué pidió que no se exhibiera en el corazón de las estrategias judiciales, el Colegio Público de Abogados: “El documental es explícito en no reconocer la realidad de la violencia de género cuando dice: ‘la violencia doméstica es una industria multimillonaria...’ Estas mentiras y estadísticas falsas son difundidas en todo Occidente y como resultado los hombres son considerados violentos no por lo que hacen sino porque nacieron varones. Y desacredita el testimonio de los chicos, promoviendo que se los silencie en los procesos judiciales de familia y penales. Su contenido fue repudiando por el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad, así como por el Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, por lo que es inconveniente que una Institución como el Colegio Público de Abogados proyecte un documental que promueve la vulneración de derechos”.


Mujeres con pelotas

“San Telmo producciones presenta su segundo documental sobre discriminación por género, Borrando a papá”, explica la gacetilla de este documental. El primer film de Gabriel Balanovsky fue Mujeres con pelotas, en donde retrata el excelente trabajo de Mónica Santino frente a los grupos de fútbol femenino de Las aliadas, en la Villa 31 y el Centro de la Mujer en Vicente López. Balanovsky no tuvo el tacto o el tiempo (en seis años) de contarle a Mónica –desde 2008, cuando la conoció– que la película iba a formar parte de una saga ideológica en base a su concepto de discriminación de género, en donde los agresores serían colocados como discriminados. Tampoco le confió que estuvo preso durante un año por interceptar a su hija, en noviembre de 2001, en el camino al jardín de infantes y escapar de la Justicia sin dejársela ver a su mamá. La Justicia lo encontró por una orden de captura por sustracción de menores y lesiones, a pesar de que la nena de cinco años no estaba anotada en ningún jardín público o privado. “Las escuchas telefónicas detectaron que los padres de él estuvieron consultando sobre cómo emigrar a Israel”, contó la madre de su hija en una nota en Páginal12 el 24 de agosto de 2002. La Cámara de Casación Penal lo dejó salir de prisión porque consideró que como tenía la patria potestad no era un secuestro.


Pero no le había dicho nada de esto a Mónica Santino para que aceptara girar la pelota frente a su cámara. “Enorme fue la tristeza al enterarnos de que el siguiente trabajo de los directores iba dirigido a ensalzar al SAP. Creemos que Mujeres con pelotas sirvió de colchón para ponerse del lado de la lucha contra la violencia de género. No nos embarren la cancha. Sabemos de qué se trata cuando de violencia de género hablamos.”

* Publicada en el suplemento Las 12 como “Borrando la violencia de género” el 12/9/2014

sábado, 5 de abril de 2014

De a dos


Por Luciana Peker *


EQUIDAD Una investigación sobre el reparto del cuidado de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en la Argentina muestra que es inequitativo y que recae, mayoritariamente, sobre la espalda de las mujeres. En el 76 por ciento de los casos son las madres quienes se encargan de sus hijos si no están en la escuela. Por eso, se propone mirar a Uruguay y Costa Rica que implementaron un sistema nacional de cuidados, extender las licencias por maternidad y paternidad, ampliar los horarios escolares, abrir jardines maternales y crear centros de día para la tercera edad.


No es lo mismo cocinar –que puede ser un placer, una distracción o una invención cada tanto– que hacer la comida. La diferencia está en la obligación diaria de servir algo que el resto de la familia se lleve a la boca. Tampoco es igual cambiar cada tanto un pañal que ser la que tiene que cambiar –siempre– los pañales. Ni hablar de pasar un peine fino, acordarse de comprar las acuarelas para plástica, coser los pantalones tajeados por el traqueteo del recreo, fijarse si hay hielo en el congelador, pensar fórmulas para que los hijos tomen vitamina C e ingieran verduras verdes o lograr que el cepillo de dientes no sea sólo un palillo decorativo sino que llegue –y se mueva– en la dentadura de los niños y niñas (que suelen más que llorar, trinar al intento de higiene bucal) y así la lista sigue. Porque de eso se tratan las tareas domésticas: una enorme lista de deberes que pesa sobre la cabeza de las mujeres que, generalmente, son quienes las hacen y, si no las hacen, son quienes las organizan.


