domingo, 17 de enero de 2016

Vidas leonas

 Por Luciana Peker*



En el sector público se calcula que ya hubo 21.455 despidos que incluyen a mujeres, jefas de hogar y embarazadas. En la provincia de Buenos Aires suspendieron las paritarias por decreto. En La Plata reprimieron una protesta con balas de goma que dejaron marcada toda la espalda de una manifestante. ¿Cómo puede afectar este panorama laboral las demandas de igualdad salarial, mayores licencias maternales y parentales y más jardines maternales y colegios de horarios extendidos? ¿Se aprobarán los proyectos presentados en el Congreso de la Nación que proponen políticas de cuidado y más días de licencia? ¿La agenda de género va a avanzar o va a quedar desplazada ante la urgencia de la pelea por garantizar las fuentes de trabajo?



Hay momentos históricos en los que la lucha de clases no tiene matices. Y sus novelas tampoco. Es ahora, en este 2015 de cambios políticos acelerados y equidistantes; de una sociedad dividida social e ideológicamente, y de un shock de decretos y balazos de goma, cuando los culebrones vuelven a llamar a las cosas por su nombre, en nombre del amor. En Telefé empieza La Leona, en la que su protagonista, María Leone, es una trabajadora que no está dispuesta a perder su fuente de trabajo y se convierte en la gremialista que pone el pecho para que no cierren la fábrica. Y en Canal 13, Los ricos no piden permiso dispone un ajedrez muy diferente, en el que las pasiones se cruzan entre pudientes y humildes por dinero, pero también por calentura.

Esta vez la ficción no superó la realidad, y el gobierno de Cambiemos adoptó un plan per tutti imponiendo la baja de las retenciones a la soja, la devaluación y el final del cepo, los despidos a empleadas/os públicos, la represión a la protesta social de trabajadores/as de Cresta Roja y municipales de La Plata con balas de goma cuerpo a cuerpo, y dejando en actas fotográficas que la represión en el Hospital Borda (en protesta por una obra inmobiliaria en el centro de salud) no es solo una causa archivada. Entre este presente vigilante y ese estado de felicidad que demanda el Presidente Mauricio Macri se revela que no hay cambios reales solo con cambios de clase si no se agregan los cambios de género, pero tampoco es fácil pensar en cambios de género cuando las mutaciones de clase vuelven a ser –sin matices, como en las novelas- protagonistas estelares.
¿Se puede pensar en el parate de paritarias que impuso por seis meses María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, en exigir que los colegios extiendan sus horarios para que las mujeres puedan trabajar más y equiparar sus sueldos y ascensos al de los varones? ¿Se puede imaginar un reclamo fuerte en el Congreso de la Nación afectado por el despido masivo de personal –siempre tildado masivamente de ñoqui- para que se apruebe el proyecto de extensión de licencias por maternidad y paternidad al nacimiento y de días para llevar al pediatra, al dentista y concurrir a actos escolares, cuando el miedo a ocupar la silla acecha para no quedarse con el culo en el aire y sin madera donde sentarse? ¿Se puede plasmar la crítica de una deuda pendiente en materia de políticas públicas de cuidados –como tienen Uruguay y Costa Rica- en la que el Estado no le dé la espalda a la sobrecargada espalda de las madres, para compartir el trabajo no remunerado de las tareas del hogar y la crianza frente a la quita de subsidios en las tarifas, el dólar libre, la sospecha de que cada empleada del Estado tiene como objetivo la militancia rentada, el gasto oneroso a las cuentas públicas y la rascada como deporte laboral?

La Argentina tiene una enorme deuda –que no se cerró ni se tomó como prioridad en la anterior gestión de gobierno- con los derechos laborales y económicos de las mujeres: el desempleo femenino (especialmente juvenil) es más alto que el de los varones; la informalidad laboral (empujada por la explotación sin blanqueo de empleadas domésticas) es más alta entre las trabajadoras; la licencia maternal no llega al piso básico recomendado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la licencia de paternidad no alcanza a constituirse en un símil feriado puente; las mujeres gastan el doble del tiempo que los varones en el trabajo no remunerado del cuidado de los hijos e hijas y las tareas del hogar sin la suficiente ayuda del Estado, y el peaje al género se cobra entre un 20 y un 30 por ciento del bolsillo de las mujeres que ganan menos que los varones, por diferentes causas que desembocan en una escandalosa desigualdad salarial. Ante este nuevo panorama político, de emergencia en seguridad, económico y laboral, ¿la agenda de igualdad de género va a tener lugar, va a poder crecer, ser mejorada y reclamada o se va a empobrecer y quedar, todavía, mas silenciada?

