domingo, 21 de septiembre de 2014

Ébola, contagio planificado y miedo planetario

(Publicado en el diario La Nación el 4/8/2014)

Reuters presenta a comienzos de agosto pasado lo que para esa agencia de noticias es la historia del paciente cero de ébola, en Liberia: 

Una mujer concurre al mercado en Guinea y días después fallece de  fiebre hemorrágica. Su hermana la cuida. Y a los pocos días descubre que tiene los mismos síntomas y temiendo tener el virus del ébola y seguir igual suerte decide buscar a su marido, un migrante interno contratado en el otro extremo de Libia en las plantaciones de caucho de la empresa Firestone. Así es como se toma un taxi comunitario hasta Monrovia y expone al contagio a otras cinco personas que contrajeron el virus y más tarde murieron. En Monrovia, la mujer se pasa a la moto de un joven que se ofreció a llevarla hasta la plantación. Desde entonces, las autoridades sanitarias de Liberia han buscado desesperadamente al joven para conocer su estado de salud.

El relato oficial del paciente cero del actual brote de Ébola en África es un relato anónimo. No cuenta el nombre de la mujer que se contagia originalmente. Ni el de su hermana ni su pareja. Ni el de los pasajeros del taxi comunitario. Ni el de la persona que se ofreció a llevarla en moto hasta la plantación de Firestone.

Así Reuters instala la idea de la necesidad de vigilar personas: Hay que vigilar todo el tiempo para poder descubrir precozmente el surgimiento de nuevos casos. Y, como durante gran parte de su desarrollo el Ébola avanza asintomático, pues es necesario vigilar todo. La condición de enfermedad asintomática es la coartada perfecta para sostener la pretendida necesidad de vigilancia y control social de la población en riesgo de contagio (en África y en el resto del planeta).

¿Cómo seguir los pasos de un virus asintomático? Siguiendo a todos. Cualquiera puede ser el próximo contagio. 

Houston estamos en problemas.

martes, 16 de septiembre de 2014

La caja de Pandora de la xenofobia



Por Nilda Garré (*) (**)

Un debate desordenado y confuso en torno de la potencial expulsión de personas calificadas de delincuentes extranjeros antes de recibir condena firme se ha instalado en la opinión pública de manera inverosímil.

El solo debate en torno de la posibilidad de regresar a los tiempos de la Ley de Residencia de 1902, que permitía al gobierno expulsar a inmigrantes sin juicio previo, amerita que el campo nacional y popular se tome el desafío muy seriamente. Las consecuencias laterales, no deseadas, de haber destapado la caja de Pandora de la xenofobia, despertando un componente de intolerancia que se encontraba latente en la sociedad, no deben ser subestimadas por las fuerzas políticas y sociales del arco progresista.

Sea cual fuera el origen, el debate está instalado, y por mucho que algunos nos sorprendamos, la identificación del “extranjero” como responsable de la “inseguridad” ha prendido en grandes sectores de la población. Es necesario entonces descomponer esta visión en todos sus factores para ponderar exactamente lo que significa.

Por una parte, un sentido común de época que busca culpables y un escenario simplificado por una cultura “líquida” que entiende el mundo en término de antagónicos binarios: bueno o malo. Este reduccionismo de corte liberal invisibiliza las causas históricas del fenómeno del delito y la violencia en las sociedades modernas y en particular en la nuestra.

La Argentina parecía estar lejos de las naciones que generan estereotipos estigmatizantes en torno de sus vecinos. Este tipo de patología social suele surgir con fuerza en sociedades con grandes crisis económicas, tensiones bélicas, brotes de chauvinismo y de nacionalismo.

Por el contrario, la Argentina está embarcada en un proceso incuestionable de integración regional desde hace décadas, particularmente potenciado por el gobierno nacional desde 2003; nuestra economía ha salido indemne de la gran crisis financiera de 2009 y sus coletazos posteriores; Sudamérica es una de las pocas zonas de paz del planeta. Es decir, ninguna de las causas comunes para el establecimiento de chivos expiatorios parecería estar dada.

Sin embargo, para que algunas declaraciones ligeras puedan ser explotadas por la matriz de medios generando repercusiones políticas y adhesiones tan amplias debe haber una causa identificable.