El problema no es sólo agacharse a agarrar cada calzoncillo dejado en el piso del baño –como si levitara– cuando en realidad la espalda la doblan las madres o esposas en un gesto típicamente cotidiano o correr para llegar a la salida del colegio como si el fracaso en la puntualidad del maratón maternal fuera un bochorno diario. El problema, en realidad, es que no es un problema personal, sino que requiere de políticas públicas y redes sociales para que la primera democracia sea la doméstica.


Esa es la intención del proyecto El cuidado en la agenda pública, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp) que acaban de publicar el documento “La organización social del cuidado de niños y niñas. Elementos para la construcción de una agenda de cuidados en Argentina”, con el apoyo de la Unión Europea.


“Desde mediados de la década del ’80 en adelante las mujeres se insertan masivamente en el trabajo productivo, pero los varones no se insertan en el cuidado. No hay infraestructura pública de cuidado, no hay licencias o prestaciones otorgadas para mujeres y varones en los regímenes laborales –sin contar los grados de informalidad laboral y, por ende, sin prestaciones– y no hay disposición de los varones para cuidar, en todo caso, lo que hay es una disposición complementaria a la todavía central disposición para cuidar de las mujeres”, explica el famoso “yo te ayudo” de la abogada Laura Pautassi, investigadora del Conicet y socia de ELA. “No se trata sólo de un tema de infraestructura, sino de transformar esta inequitativa distribución y construir marcos sociales más justos”, subraya.


La iniciativa parece elemental. Pero atenta contra un gritoneado sentido común que presiona a las mujeres para que se ocupen del cuidado de ancianos, marido o novio e hijos/as o las jaquea por la falla. Todavía trinan los reproches mediáticos de Luis Ventura que, con 57 años, le reclamó por televisión a su mujer, Estela Muñoz, porque ella, por primera vez en 29 años de matrimonio, decidió en el verano trabajar en Mar del Plata y lo “dejó” solo en su casa. “A mitad de enero tenía una ametralladora encima”, le dijo a la revista Gente, en una frase que preocupa. Y que él justifica así: “Yo exacerbé lo que les pasa a muchas familias, donde la mujer tiene que salir a laburar. Hice una caricatura de la realidad. A mí no me cambia la vida una heladera ni regar una planta, ni sacar a los perros. Pero son pequeñas tragedias cotidianas”.


Esas tragedias cotidianas no se ven cuando pesan en el cuerpo de las mujeres. Por eso, la gran pregunta es ¿quién cuida a quién? Un relevamiento de la situación del cuidado en la ciudad de Buenos Aires, Morón y San Martín, Resistencia, en Chaco, y San Salvador de Jujuy determinó que la actual organización social del cuidado es injusta: no está distribuida en forma equilibrada entre mujeres y varones y que las condiciones socioeconómicas determinan el acceso a distintas alternativas para cuidar a otrxs, cuidarse y recibir cuidado.


Por ejemplo, en Argentina existirían menos de dos personas (1,8) en edad activa para cuidar a cada niña, niño, adolescente o adulto mayor dependiente, pero no lo hacen de manera equilibrada. Mientras que, en la región metropolitana de Buenos Aires, un estudio de ELA indica que en una semana típica –cuando niñas y niños se encuentran en el hogar– en el 76 por ciento de los casos son las madres las responsables de cuidar.


Por otra parte, aun cuando el fracaso de la inscripción online demostró el agujero en las vacantes en las escuelas públicas para los primeros años de vida, no es un problema exclusivo de la ciudad de Buenos Aires. En todo el país, el 91,4 por ciento de los chicos y chicas tienen lugar en un aula a partir de los cinco años. Pero desde que nacen hasta los dos años –cuando las mamás también tienen que ir a trabajar– la cobertura del servicio escolar es inferior al 4 por ciento a nivel nacional y en la ciudad de Buenos Aires, a pesar del mayor presupuesto, apenas alcanza al 13,9 por ciento de los/las más pequeños/as.