Sensación térmica. 
Desde el 10 de diciembre hasta mediados de enero, 21.455 personas perdieron su trabajo en el sector público, según el conteo de El Despidómetro, un sitio creado (con base en facebook y twitter) por periodistas anónimas/os, preocupados frente a los despidos masivos y el blindaje mediático, que recopilan cifras publicadas en medios de comunicación e información y telegramas que les envían delegados y trabajadores/as. Todavía no se conoce qué cantidad de mujeres son las afectadas, pero sí, por ejemplo, que entre 43 despedidos en el Senado de la Nación había discapacitados y mujeres embarazadas, y también recibieron denuncias que indican que en el Ministerio de Agricultura echaron a dos jóvenes embarazadas, aunque en un proceso no lineal muchas veces son reincorporadas después de negociaciones sindicales. El ABC de la desigualdad de sexo es que en el medio de la gestación y la portación de panza no se puede ir a buscar trabajo, en muchos casos se hace necesario el reposo o la baja de tareas, el estrés está contraindicado para prevenir contracciones y nacimientos prematuros y es mucho -¡pero mucho!- más difícil dar la teta y buscar un nuevo empleo con un recién nacido y no cobrar la licencia por maternidad: un exabrupto de la letra chica de los contratos precarios que toma por jaque a cualquier idea de igualdad entre varones y mujeres.

En muchos casos, incluso, la militancia feminista deja paso a intentar sostener fuentes de trabajo, contener la angustia de quien ya no sabe cómo pagar el alquiler o empezar a comprar guardapolvos, o pasar por el chino sin que la mafia de intentar hacer una tarta de jamón y queso alce los brazos del robo a la cotidianeidad. En otros casos, se intenta pensar desde un feminismo crítico y anticolonial formas de resistencia a nuevas formas de neo-neo-ceo liberalismo. La docente e investigadora de la Universidad de San Martín y el Conicet, Vanesa Vazquez Laba, argumenta: “La agenda feminista es una construcción colectiva producto de las relaciones de fuerza dentro del movimiento feminista. El paso del capitalismo de Estado al neoliberalismo impacta directamente sobre la discusión de prioridad temática de dicha agenda. Sabemos que el feminismo ha sido históricamente heterogéneo y que esa diversidad está basada en sus postulados teóricos y políticos, muchas veces, antagónicos. Sin embargo, también conocemos los consensos construidos en torno de las reivindicaciones de igualdad como han sido, por ejemplo, el sufragio femenino y los derechos laborales de género, entre otros. Con una alianza con el neoliberalismo, el feminismo corre el riesgo de centrarse y absolutizar la crítica cultural y volverse, como sostiene la filósofa Nancy Fraser, antieconomicista. Es decir, un feminismo miope a un contexto de crecientes desigualdades económicas producto de la precarización laboral y de un mayor desempleo, restringiendo, así, la idea de igualdad a lo meramente cultural”.

Por eso, Vazquez Laba sostiene que “el feminismo debe comprometerse con la justicia de género y, por lo tanto, adoptar una crítica integral sobre la subordinación de la mujer, conectando las luchas contra el sometimiento patriarcal y el sistema capitalista. En definitiva, el feminismo debería militar a favor de mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres y de reducir las brechas de género, al mismo tiempo que valorizar el trabajo de cuidado familiar. De esta forma, se estaría en camino de construir una agenda feminista posneoliberal”.

La (otra) gran deuda pendiente
La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción, a fin de año, al proyecto de Ley Federal de Cuidados para la Primera Infancia, el cual establece que desde los 45 días hasta los tres años el Estado tiene la obligación de crear sistemas federales de jardines maternales u otras alternativas, para que las madres y los padres puedan tener un lugar –de calidad- donde dejar a sus bebés mientras trabajan o buscan trabajo, con el objetivo de fortalecer la autonomía de las mujeres. El proyecto tendría que ser aprobado en 2016 por el Senado. ¿Continuará?