Es legítimo pensar que seguramente tenga que ver con cierto deterioro de valores tradicionales de la democracia, como la solidaridad, la integración, la fraternidad, a partir de la centralidad que ha adquirido el miedo en nuestra vida cotidiana. En particular, la sobrerrepresentación del delito y la violencia en nuestra cultura de masas presente. El sentido común resultante está signado por una épica gris en la que se disputan “víctimas” y “culpables”.

Como fuera, esta plataforma de opinión parece estar ya madura para que algunas frases lanzadas de manera descontracturada, sin medir consecuencias, por alguna figura con gran presencia mediática, sean resignificadas rápidamente por los mecanismos industriales de producción de noticias y terminen anclando en porciones de la opinión pública que quieren creer en causas sencillas y culpables claros.

Esta visión se cultiva fundamentalmente en los sectores que van perdiendo la fe en las instituciones republicanas a medida que la impunidad se vuelve parte de su derrotero diario, en particular en las zonas urbanas sensibles, que son ámbitos urbanos deteriorados (ej. el conurbano bonaerense o el Gran Rosario) donde la policía suele estar ausente o es parte del problema y donde la justicia llega tarde o nunca.

Esa particularidad estructural, generada por la falta de convicción en la conducción política de las fuerzas de seguridad y policiales, se traduce también en un imaginario policial particular.

En ese imaginario, el delincuente extranjero molesta al statu quo, el de la recaudación por las cajas ilegales de la policía de una porción de los dividendos del delito. Por tanto ese delincuente que no ha logrado asociarse a las policías que regulan la actividad en el espacio público es percibido por ellas como la anomalía.

La estadística penal argentina no expresa esa sobrerrepresentación policial del “extranjero” en la matriz delictiva. El sentido común policial, gestado en el saber empírico, el de la calle, termina creyendo sus propias fábulas. Este universo de representaciones, la idea de que el centro del problema de la “inseguridad” es la laxitud de nuestras leyes que permiten a los extranjeros abusar de la hospitalidad nacional, no se corresponde con el diagnóstico desarrollado a partir de un análisis sistemático de las causas múltiples y complejas del delito y la violencia en nuestra sociedad.

Y con un diagnóstico basado en el sentido común del pragmatismo policial, difícilmente se logren resultados concretos en la conjuración del delito y la violencia. Por el contrario, asignaremos responsabilidades a actores equivocados. Por ejemplo, reclamaremos más policías en la calle sin identificar antes sus roles ni corregir sus vicios.

Este universo de ideas piensa la criminalidad como un fenómeno de desviación moral contra un orden recto que es el de la ley y sus agentes. Paradójicamente, en las policías todos conocen que la realidad entre los mundos policial y delictivo es de contornos más ambiguos. Pero su sentido común sigue pensándose desde el alter ego del bien en conflicto con el mal.

Mientras resulta entendible que las culturas corporativas de nuestras policías consideren que sus agentes poseen un saber superior validado por la experiencia directa con lo peor de la humanidad, es inadmisible que las fuerzas políticas de la democracia terminen cediendo a estas lógicas por la presión de la demagogia y de los medios de comunicación.
El riesgo para las libertades públicas, la relativización de las garantías de debido proceso y de la presunción de inocencia es altísimo.

La apelación a un orden de excepcionalidad, es decir a una teología política fundada en la amenaza omnisciente del delito y la violencia, para expulsar a los extranjeros designados a dedo por las policías como culpables llevaría a borrar de un plumazo muchos de los avances institucionales en materia de protección de derechos conquistados en la última década.

Los políticos debemos obrar de manera serena, sin aturdirnos con los clarines mediáticos, ni los humores fluctuantes de las opiniones públicas, en particular en materias tan sensibles que terminan alimentando construcciones de alteridades negativas en torno de categorías nacionales, étnicas o sociales.


