Civiles y militares

-Abril de 1985-

"Los diarios del 30 de Mayo publicaron ese juicio de Arguindegui, junto con las opiniones vertidas por el jefe del Regimiento de Infantería Aerotransportada 17 de Catamarca, coronel Adolfo Patricio Etcheum. El oficial honró a quienes combatieron en los montes tucumanos al enemigo marxista y ateo que pretendió cambiar la bandera azul y blanca por un trapo rojo y anunció que el Ejército estaba alistado para detener cualquier agresión interna y externa.
 
A medida que transcurrían los meses sin que el Consejo Supremo avanzara en las investigaciones ordenadas por el decreto presidencial 158 la credibilidad del gobierno mermaba. Borrás llegó a gestionar ante un amigo, estrechamente vinculado con la UCR, quien había cumplido importantes funciones políticas en los regímenes de Lanusse y Videla, una solicitud para que el ex dictador se alejara un tiempo del país. El emisario se negó a portar ese mensaje.
 
A fines de junio se produjeron en Córdoba dos episodios que desencadenaron la primera crisis castrense desde la instauración del nuevo gobierno. El 25 de junio un grupo de oficiales respaldados por el Comandante del Cuerpo III, general Pedro Pablo Mansilla, se amotinaron para pedirle al juez federal Julio Miguel Rodriguez Villafañe que se dejara de importunar a sus camaradas en actividad, los capitanes Gustavo Adolfo Alsina y Enrique Mones Ruiz, contra quienes había dictado la prisión preventiva por homicidios alevosos. Rodriguez Villafañe no fue insensible a la rogatoria. Se declaró incompetente y remitió el expediente al Consejo Supremo, que dispuso la libertad de Mones Ruiz y Alsina como ya había hecho antes con Bignone.

En agosto el Consejo puso también en su lugar a otro juez federal de Córdoba, Gustavo Becerra Ferrer, quien había ordenado el procesamiento y la detención del mayor Ernesto Guillermo Barreiro, de los capitanes (R) Héctor Pedro Vergez y Jorge Ezequiel Acosta, del agente civil de inteligencia José Arnoldo Chuby López y del suboficial Luis Manzanelli, por los tormentos y el homicidio contra la detenida María Luz Mujica de Ruartes, un caso investigado por la pertinaz y diminuta abogada del Servicio de Paz y Justicia María Elba Martínez. El ministro Borrás viajó a Córdoba y conversó con el juez. Becerra Ferrer se declaró incompetente, y el Consejo Supremo les restituyó la libertad ambulatoria. Volvería a actuar así cada vez que fuera necesario.

Mones Ruiz y Alsina nunca llegaron a estar detenidos, Barreiro sí, el procedimiento nunca trascendió, consistió en capturarlo mientras dormía en su destino del Cuerpo 5. Participó de la sorpresiva operación el secretario de defensa Horacio Jaunarena. Su nombre volvería a las primeras planas casi tres años después".

-Febrero de 1987-

"La misma tarde en que los marinos recibían trato de ciudadanos por la Justicia y mientras Rios Ereñú conferenciaba con los mandos en el Estado Mayor, 70 oficiales en actividad manifestaron bajo un chaparrón de verano en la esquina del barrio militar de Baez y Matienzo en solidaridad con el capitán Enrique Mones Ruiz, citado por la Cámara Federal de Córdoba. Algunos vestían su uniforme. Se quejaron de la conducción militar durante la dictadura y de la actual, de los bajos salarios y del golpismo.
 
El laberinto jurídico creado por la Cámara de Córdoba al entender por separado en dos causas en las que se trataban los mismos casos y se perseguía a los mismos procesados, mostró una nueva bifurcación, cuando el defensor del capitán Gustavo Adolfo Alsina presentó un pedido de inhibitoria, en la causa Conadep-La Perla, por entender que la competencia correspondía al Consejo Supremo, que ya la había reclamado. La indagatoria fue suspendida, igual que la de Mones Ruiz, en un galimatías jurídico que poco después fue refutado por la Corte Suprema.

Pero antes de ello Alsina y Mones Ruiz habían ocupado la atención de Rios Ereñú y del ministro de Defensa Horacio Jaunarena durante más de una semana. Alsina estaba procesado por los tormentos seguidos de muerte del médico José René Mokarzel, estaqueado en el patio del penal con cinco grados bajo cero el 14 de julio de 1976, en castigo por haber recibido un paquete de sal de otro recluso. Según la denuncia de testigos, durante doce horas fue golpeado y se le arrojaron baldes de agua sobre el cuerpo desnudo.