La autora de la iniciativa, la ex diputada María del Carmen Bianchi (FPV), analiza el panorama: “Para la política de cuidados es importante, además de la disposición del Gobierno nacional, la existencia de paritarias ya que una parte de esta política está vinculada con el compromiso de los sectores empresarios y del propio Estado como empleador. Nosotras esperábamos que a partir del proceso de participación de importantes sindicatos en la construcción e impulso de este proyecto, el cuidado de lxs niñxs que ya está presente en algunas paritarias lo estuviera aún mas. Los despidos sin causa muestran un fracaso de los responsables de gestión para hacer un análisis serio de la planta en función de las políticas que va a implementar, además dañan la vida de los trabajadores y trabajadoras concretos, pero lo peor es que ejercen un disciplinamiento sobre las demandas de lxs trabajadorxs. Eso hace peligrar el avance de las políticas de cuidado y el impulso a la ocupación respecto de las niñas y niños en el período de la vida que requiere muchísima atención”.

La incertidumbre, el susto, la competencia por ver quién queda y quién se va, los dedos acusadores y las vulnerabilidades que se despiertan en la selva donde reina el más fuerte dejan, en muchos casos, a las mujeres puertas adentro o en trabajos con menos derechos y más resignaciones. O, por el contrario, las llevan a gritar más fuerte. Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA, también presentó un proyecto –que espera en el Congreso de la Nación- para que se sancione una Ley de Responsabilidades Familiares Compartidas que amplía licencias de cuidado para padres por nacimiento de hijxs y para familias diversas. Y empuja, junto con otros gremios, la idea de una licencia para trabajadoras que sufren violencia de género. Ella vislumbra un camino arduo: “Las decisiones del primer mes de gobierno de (Mauricio) Macri son muy poco alentadoras para las y los trabajadores en general, pero desde la perspectiva de las mujeres las luces rojas de alerta tienen sus particularidades. Un contexto de ampliación de derechos es siempre propicio y favorable para pensar cómo se puede avanzar en agendas pendientes. Si tenés paritaria libre, reducción de la desocupación, consejo del salario, normas que contemplan a las trabajadoras de casas particulares, es una situación que abre el abanico de posibilidades para abordar la reducción de brechas de desigualdad con las que convivimos históricamente las mujeres en el mundo laboral. Sólo en un contexto favorable puede empezar a tomar fuerza un tema como el de los cuidados, las responsabilidades compartidas. Por el contrario, el nuevo gobierno quiere ponernos a la defensiva. Tener que pensar en defender el empleo y no en cómo logramos más y mejores trabajos, es sólo imaginable desde un proyecto político que está pensando una Argentina para unos pocos, y otra vez para los privilegiados de siempre”.

En cambio, Mariana Massaccesi, coordinadora general de Voces Vitales Argentina (una organización que promueve el liderazgo de las mujeres) ve con esperanza la nueva gestión: “Hay una mayor apertura hacia la presencia de mujeres en espacios de decisión. Los liderazgos como el de María Eugenia Vidal, Gabriela Michetti, Susana Malcorra, Patricia Bullrich, Carolina Stanley, Laura Alonso, Isela Constantini, Fabiana Tuñez y Yanina Basilíco marcan el camino hacia una nueva era. Estamos atentas a la designación de mujeres, muchas de ellas comprometidas con el empoderamiento de la mujer y la equidad de género en puestos clave. Consideramos que este tipo de liderazgos son necesarios para definir los grandes ejes de las políticas y somos optimistas en que esto se refleje en un avance concreto de la agenda de género de nuestro país”.