* Embajadora argentina ante la OEA. Ex ministra de Seguridad de la Nación.
** Aparecido en Página/12 el 9 de septiembre de 2014 como “Suenan alarmas de xenofobia” .

sábado, 13 de septiembre de 2014

Varones violentos


Por Luciana Peker *



Un cambio de sala de último momento para el estreno del documental Borrando a papá fue la oportunidad para que los responsables y protagonistas del film que intenta demostrar que la violencia de género es un negocio para estudios jurídicos y profesionales de la psicología y que los padres son separados masivamente de sus hijos o hijas después de divorcios conflictivos porque las madres les “lavan el cerebro” se exhiban en decenas de medios como víctimas de una censura que, llamativamente, no aplicaría el Estado sino diversas ONG feministas o de protección de niños, niñas y adolescentes. Su discurso encontró eco en quienes lamentan los avances en la equidad de género como una pérdida de privilegios.




A la niña la arrinconaron contra la pared. Le dijeron que era un juego. La ensuciaron en un baño sin esponjas. Le hicieron cerrar los ojos aunque no pudiera cerrar todos los poros. Tampoco su cuerpo podía cerrarse más fuerte aunque ella frunciera la nariz y se clavara las uñas hasta dejarse huellas. Sus piernas fracasaron en el intento de mantenerse rígidas. A la niña le dijeron que no dijera nada, que era un secreto, que no le iban a creer y que si su mamá le creía las iban a separar. Pero el siglo XXI trajo, entre sus conquistas, el valor de la palabra de las niñas y niños. Y ella se animó a contar ese dolor escondido entre las sábanas por las que se le escapaba el pis y todos sus miedos. El secreto se hizo palabra. Y la palabra prueba. No hay ADN de unas tardes que pasaron mucho antes de poder hablar. No hay testigos que hayan visto lo que pasaba entre los azulejos amurados. Hay palabra. ¿Pero qué pasa con las palabras de la niña si ella se lo cuenta a su madre y la sospecha es que la madre denuncia para hacerle daño al padre? ¿Qué pasa con la palabra de la niña si se instala el discurso de que el abuso es sólo una fantasía en la que la niña cree porque su madre, despechada, supo cómo manipularla? ¿Qué pasa con la palabra de la niña si se impugna públicamente a las y los profesionales que la escucharon, vieron sus dibujos, observaron sus síntomas porque, como se argumenta desde un machismo recalcitrante pero renovado, “las feminazis ganaron terreno y la Justicia discrimina a los hombres por ser hombres”? ¿Qué pasa con la niña? ¿Qué se les dice a las niñas a las que se las anima a hablar para defender el derecho sobre su cuerpo y después se las acusa de no decir la verdad sobre su cuerpo invadido?


El documental Borrando a papá respalda la idea de que la palabra de las niñas y niños que se ven obligados a hablar en ámbitos judiciales porque fueron agredidos de distintas maneras por sus progenitores está manipulada por sus madres, que hay un fenómeno masivo de padres separados de sus hijos e hijas injustamente, que hay un negocio con las falsas denuncias sobre violencia de género y abuso sexual, que el Síndrome de Alienación Parental (SAP) u otras formas de llamar a un supuesto “lavado de cerebro” de una madre sobre sus hijos para que digan en cámara Gesell y frente a peritos una mentira inventada existe a pesar de no estar respaldado científicamente, que la formación en la Argentina sobre abuso sexual y violencia de género está generada exclusivamente por el psicólogo Jorge Corsi (condenado por promoción a la corrupción de menor de edad) y que, por lo tanto, no hay profesionales aptos para trabajar contra las agresiones sexuales. Y alegan que no pueden exhibir el film porque los censuran.


Sin embargo, el documental de Ginger Gentile y Sandra Fernández Ferreira –la primera es esposa del productor, Gabriel Balanovsky, procesado por secuestrar a su hija durante un año (ver aparte)– tuvo una sala en el Arteplex de Constitución que fue rechazada por los responsables del film, dato que en su mediatizada denuncia se omite deliberadamente; como también se omite que las denuncias de algunas reconocidas ONG que trabajan por los derechos de niños y niñas no tienen poder de censura.


Más allá de esta controversia, lo que quedó de manifiesto en los cientos de entrevistas que se realizaron a los protagonistas y realizadoras de Borrando a papá, en los comentarios después de cada nota de denuncia, en la empatía de algunos entrevistadores, fue el ansia por hacer lugar a cierta queja machista, por poner en escena un modelo de macho víctima de la pérdida de ciertos privilegios frente al avance de la equidad de género. Aun cuando denuncien censura, tomaron la palabra “buenos muchachos” que hacen sniff frente a las cámaras porque fueron separados de sus hijos o hijas y acusan en sus blogs y sitios en redes sociales que las mujeres no luchan por la igualdad de género porque quieren todos los derechos para ellas. Lágrimas de cocodrilo. Ese animal que parece llorar para atraer o comerse a sus víctimas y que puede permanecer quieto durante un largo tiempo hasta dar un zarpazo lapidario.