Mones Ruiz debía responder por el homicidio de Raúl Augusto Bauduco, el 5 de julio de 1976, representativo del modo arbitrario y discrecional en que se disponía de la vida de un ser humano. Durante una requisa Bauduco fue golpeado con bastones de goma y obligado a permanecer con los brazos contra la pared. Al cabo de dos horas no pudo sostener la posición.

- Levantalos o te mato, le gritó el cabo Miguel Ángel Pérez.
- No puedo señor, respondió Bauduco.
 
Pérez solicitó autorización. Mones Ruiz la concedió. El suboficial disparó a quemarropa a la cabeza del preso. 'Quiso arrebatarle el arma' informó luego Mones Ruiz.
 
Dada la gravedad de los hechos la inquietud de Mones Ruiz y Alsina era comprensible. La prensa, que se hizo eco de ella, no ofreció todos los detalles de la situación.
 
Todos los diarios de Buenos Aires reprodujeron fragmentos de la declaración entregada en la agencia Diarios y Noticias por oficiales del Ejército en apoyo de sus camaradas Alsina y Mones Ruiz, a los que 'se pretende sacrificar a una justicia mal entendida'. Añadieron que estaban decididos a defenderlos 'hasta la entrega de nuestra propia vida'.

Lo más interesante de la proclama es que su ataque no se dirigía primordialmente al poder político, en cuya consolidación decían estar interesados, sino contra Ríos Ereñú y los altos mandos del Ejército. 'La actual cúpula militar formaba parte de las Fuerzas Armadas durante la guerra contra la subversión, ocupando puestos de significativa trascendencia', afirmaron. 'La legalidad que en ese momento no exigieron a las sucesivas juntas militares pretenden ahora imponérsela a subalternos que se limitaron expresamente a cumplir órdenes sin rehuir jamás el combate frente al enemigo de la Nación'.
 
Los solidarios con Alsina y Mones Ruiz que vestidos de uniforme llevaron la proclama a la agencia  Diario y Noticias fueron los propios Alsina y Mones Ruiz. El tercer hombre que los acompañó en la arriesgada misión no fue el suboficial Pérez, sin el mayor Ernesto Guillermo Barreiro, que tenía en el tema un interés tan ostensible como ellos: estaba procesado desde hacía dos años por decisión del juez federal Gustavo Becerra Ferrer por delitos atroces cometidos contra presos de La Perla, y como pronto se vería dispuesto a todo para no tener que explicar su comportamiento como jefe de interrogadores del Destacamento de Inteligencia 141 entre 1976 y 1979".

-Abril de 1987-

"Cuando subió al avión que lo condujo de regreso al Vaticano, terminó una tregua de una semana. Ya había cuatro oficiales del Ejército en actividad con prisión preventiva rigurosa, decretada por la Cámaras Federales de Capital, Mendoza y Córdoba, cuando el miércoles 15 la última de ellas citó a prestar declaración indagatoria al mayor Barreiro.

El ex jefe de interrogadores del campo de concentración del Cuerpo del Ejército III se refugió en el Regimiento de Infantería Aerotransportada 14 y anunció que no concurriría. El jefe del Regimienot, teniente coronel Luis Polo se negó a detenerlo. El Comandante del Cuerpo, general Antonio Fichera, dió la orden de apresarlo a otras unidades de la guarnición y aunque nadie contestó que la desobedecería, nadie tampoco la cumplió. Fichera comunicó entonces que el Cuerpo acataba a las autoridades y los mandos del Ejército, salvo si se les encomendaba atacar el RI 14, para no fracturar la cohesión de la fuerza.

Así comenzó la rebelión de Semana Santa. En Buenos Aires, la Escuela de Infantería había sido tomada por el teniente coronel Aldo Rico, un comando que llegó hasta allí luego de abandonar su destino en el Regimiento de Infantería 18 de Misiones, en la frontera con Brasil. Jefe de la Compañía de Comandos 602 que combatió en Malvinas, donde fue condecorado, varias veces sancionado durante su carrera por actos de indisciplina, trato irrespetuoso con los superiores y dificultades de integración, Rico demandó desde allí la remoción de Ríos Ereñú y lo que llamó una solución política para los oficiales de la guerra sucia. Dos semanas antes  Rico  había discutido con Barreiro en un pizzería del Barrio Norte los pormenores de la sublevación".


(En "Civiles y Militares, memoria secreta de la transición", Horacio Verbitsky, Editorial Contrapunto, 1987, págs 90/344/345/360.)