Por su parte, Díaz cree que las víctimas de violencia de género de clases más bajas se van a ver afectadas: “Para las mujeres de los sectores más populares hay posibilidades de salir de la situación de violencia cuando tienen oportunidades laborales, programas sociales que contemplen su situación y pueden formar parte la construcción de proyectos colectivos”. Y compara la situación actual con el reflejo europeo después del ajuste público. “Hay un espejo a mirar en Europa. Tanto en España como en Grecia lo primero que se deteriora son las políticas sociales, los programas de salud, la atención de la tercera edad, todos los dispositivos que tienen que ver con los cuidados de las personas dependientes. Cuando estas políticas públicas se resienten, el coste recae claramente sobre las mujeres, que seguimos siendo las que más carga tenemos en relación a los cuidados y las tareas domésticas. Esto acrecienta, además, las desigualdades sociales. Los sectores más pobres, más desfavorecidos, estarán para lograr cuidados de calidad, pero también para poder mejor las condiciones para conseguir empleos de calidad. Esto lleva a la reproducción de círculos de pobreza y desigualdad, que acrecienta las desigualdades de género. Por eso no es posible separar una mirada y postura respecto de un modelo de país sin pensarlo en relación a la igualdad social y de géneros”.

*Publicado en Las 12 el 15/1/2016 como "Las leonas contra los despidos".

viernes, 15 de enero de 2016

Anses y vaciamiento

Luis Blaquier y Matías Tamburini. Ex Goldman Sachs y ex Deutsche Bank, al frente del Fondo de Garantías de Sustentabilidad del Anses.


-I-


Originalmente el sistema previsional funcionaba con el aporte de los trabajadores en actividad. Con la suma de todos esos aportes se pagaban los sueldos de los trabajadores jubilados.

Cuando en 2007 y 2008 la presidenta CFK reestatiza el sistema previsional argentino, la cantidad de trabajadores en actividad y sus aportes no eran suficientes para pagar los sueldos de los trabajadores jubilados.

Por eso constituyo un fondo jubilatorio integrado por los aportes de los trabajadores en actividad a los que se les sumaban las ganancias que el Estado obtenía como fruto de las distintas inversiones que realizaba el gobierno argentino en empresas privadas, públicas y de infraestructura para dinamizar la economía. 

-II-

Durante la última dictadura cívico-militar-eclesial argentina, su primer ministro de economía, José Alfredo Martínez de Hoz, abrió las importaciones destruyendo el aparato productivo nacional. En esa misma línea ideó un sistema financiero de valor monetario conocido como La Tablita. Esa coyuntura económica propició que muchos empresarios del país tomaran créditos en dólares afuera de la Argentina con la excusa de utilizarlos para modernizar el sistema productivo aunque esos créditos finalmente pasaban a engrosar las arcas de los empresarios que los pedían, enriqueciéndolos al tiempo que quebraban las industrias y crecía el desempleo. 

Así fue como a finales de la dictadura se generó un cuello de botella económico cuando llegó el momento en que esos empresarios que se enriquecieron pidiendo créditos y quebrando empresas tuvieron que empezar a hacerse cargo del pago del pago de los créditos.

Fue entonces cuando la dictadura estatiza toda la deuda externa privada. Quien se ocupó de diseñar esa operatoria fue el entonces encargado del Banco Central Argentino, Domingo Felipe Cavallo.

Cavallo estudió economía en los Estados Unidos, y fue uno de los economistas estrella de la Fundación Mediterránea.

La Fundación Mediterranea era generador de pensamiento y políticas económicas de la familia Pagani, los dueños de Arcor.

Domingo Felipe Cavallo estatiza la deuda externa privada generada por los empresarios argentinos y desaparece de la gestión pública hasta que adquiere una banca para diputado nacional por Córdoba entre las listas de quien sería solo un par de años más tarde presidente argentino: Carlos Saúl Menem.

Domingo Felipe Cavallo será primero canciller de Menem y luego ministro de economía durante años. Es por esos años de su gestión como ministro donde se produce el crecimiento exponencial de Arcor que pasa de ser una empresa dedicada a la fabricación de golosinas en Córdoba a ser una gigantesca multinacional de alimentos.

Es también por esos años de Cavallo como ministro de Menem donde los mismos grupos empresarios que se beneficiaron años antes con la estatización de sus deudas privadas, se benefician con la paridad un peso=un dólar ideada por Cavallo. Así capitalizan ganancias y fugan divisas por medio, entre otras cosas, de las privatizaciones y los cobros de tarifas en pesos. Cobran en pesos, transfieren esas mismas cifras a dólares y los sacan del país.