La verdad en cifras

La página de Facebook del neopaternalismo, con el trailer de la película y la alegoría de varones que cuentan sus penurias desgarradas, tiene 17.459 seguidores. Desde allí, entre otras cosas, alegan: “En Borrando a papá denunciamos ‘el negocio de las falsas denuncias’ en divorcios conflictivos (que saca recursos para las verdaderas víctimas). Ahora tenemos pruebas: violencia familiar en Córdoba, cifras oficiales. Son 37.673 denuncias en 2013, 5807 falsas y más de 25 mil no comprobadas”, aseguran.


“Es una falacia total”, replica Alejandra Morcillo, directora de Violencia Familiar del Ministerio de Desarrollo Social de Córdoba. Y critica: “No se puede hablar de falsedad de pruebas. Nosotros asistimos integralmente a 10.000 víctimas por año y siempre han sido reales los hechos denunciados”. Según los últimos datos estadísticos oficiales del Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez, del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, del 2012, hubo 26.456 denuncias en la provincia. Se admitió el 91 por ciento de las acusaciones y el 9 por ciento no. O sea, tranquilos, si una denuncia no es consistente no se sigue. Pero no es cierta la invasión de mujeres maquilladas por la moda del golpe fácil.


A contramano de la idea de la industria de la violencia de género, en seis años el organismo destinado por el máximo tribunal argentino a medir la violencia familiar no constató ni una sola causa que condene a una mujer por designarle el papel de abusado/a a su hijo o hija en un guión de ficción con exhibición en la Justicia. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación monitoreó que, en las más de 59.000 denuncias que recibieron desde el 2008, no se registró ni una sola sentencia por falsa denuncia. En muchos casos, la Justicia considera que no hay pruebas suficientes para llevar a prisión a un hombre acusado de abuso sexual o para sustanciar fehacientemente la violencia. Pero nunca, en 59.000 causas, se comprobó que un expediente estuviera armado a propósito para descalificar a un hombre.


Un estudio realizado por Virginia Berlinerblau, sobre una muestra de 315 casos de niños de entre 2 y 18 años ingresados al Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional arroja sólo un 3,8 por ciento de denuncias que podrían ser falsas. ¿Hay que dejar de darle vía al 96 por ciento de las denuncias porque, a lo mejor, un 4 por ciento de los abusos no son reales? S.O.S.: los niños podrían dejar de estar primero.


En cambio, desde la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de Tucumán se informa que hay un aumento significativo de casos graves. Un 51 por ciento de las denuncias del 2013 fueron calificadas de alto y altísimo riesgo y, en lo que va del año, ya el 59 por ciento son consideradas alarmantes. En cambio, solo el 0,89 por ciento de los relatos son evaluados como de bajo riesgo. Por lo tanto, si hubiera que desestimar las denuncias –aun cuando puedan ser reales pero no implicar peligrosidad–, el organismo considera que sólo podría hacerse en el 1 por ciento de los casos.


En la Argentina muere una mujer cada 30 horas por violencia de género. ¿La idea es que se frene el avance de las medidas de protección? El año pasado fueron víctimas de femicidio 295 mujeres y, entre ellas, perdieron la vida 14 niñas de 0 a 13 años. En siete casos los padres o padrastros fueron los asesinos, según cifras del Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, de La Casa del Encuentro, recogidas entre el 1º de enero y el 31 de diciembre del 2013.


La violencia de género no es un problema excepcional. Solamente desde el 1º de julio al 30 de agosto del 2014 llegaron 2878 llamados por violencia de género a la línea 144, a cargo de la Subsecretaría de la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del Consejo Nacional de las Mujeres. En 2433 casos la agresión era sistemática (y 435 mujeres la sufrían desde hace una década) y 1858 veces dijeron que la violencia se ejercía con niños, niñas y adolescentes presentes. Eso demuestra por qué, muchas veces, la Justicia ordena la restricción del contacto del progenitor con sus hijos e hijas. “En nuestro país, si un papá injustamente está impedido de ver a su hijx tiene remedios penales y civiles. La ley dispone que el juez fijará un régimen de visitas urgente o hará cumplir el existente”, aclara la abogada Claudia Hasanbegovic.


