Diez civiles y siete policías

Por Rodolfo González Arzac*

El próximo lunes empieza el juicio oral por el asesinato de Mariano Ferreyra. Es un caso emblemático. Un crimen político. Un juicio que pondrá en el banquillo de los acusados a diez civiles y siete policías. Una causa que volverá a poner sobre el tapete, como lo hizo durante la etapa de instrucción, temas de relieve como la democracia sindical, la extendida tercerización de los trabajadores y los negocios de algunos jerarcas sindicales. Carolina Varsky, directora del área de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Alberto Bovino, penalista de larga y reconocida trayectoria; y Maximiliano Medina, abogado del equipo de Violencia Institucional del CELS; representarán a la familia de Mariano Ferreyra. Y buscarán que, concluido el pleito, el tribunal dicte 17 condenas, 17 cadenas perpetuas.

– ¿Podrían enumerar a los acusados y sus responsabilidades?

Medina: –José Pedraza y Juan Carlos Fernández están acusados de instigar el homicidio, de ser los autores intelectuales. Pablo Díaz fue el coordinador de la Unión Ferroviaria (UF) en el lugar de los hechos y máximo referente del gremio ahí. Gustavo Alcorcel, otro delegado de la UF que colaboraba con Díaz y fue el encargado de hacer llegar a Favale, el hombre que disparó. Gabriel Sánchez es otro de los que disparó. Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez se encargaron de ocultar las armas ni bien terminaron los disparos. Y de la UF también tenemos a Salvador Pipito y a González que son los dos que evitaron la filmación del equipo de C5N.

Bovino: –Eso muestra el plan. La división de roles. Y que no fue un acto de locura. Estaba todo muy organizado. Cada uno tenía un papel.

–Y después están los siete policías…

Bovino: –Sí, porque más que zona liberada fue un cordón de protección para los ferroviarios. La zona liberada es que la policía desaparece. En cambio, acá fue como un cordón de protección para permitir que esto suceda. Con lo cual es más grave. Y ni siquiera pueden invocar que no sabían lo que estaba pasando.

Varsky: –Hay dos de ellos que están en la sala de situación mirando la televisión y viendo lo que estaba pasando.

Bovino: –Y en el momento en que empiezan los disparos, los policías dejan de usar el sistema de comunicación donde todo queda grabado y pasan a un equipo que no conserva las grabaciones. Además, en un momento los ferroviarios se guarecen detrás de un patrullero.

Varsky: –Y hay siete minutos importantes, que son cuando ocurren los hechos, que no filman. El policía acusado alega que se le trabó la máquina, que estaba lejos…

Medina: –Además, es muy llamativo que tres móviles que estaban separando a los dos grupos se abrieron. Y después de producidos los disparos, los ferroviarios se fugan por donde estaba la policía. Porque algunos se habían desplazado a Constitución, pero todavía había gente. Y sólo actúan cuando los tercerizados van sobre los ferroviarios después de producida la agresión. Como un cerco protector. Sin el accionar de la policía el homicidio de Mariano no se hubiese producido.

– ¿Cuáles son los elementos que prueban que Pedraza fue el autor intelectual del homicidio?

Medina: –Hay una conexión por intermedio de cruces telefónicos que dan cuenta que Juan Carlos Fernández, que es el número dos del gremio, mano derecha de Pedraza, hablaba desde la Unión Ferroviaria continuamente con Pablo Díaz que era el coordinador y máximo responsable de la Unión Ferroviaria en el lugar de los hechos. También pudimos determinar que Pedraza, durante todo el día, tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo ahí.

Bovino: –Y no es que Fernández estaba en una punta y Pedraza en la otra, sino que consultaba permanente con Pedraza. Pedraza estaba enterado y opinaba sobre lo que había que hacer.

Bovino: –Los llamados coinciden: cada vez que se comunicaban se definía un curso de acción. Todo el cuadro probatorio concuerda en la misma dirección. Además está el tema de los tercerizados. En una audiencia, tanto el fiscal como la abogada María del Carmen Verdú dejaron claro con datos cuál era el movimiento patrimonial, qué era lo que se perdía y dejaba de ganar con todo el movimiento de los tercerizados.

Medina: –Por otra parte, está probado que había conocimiento previo de todo esto por parte de la cúpula de la Unión Ferroviaria. Y que Díaz articuló la covocatoria y seleccionó específicamente a quienes iban a cumplir cada uno de los roles.

– ¿Ustedes sostienen que se trató de un crimen político?

Medina: –Durante la investigación, se trabajaron distintas hipótesis para verificar cuál fue la verdadera finalidad de todo esto, la motivación del crimen: por eso decimos que fue un crimen político. Tuvo como motivación seguir controlando el ingreso de los trabajadores afiliados a la Unión Ferroviaria. Pedraza no podía permitir ningún foco opositor y había una masa de trabajadores tercerizados que si ingresaban al gremio, ellos sabían que eran obreros contrarios a sus intereses. Por otro lado, está el negocio que significaba para Pedraza la tercerización. Hay una cooperativa, concretamente, donde está la esposa y otros integrantes de la primera línea de la Unión Ferroviaria. Ahí hay una masa de dinero que ellos manejan. El foco de conflicto con los tercerizados generó la posibilidad de que ingrese una masa de trabajadores relativamente importante a la Unión Ferroviaria y que ponía en riesgo la hegemonía política de Pedraza.