Cambia el presidente, asume Fernando De la Rúa, cambia la coalición de gobierno pero persiste la política económica a tal punto que De la Rúa convoca nuevamente a Domingo Cavallo que había dejado la función pública con Menem, para que sea ministro de economía otra vez. Para sostener la paridad uno a uno, Cavallo realiza el blindaje, el megacanje y finalmente el corralito. 

De la Rúa deja la presidencia antes de finalizar su mandato constitucional a fines de 2001, con Cavallo de ministro de economía, el país en llamas y más de 30 muertos entre el 19 y el 20 de diciembre.

Los mismos empresarios y los mismos bancos que se beneficiaron con la estatización de la deuda externa privada en la dictadura y fugaron divisas desde finales de 1983 seguían donde siempre. Haciendo negocios a costillas de un Estado que les generaba ganancias y les retaceaba controles. 

-III-



Ya no necesitarán privatizar el sistema previsional para descapitalizarlo y vaciarlo como ya hicieron en los 90. Será suficiente con cambiar las actuales empresas e inversiones en las que el Anses aporta capital, por otras de los propios grupos económicos hegemónicos. Para eso el actual gobierno nacional nombra a Luis Blaquier y Matías Tamburini, un ex Goldman Sachs y un ex Deutsche Bank, al frente del Fondo de Garantías de Sustentabilidad del Anses.

El actual sistema previsional no contará con el mismo caudal de aportes de los trabajadores en actividad, por varios motivos: 

Porque los salarios sufrieron una devaluación de alrededor del 50% desde la segunda quincena de diciembre de 2015. Porque en menos de un mes, fueron perdieron su empleo alrededor de 20 mil trabajadores. 

Y porque esos empresarios que a partir de 2007 comenzaron a realizar los aportes previsionales serán reacios a hacerlos en los tiempos que corren, donde la caída de las ventas se sentirá en la medida en que los trabajadores pierdan capacidad de compra y de ahorro por el deterioro de la economía.


Pero además, porque el sistema previsional se sostiene fundamentalmente por los intereses que el Estado percibe de las inversiones que realiza para movilizar la economía.


Si el Estado deja de controlar la actividad de las empresas en las que invierte y si las empresas en las que invierta pasan a ser las mismas que consiguieron la estatización de sus deudas, y entre 1983 y 2003 fugaron capitales a sus sedes en el exterior, el sistema previsional volverá al tobogán al que lo subieron a partir de septiembre de 1955 y del que no se bajó hasta finales de la primera década de este siglo.


Se viene un nuevo vaciamiento del sistema previsional.


sábado, 9 de enero de 2016

Jubilaciones, créditos y (des)control estatal


Juan Carlos Fabrega renunció a la presidencia del Banco Central de la República Argentina el 1º de octubre de 2014.

Dos días antes, Cristina Fernández de Kirchner, la  entonces Presidenta de la Nación, lo había acusado de favorecer los golpes de mercado desde el BCRA.

La maniobra consistió en filtrar información a los bancos Patagonia, Supervielle, Macro, Mariva e Itaú para que vendieran dólares cuando el resto de los bancos los compraba. La compraventa sucedió en la víspera de una circular del 2/9/2014 que obligaba a los bancos a reducir su tenencia en dólares del 30% al 20 % de sus encajes. 

Entre el 14 y el 16 de diciembre pasados, por lo menos 10 medios publicaron que Fabrega volvería a formar parte de la banca estatal integrando el staff de funcionarios del nuevo gobierno argentino a cargo de Mauricio Macri. Según el Diario Popular se haría cargo de las compañías del Grupo Banco Nación. Así manejaría una cartera de empresas que generan crédito y capitalización para y desde el Estado Nacional: Nación Seguros, Nación Leasing, Nación Retiros, Nación Servicios, Nación Bursatil, Nación Fideicomisos, Factoring, Nación Reaseguros y Pellegrini. Inclusive, Página/12 lo dio por confirmado y dijo que Fabrega sería vicepresidente del Banco Nación y coordinador de las empresas del  Grupo Banco Nación.