La socióloga Lucia Martelotte, coordinadora del proyecto El cuidado en la agenda pública y responsable del área política de ELA, remarca: “En general, son las mujeres quienes se encargan, de manera casi exclusiva, de las tareas que tienen que ver con el cuidado. Esta situación es injusta y podría revertirse, por ejemplo a través de políticas que incentiven la corresponsabilidad”. Ella también propone otras medidas prácticas: “Centros de cuidado infantil y de día para personas mayores, hospitales ambulatorios para personas con enfermedades crónicas, la extensión de la jornada escolar para compatibilizarla con el horario laboral, la ampliación de licencias más allá del nacimiento y el primer año de vida de los niños y niñas. También sería importante que el Estado asumiera su rol como proveedor y regulador de servicios de cuidado y se trabajara para construir un Sistema Nacional de Cuidados como los de Uruguay y Costa Rica”.

* Aparecido en Página/12 el suplemento Las/12 como "Democracia doméstica"

lunes, 6 de enero de 2014

Reparaciones

Por Luciana Peker*

En Corrientes, detuvieron durante 13 años a una mujer que supuestamente había matado a su hijo al nacer, después de un parto asistido por su madre. La sentencia, de junio de 2000, la condenó a cadena perpetua por homicidio agravado por el vínculo. En abril de 2013 se descubrió que el bebé había nacido muerto. Una muestra más del sexismo en la Justicia.

“Se hizo justicia tarde, pero se hizo”, dice ella con un tono optimista que reniega del pasado porque siente que es revolver el dolor con el que convivió más de una década. “Siempre pensé que iba a salir a la luz toda la verdad”, remarca. Y enfatiza que prefiere tragarse las palabras sobre su historia. Sufrió mucho y su familia también. No quiere hablar más –y así lo pide y hace valer su deseo– sobre el sufrimiento. Se enfoca en recuperar el tacto, la mirada, la cercanía convertida en la alegría del abrazo con sus cuatro hijos de 16, 21, 22 y 23 años.

A ella la llamaremos por sus iniciales –MCV– para respetar su identidad y porque quiere iniciar una nueva vida sin la estigmatización que da el paso por prisión. MCV cumplió, el 24 de diciembre, 43 años en una Navidad especial no sólo por redoblarse con un nuevo aniversario, sino porque realmente se trata de un renacimiento. Fue la primera vez que pasó las fiestas con sus hijos y su nieto –de cinco años– después de catorce sin compartir la mesa. “Ahora puedo alzar y abrazar a mi nieto, que es lo que no pude hacer con mis hijos”, festeja, mientras intenta enterrar las huellas de las pérdidas.

Estuvo presa, acusada de matar a su bebé en 1999, en un parto en su casa, sin más ayuda que la de su mamá y otra mujer, cuando tenía 28 años y era madre soltera de otros cuatro hijos que tenían, en ese momento, 3, 5, 7 y 9 años. En ese momento era analfabeta y vivía en una situación de enorme vulnerabilidad, en Mercedes, Corrientes. Su quinto hijo nació muerto. Ella fue al hospital con una fuerte hemorragia, contó sobre el fallecimiento, pero no le indicaron llamar a la policía, le dieron un calmante y la mandaron a su casa. Cuando llegó, vistió al bebé con la ropita que le tenía preparada, lo puso en una cajita de cartón y lo enterró en el gallinero, porque era el único lugar adonde no iban los perros. Un vecino –que había intentado propasarse con ella– la vio en el momento del duelo y la denunció el 18 de agosto de 1999.

La Justicia no le permitió que presentara testigos y otras herramientas de defensa ni le concedió la prisión domiciliaria para que pudiera estar cerca de sus hijos pequeños.