Pero, una cosa es que un agresor no pueda ver –por treinta, sesenta, ciento veinte o en casos más graves en forma indefinida– a sus hijos para prevenir situaciones de riesgo a través de medidas de protección dispuestas con el objetivo de ponerle un límite a la impunidad que suelen ejercer varones violentos. Y otra, muy distinta, que padres de buena fe y sin restricciones judiciales no puedan ver a sus hijos porque la Justicia no defiende a los padres.


No están desprotegidos

Pero la cobertura mediática y el boom de likes que genera Borrando a papá no parece ser un suspiro de aprobación frente a una puerta de jardín de infantes con un grupo de bonachones Señores Papis, sino el argumento justo para frenar los canales de acceso a denuncias y defensas de mujeres víctimas de violencia y/o madres protectoras de sus hijos e hijas. En inglés existe una palabra justa: backlash. O la hora de retroceder frente a la posibilidad de evitar los abusos sexuales intrafamiliares.


El abuso sexual en las mejores familias es el nombre del libro de la psicóloga Irene Intebi, editado en 1998, que enmarcaba que el cuco no estaba sólo bajo techos de chapa o en callejones sin salida. Periodistas, músicos, médicos, funcionarios, políticos, curas, psicólogos, escritores son también abusadores. Las mejores familias son de clase baja y alta, profesionales o analfabetos. Pero, eso sí, cuando las denuncias recaen sobre quienes tienen más recursos, prestigios y vínculos sociales el boomerang de la respuesta es mucho más fuerte. Los poderosos tienen mucho más para perder y ponen muchos más recursos –económicos, sociales y culturales– para poder ganar.


“En Borrando a papá apelan a estereotipos misóginos que son recibidos por muchas personas porque coinciden con preconceptos patriarcales de nuestra sociedad machista. La película está en el contexto del cabildeo que hacen estos grupos de varones que se consideran víctimas para propulsar cambios legales a su favor, como el de la tenencia compartida obligatoria o la derogación de la ley para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres”, enmarca Hasanbegovic, profesora del curso Manipulaciones Judiciales de los Varones Violentos, en donde asegura que los varones violentos ejercen mucha más disputa por la tenencia de los hijos y cumplen menos con la obligación de alimentos.


No todo lo que reluce es llanto

Un documento del Consejo de la Magistratura, del 25 de noviembre del 2011, respalda la decisión de la jueza María Cecilia García Zubillaga de no dejar salir al país al hijo de Yura Shubin, que dice en el trailer del documental que fue acusado por enseñarle ruso, su idioma natal, a su hijo. Aunque, en verdad, no se lo dejaba llevarlo fuera de la frontera (por temor a que no lo regrese al país), pero sí se le asignaba un régimen de visitas, de alimentos (al que se negaba por alegar estar desocupado) y se constata una denuncia previa de su ex esposa por maltrato.


Creer en el llanto del macho puede esconder otros llantos. “Obligar a alguien a vincularse a la fuerza es generar un daño intencional en la psiquis y en el alma de esa personita vulnerando todos sus derechos. Con la ley de impedimento de contacto en una mano y el mentiroso SAP en la otra llega un patrullero y se lleva a la rastra y con gritos a niños que claramente temen ese momento y explícitamente plantean que no quieren ir. Nunca es sin consecuencias”, delimita Liliana Hendel, psicóloga, periodista y coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina (Ripvg) sobre los efectos de lo que denomina “Borrando a la justicia”.


“Las asociaciones de padres que se dicen injustamente separados de sus hijos encubren a violentos/violadores. Seguramente habrá en esos grupos papás que pasan por situaciones de dificultad y dolor y son objeto de desconsideración judicial. Ellos deberían ser los primeros en diferenciarse. Pero ahora se intenta proponer una plataforma para que parezca que es una controversia entre padres buenos contra madres malas y quienes defendemos a las madres protectoras aparecemos en esta versión como feminazis. En la misma línea de quienes dicen que juegos incestuosos no son delito y que es preferible un padre violento o violador que un no padre.”