Sin embargo, al 4 de enero de 2016 Fabrega no aparece entre las autoridades que el Banco de la Nación Argentina publica en su página web. Tampoco aparece en ninguna de las empresas del Grupo Banco Nación.

¿Por qué?

-II-

Los aportes previsionales de los trabajadores en actividad pagaban los haberes de los trabajadores jubilados. Así fue desde el primer peronismo hasta comienzos de los años 90 a finales del siglo XX.

Aquel proyecto político generaba trabajo y ampliaba derechos laborales.  La gran mayoría de los laburantes trabajaba en relación de dependencia. Los empresarios debían hacerse cargo de los aportes de los trabajadores.

-III-

A partir de 1955 y a lo largo de décadas, los poderes hegemónicos fueron poniendo al frente de los gobiernos constitucionales y las dictaduras que los interrumpían gerentes idóneos para la defensa de sus intereses.

Durante todos esos años el sistema previsional se fue descapitalizando. Mientras el número de jubilados crecía constantemente, el número de trabajadores activos en blanco caía año a año. Muchos eran despedidos. Otros dejaban su actividad corridos por una construcción política que los perseguía por su filiación peronista. Muchos empleadores efectuaban los aportes con mora. Algunos inclusive sostenían frente a los trabajadores que realizaban aportes que en verdad no hacían.

Falta de aportes, aportes tardíos, caída en los niveles de ingresos, inflación y aumento del número de jubilados hicieron que los jubilados recibieran haberes paupérrimos y prestaciones deficientes por años y años.

-IV-

Así fue como esa coyuntura fue aprovechada en 1993 por el presidente Carlos Menem para privatizar de hecho el sistema previsional.

Ideó un sistema mixto en el cual los trabajadores podían elegir entre aportar al Estado o hacerlo administradoras privadas (AFJP) que prometían invertir el dinero que recibían para devolverlo cuando el trabajador se jubilaba dándole el capital aportado por años más los intereses generados a través de las inversiones realizadas por las AFJP. Las Administradoras privadas de jubilaciones y pensiones eran en los hechos apéndices de Bancos.

Como la administración estatal pagaba a los jubilados un haber mínimo y las administradoras privadas ofrecían el mínimo más intereses, el sistema mixto en los hechos se transformó en un sistema jubilatorio privado a cargo de emprendimientos satélites de la banca nacional e internacional.

Los trabajadores debían elegir el sistema al que decidían aportar. Si lo hacían por el privado el Estado debía cederle a las AFJP los aportes realizados por los laburantes hasta el momento de optar por el sistema de capitalización de haberes jubilatorios.

-V-

Así el Estado Nacional  le cedió a las administradoras privadas de jubilaciones y pensiones gran parte de los fondos del sistema previsional.

Las AFJP depositaban mes a mes los fondos de los trabajadores en distintas empresas que pertenecían a los mismos grupos económicos dueños a su vez de las administradoras de fondos jubilatorios. Es decir que todo quedaba en las mismas manos. Nunca hubo inversión. Los Bancos  por una ventanilla recibían los aportes de los trabajadores. Por otra ventanilla los tomaban como inversión. La ventanilla que recibía los aportes se quedaba con una parte en concepto de porcentaje por gastos de administración. La ventanilla que los tomaba como inversión recibía el restante del aporte. Y en su gran mayoría lo fugaba del país. A la hora de justificar la evasión, las empresas que debían hacer crecer el aporte jubilatoria sostenían que el período había sido desfavorable. “La inversión había dado pérdidas”. En casos el porcentaje por gastos de administración era superior al de los intereses devengados de la inversión de los aportes jubilatorios.

Cuando las AFJP entran al negocio previsional, en su gran mayoría quienes optaban por el sistema de capitalización privada eran personas que o recién ingresaban al mercado laboral o todavía tenían una cantidad de años hasta llegar a la edad jubilatoria. Es decir que las AFJP tuvieron muchos años de recaudación sin pagar jubilación alguna.

A los jubilados de 1993 y los años posteriores les daba igual estar en el sistema estatal o el privado de pago de jubilaciones ya que si optaban por el público cobraban el haber mínimo y si optaban por el privado también ya que la cercanía con el momento de jubilación no les permitía en los hechos ninguna capitalización efectiva ya que las AFJP tomaban sus aportes sin tiempo de invertirlos de ningún modo.