Bovino: –No es que quisieron matar concretamente a Mariano Ferreyra. Pero querían dar un mensaje, un mensaje no individualizado. Un mensaje para el grupo: "A todos ustedes que son de este grupo, cállense la boca porque les va a pasar lo mismo." Por otro lado, acerca del negocio que implicaba la tercerización, no olvidemos que el domicilio de Pedraza es en Puerto Madero.

– ¿De qué forma intentaron defenderse los ferroviarios ante la Justicia?

Medina: –La defensa de todos los imputados primero fue: "Nosotros nos congregamos para evitar el corte de vías porque si los tercerizados cortan las vías los pasajeros se las agarran con nosotros." Y en realidad, el corte de vías se había evitado una hora antes. Los tercerizados estaban a tres cuadras del lugar. Y se estaban desconcentrando. No sé si insistirán. Luego intentaron con el tema de que la bala que mató a Mariano Ferreyra rebotó en el piso. Intentaron cambiar la calificación legal, decir que hubo una riña y agresiones mutuas. Por ahora son todas defensas que no resisten mucho ningún análisis.

– ¿Cómo creen que está trabajada la causa que llegó a juicio oral? ¿Consiguió sobreponerse al perito que intentó estropear una prueba y al intento de soborno para que dirigentes ferroviarios intentaran conseguir la excarcelación?

Bovino: –En primer lugar, nosotros vimos una voluntad muy fuerte y enérgica en avanzar rápida y correctamente en la investigación sin cometer nulidades. En la mayoría de estas causas, uno trabaja un montón de años y después hay un montón de nulidades que hacen que se caiga todo. Se trabajó muy bien. El fiscal que reemplazó a Cristina Camaño trabajó de primera y Cristina también. Y la jueza trabajó muy bien. Y el tribunal del juicio estuvo muy bien en unir los dos juicios: el asesinato y las responsabilidades policiales. Porque si uno los separa cuenta una historia diferente a lo sucedido ese día. Es un solo caso.

Medina: –La justicia trabajó bien. Llegamos a juicio oral con un caso muy sólido.

–Ustedes tienen claro que esto fue un crimen político y saben que para condenar a los responsables de un crimen político no se puede descansar hasta que llegue la sentencia. ¿Les preocupa el poderío que ya desplegó Pedraza y el que puedan desplegar los policías? ¿Cómo se preparan?

Bovino: –A mí no me preocupa. Quizás todo esto implique más trabajo, pero no le tengo miedo. Lo que sí es cierto es que un juicio con 17 defensas es complejo. Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. Nos preparamos mucho. Hay responsabilidad por ser abogado de la familia y también por representar al CELS.

Medina: –Es un desafío enorme. Es un caso emblemático que permite poner en discusión un montón de cuestiones. Y tenemos, sobre todo, el compromiso con la familia de Mariano Ferreyra. Lo tomamos también como una militancia personal. «

Un perito cuestionado

El desarrollo de la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra deparó presiones, amenazas y situaciones llamativas que generaron dos juicios paralelos: uno por intento de soborno a jueces (ver aparte) y otro porque un perito golpeó y modificó un elemento de prueba clave: el proyectil que mató a Mariano Ferreyra. "Roberto Rocles está procesado por el delito de adulteración de un elemento de prueba. Las dos causas, tanto la del perito balístico Roberto Rocles como la de sobornos, lo que explican es el intento continuo de entorpecer el desenvolvimiento normal del proceso", señala el abogado del Cels, y de la familia de Ferreyra, Maximiliano Medina.

Rocles hizo todo con descaro: frente a otros peritos, mientras se desarrollaba un segundo estudio al proyectil. "Se pudo resolver porque siguieron trabajando los mismos peritos que habían estudiado el proyectil con antelación. Por vías alternativas se logró llegar a una conclusión pericial. Pero la intención era entorpecer todo", añade Medina. El peritaje, pedido por la defensa de los imputados, intentaba demostrar que la bala había rebotado antes de matar al militante del Partido Obrero. Los estudios muestran que, haya o no rebotado, los homicidas tiraron a matar.

Una causa anexa por intento de soborno

La causa del intento de soborno a jueces para que los dirigentes de la Unión Ferroviaria pudieran obtener una excarcelación se inició cuando la jueza que investigó el crimen de Ferreyra, Wilma López, detectó una escucha telefónica donde se aludía a un presunto ofrecimiento de 50 mil dólares a los jueces para lograr que la causa fuera adjudicada a la sala III de Casación por sorteo.

Pedraza será indagado próximamente. También tendrán que declarar como sospechosos el ex juez federal subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, el contador del gremio ángel Stafforini y el empleado de Casación Luis Ameghino Escobar (h). Ya pasó por el juzgado Juan José Riquelme, quien actuaba como intermediario. El agente de la Secretaría de Inteligencia hacía los arreglos con Aráoz de Lamadrid, quien defendía a uno de los imputados, Guillermo Uño. Aráoz, además, es un viejo conocido del juez Eduardo Riggi, quien habló telefónicamente con Riquelme. Los diálogos muestran que Riquelme decía haber tratado con otro ex camarista, Gustavo Mitchell.

* Publicado en Tiempo Argentino el 3/08/2012