Otra idea de la doctrina Borrando a papá es que la defensa de los derechos de las mujeres y la infancia abusada es fruto de la secta Corsi: “Corsi es un pedófilo que ha merecido el rechazo de la sociedad en su conjunto y en especial de quienes se formaron con él. Los estudios acerca de niñez, violencias y derechos son anteriores a Jorge Corsi. No empiezan y por supuesto no terminan en él”, apunta Hendel. “Afortunadamente, nunca leí ningún texto de Corsi y por ende nunca empleé ningún argumento de él para fundar una acusación por abuso sexual infantil”, explica el abogado Juan Pablo Gallego, consultor de Unicef, autor del libro Niñez Maltratada y Violencia de Genero y acusador del cura César Grassi que hoy purga una condena de quince años de prisión.


En el nombre del padre

La mayor bandera libertaria de los papaítos es la censura al documental. Sin embargo, el Incaa explicó que le ofrecieron una sala para el 28 de agosto en el complejo Artecinema de Salta 1620. Pero San Telmo producciones –que todavía no presentó toda la documentación requerida– no aceptó.


La ex diputada Marcela V. Rodríguez, Investigadora del Grupo Justicia y Género del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp), igualmente, contextualiza: “La libertad de prensa de ninguna manera puede prevalecer sobre la violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Del mismo modo que no se puede alegar que existe libertad de prensa en casos de pornografía infantil y exhibiciones obscenas. La expresión no son solamente palabras sino que son actos performativos que causan daño”.


Mientras que la diputada Gladys González (PRO) explica por qué pidió que no se exhibiera en el corazón de las estrategias judiciales, el Colegio Público de Abogados: “El documental es explícito en no reconocer la realidad de la violencia de género cuando dice: ‘la violencia doméstica es una industria multimillonaria...’ Estas mentiras y estadísticas falsas son difundidas en todo Occidente y como resultado los hombres son considerados violentos no por lo que hacen sino porque nacieron varones. Y desacredita el testimonio de los chicos, promoviendo que se los silencie en los procesos judiciales de familia y penales. Su contenido fue repudiando por el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad, así como por el Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, por lo que es inconveniente que una Institución como el Colegio Público de Abogados proyecte un documental que promueve la vulneración de derechos”.


Mujeres con pelotas

“San Telmo producciones presenta su segundo documental sobre discriminación por género, Borrando a papá”, explica la gacetilla de este documental. El primer film de Gabriel Balanovsky fue Mujeres con pelotas, en donde retrata el excelente trabajo de Mónica Santino frente a los grupos de fútbol femenino de Las aliadas, en la Villa 31 y el Centro de la Mujer en Vicente López. Balanovsky no tuvo el tacto o el tiempo (en seis años) de contarle a Mónica –desde 2008, cuando la conoció– que la película iba a formar parte de una saga ideológica en base a su concepto de discriminación de género, en donde los agresores serían colocados como discriminados. Tampoco le confió que estuvo preso durante un año por interceptar a su hija, en noviembre de 2001, en el camino al jardín de infantes y escapar de la Justicia sin dejársela ver a su mamá. La Justicia lo encontró por una orden de captura por sustracción de menores y lesiones, a pesar de que la nena de cinco años no estaba anotada en ningún jardín público o privado. “Las escuchas telefónicas detectaron que los padres de él estuvieron consultando sobre cómo emigrar a Israel”, contó la madre de su hija en una nota en Páginal12 el 24 de agosto de 2002. La Cámara de Casación Penal lo dejó salir de prisión porque consideró que como tenía la patria potestad no era un secuestro.


Pero no le había dicho nada de esto a Mónica Santino para que aceptara girar la pelota frente a su cámara. “Enorme fue la tristeza al enterarnos de que el siguiente trabajo de los directores iba dirigido a ensalzar al SAP. Creemos que Mujeres con pelotas sirvió de colchón para ponerse del lado de la lucha contra la violencia de género. No nos embarren la cancha. Sabemos de qué se trata cuando de violencia de género hablamos.”

* Publicada en el suplemento Las 12 como “Borrando la violencia de género” el 12/9/2014