La defensa pidió su absolución y la fiscalía sostuvo que no había elementos para una condena. Sin embargo, el 28 de junio de 2000 la Cámara en lo Criminal de Paso de los Libres la sentenció a cadena perpetua por homicidio agravado por el vínculo, en el Instituto Pelletier, de Corrientes Capital, tan alejada de sus hijos que durante cuatro años no pudieron ir a verla por falta de plata para el transporte. En la cárcel terminó la primaria y la secundaria, pero le negaron el permiso para estudiar criminalística. Recién después de trece años, en el 2013, se reveló por una nueva pericia en base a la autopsia de 1999 –en la que constaban, por ejemplo, fotos del cuerpo– que su hijo no tenía signos de estrangulamiento ni asesinato y que sí había padecido sufrimiento fetal y, probablemente, nació asfixiado por el cordón umbilical.

La Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (Consavig) considera que este caso es paradigmático de la misoginia en la Justicia. “Ella padeció violencia por ser pobre, agravada por ser mujer. El proceso judicial en su contra es una colección de negligencias. No se apeló el procesamiento, ni se insistió en esclarecer los hechos o citar a más testigos. El requerimiento de elevación de la causa a juicio consta de sólo dos carillas, de una gran pobreza argumentativa. La recolección de pruebas fue magra y prácticamente no se realizaron medidas para esclarecer el hecho. El denunciante no vio que MCV matara a su bebé y el tribunal tomó como válida una pericia realizada para determinar las causas de la muerte del bebé que se hallaba incompleta por falta de medios. Todos los actores en este proceso han estado impregnados por prejuicios machistas e impusieron sobre ella toda su autoridad patriarcal condenándola a cuarenta años de prisión”, remarca la abogada Perla Prigoshin, coordinadora nacional de la Consavig.

MCV estuvo desamparada hasta que la abogada Susana Arzuaga –de la secretaría de la Defensoría– pidió que se revisara su sentencia. Por esta medida, el 26 de abril de 2013, el Superior Tribunal de Justicia declaró la nulidad de la sentencia y ordenó su inmediata liberación. A partir de ahí, la acompañaron Caro González, la delegada de la Consavig en Corrientes, y su defensora Nora Maciel, que solicita una reparación integral, no solamente monetaria, sino también que le garantice acceso a una vivienda digna, trabajo y asistencia para que sus hijos (que debieron abandonar la escuela cuando ella quedó detenida) puedan terminar sus estudios y capacitarse. En el mismo sentido se expresaron la Asociación Pensamiento Penal y la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes que, en una carta al gobernador Ricardo Colombi, expresa que “MCV no tuvo acceso a la justicia, a ella le fue negada por su condición social y por el tipo de delito investigado, tenía dictada sentencia de antemano”. Maciel enfatiza: “En el proceso no llamaron ni a la enfermera que la atendió en el hospital, ni a las vecinas, ni a la amiga que iba a ser la madrina. Ella nunca ocultó el embarazo. Todavía el gobernador no resolvió su indemnización. Para Navidad se hizo una colecta para que pudiera estar con sus hijos. Esperemos que no haya que hacerla transitar por un proceso que la haga revivir todo lo que pasó”.

Mientras tanto, MCV tiene planes. Va a inscribirse en Derecho. “Siempre quise estudiar y nunca me dieron la oportunidad”, resalta sobre las restricciones que le impusieron en prisión. Aunque, por ahora, su mayor objetivo es poder llevar a Corrientes capital –donde trabaja por la mañana en el Registro Civil, con el sueldo más bajo, y por la tarde como empleada doméstica– a sus hijos, que residen en Mercedes. Allá vivía su mamá, que los crió y recientemente falleció. Su papá también murió, sin que a ella le permitieran salir de la cárcel para despedirse. MCV cuenta con tristeza que su mamá le faltó en Navidad. Pero, con mucha pujanza, se enfoca en salir adelante. “Voy a trabajar día y noche para que estén bien mis hijos, que son lo único que me importa, con mis hermanos y hermanas. Tengo un apoyo increíble. No me puedo quejar de la vida por más que estuve encerrada tanto tiempo. Lo más importante es que mis hijos no sufran y lo voy a lograr, si Dios quiere.”

* Aparecido como "Justicia poco corriente" en el suplemento Las 12 de Página/12 el 3/01/2014.