Con esa coyuntura a su favor las AFJP fabricaron una ingeniería financiera que les significó todo ganancia.

Las AFJP pudieron fugar capitales, por medio de las empresas en las que se suponía que invertían, por falta de controles estatales.

-VI-

En 2008, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reestatiza el sistema previsional argentino. Recupera, junto con los aportes jubilatorios de los trabajadores, las inversiones a ese momento de las AFJP en las empresas de sus grupos. Y agrega el control estatal, que estaba ausente desde 1993.

Desde entonces crecieron los haberes jubilatorios, crecieron los aportes y el Estado realizó nuevas inversiones a través del ANSES que permitieron recapitalizar el sistema previsional.

-VII-

Las empresas de capitalización y créditos en manos del Estado tienen como función agrandar el monetario en poder de los países. Con ese capital en su poder, el Estado acumula reservas, paga jubilaciones, subsidios, obra pública, paga deuda, etc.

Las empresas de inversión en manos del Estado cobran un porcentaje en concepto de administración o un seguro de cobro. La idea central es la capitalización del Estado. No el pago permanente con fondos propios de un gasto de privados.

-VIII- 
Cuatro de los presidentes de las empresas del Grupo Banco Nación declararon ante la AFIP que realizan "SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZADOS POR INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O FISCALIZACIÓN EN SOCIEDADES ANÓNIMAS": Juan Horacio Sarquis, Mariano Javier Ruiz, Alejandro Diego Nigro y Pablo Gustavo Santangelo.

Otros dos declaron que realizan servicios N.C.P. Es decir, un servicio "no clasificado precedentemente". Más claro, no figura en la lista y no lo puedo especificar. Ellos son: Juan Alejandro Bonina y Marcelo Pedro Blanco.

Sarquis es presidente de Nación Seguros y Nación Seguros de Retiro. Trabajo en el banco Galicia, uno de los cuatro bancos en los que en 2005 se concentraban los plazos fijos con CER ubicados como inversión por las AFJP.

Ruiz es presidente de Nación Reaseguros.

Alejandro Diego Nigro es presidente de Nación Servicios. Comenzó su carrera en el Citibank, luego fue gerente general del HSBC y después se dedicó al asesoramiento de banca de inversión. En marzo de 2015, el diario de The Wall Street Journal publicó una información según la cual, el Bank of America, el Citibank y las filiales estadounidenses del HSBC y del Deutsche Bank proporcionaron servicios financieros en nombre de la Banca Privada d’Andorra (BPA), acusada por el Departamento del Tesoro de estar involucrada en una trama de “lavado de dinero internacional”.

Precisamente,  Marcelo Pedro Blanco el presidente de Nación Fideicomisos trabajó para el Deutsche Bank como Chief Executive Officer.

Rómulo Zemborain es presidente de Nación Factoring. También es golfista. Fue presidente de la AAG (la Asociación Argentina de Golf). De sus conversaciones con integrantes de la Armada surge en 2001 el campo público de golf Villa Adelina. Por entonces la Marina puso los terrenos y la asociación presidida por Zemborain los administró.
  
Juan Alejandro Bonina es presidente de Nación Leasing. Pablo Gustavo Santangelo es presidente de Nación Bursátil. 

Gustavo José Stafforini es presidente de Fondos Pellegrini. En 2001 participó del equipo económico de Domingo Felipe Cavallo. A fin de ese año el gobierno de Fernando de la Rua, del que Cavallo formaba parte terminó con más de 30 homicidios en las calles de Argentina. En 1999, Stafforini fue
subinterventor económico y financiero del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

Si los encargados de asesorar a las empresas sobre las inversiones son los mismos que se ocupan de otorgarles los créditos y los seguros para que las realicen estamos en problemas.

Vienen por nuevos vaciamientos.

PD: Juan Carlos Fábrega, que al comienzo de este posteo aparecía en las noticias como coordinador de las empresas del Grupo Banco Nación, finalmente será asesor de Carlos Melconian, el presidente del Banco Nación.