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martes, 28 de enero de 2014

Detrás de esas paredes


El primer censo carcelario en Argentina es de 1906. Era presidente de la nación Figueroa Alcorta. Los primeros cómputos van a conocerse el 31 de diciembre de ese mismo año. 

Un par de números: había 65 cárceles en todo el país y 8.011 reclusos de los cuales estaban condenados solo 3.206. El resto eran encausados. La mayor cantidad de presos estaban en esa condición por hurto. Eran 1.740. 

Sin embargo había un solo preso por usurpación de bienes. Acababa de terminar la primer presidencia de Julio Roca, que no se cansó de repartir tierras pertenecientes a los pueblos originarios del sur argentino entre los integrantes de la oligarquía nacional. 

Según cuenta Carlos Cúneo en "Las cárceles" (publicado en 1971 por el Centro Editor de América Latina) el ranking de condenados por provincias era el siguiente: Capital Federal, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Mendoza. La Rioja no tenía ningún condenado pese a tener una cárcel pública con capacidad para 10 detenidos.

Agrega Cúneo: "El estudio minucioso de las posibilidades de alojamiento, trajo como consecuencia, según se advirtió, una primera comprobación: el numero de presos  (8.011) superaba las posibilidades de las prisiones habilitadas por aquel entonces (podían alojar solo 7.126 recluidos incluyendo el anexo psiquiatrico y hospital de la Penitenciaria Nacional). Pero algo aún más grave habría de develarse: presos condenados  a penitenciarías cumplían sus condenas en cárceles de encausados, estos en penitenciarias, algunas mujeres se alojaban en cárceles de varones y algunos varones purgaban sus delitos en prisiones de mujeres. Por otra parte, del informe elevado por Ballvé y Desplats se extraía una conclusión bastante pesimista: muchas cárceles de provincia debían ser inutilizadas por no ofrecer las condiciones mínimas de seguridad. Se había concientizado el pandemonium."

Era 1906. Podría ser un informe generoso de cualquiera de los años que siguieron.

jueves, 16 de enero de 2014

La justicia natural(izada)

Es un hecho. Vestida solo con una sábana para salir a la calle a buscar pruebas de delitos complejos, sosteniendo una espada con una mano, una balanza con la otra y con una venda que te tapa los ojos y los oídos es imposible impartir justicia.

Así es como suceden cosas como estas.

-I-

Jorge Ariel Wayar vivía en la villa El Libertador, en las afueras de Córdoba capital.  Fue detenido el 10/5/96. Lo acusaron de haberle robado a dos jóvenes a punta de pistola una moneda de un peso, una campera y un par de zapatillas. Pero al momento de detenerlo solo se le encontró una moneda de la que no se pudo comprobar el origen. 

Sin embargo, la Cámara sexta del Crimen de Córdoba lo condenó a cinco años de prisión. Wayar salió en libertad tras cumplir los 2/3 de la condena. Todo ese tiempo lo pasó encarcelado a 200 kms de su casa, en el penal de San Francisco. En la misma ciudad dónde nacieron Domingo Felipe Cavallo y el Grupo Arcor.

-II-

En octubre de 1982, Alejandro Olmos presentó una denuncia ante los tribunales argentinos pidiendo que se investigara el origen y se determinara los culpables de la deuda externa generada en el país desde 1976.

Cuando la junta militar tomó el poder aquel 24 de marzo, Argentina debía alrededor de seis mil millones de dólares. Cuando Benito Bignone dejó el gobierno en manos de un presidente democráticamente elegido, el país debía cinco veces más.

Sin poder determinar la existencia de culpables, la investigación generada por la denuncia de Olmos fue cerrada en el año 2000. El juezresolvió "SOBRESEER DEFINITIVAMENTE en la presente causa N° 14467(expte 7723/98) en la que no existen procesados (art. 434 inc. 2° del Código de Procedimientos en Materia Penal)".


-III-

Baby Etchecopar es actor y conductor de televisión y radio. Trabaja en C5N y Radio 10 dos espacios históricamente ubicados a la derecha de la sociedad. Desde allí defienden la mano dura, reclaman cuando siente que se les respetan los derechos a los delincuentes, están contra los piquetes y/o cualquier forma de reclamo de parte de los trabajadores que ellos consideren que afectan los derechos de la clase media. Baby Etchecopar vive en San Isidro.

El 12 de marzo de 2012 un grupo de asaltantes entró a su casa con fines de robo. Tomaron de rehén al hijo de Etchecopar y a su novia, a la esposa del conductor y a su hija embarazada y al mismo Etchecopar. Hubo un tiroteo: 37 disparos, 12 de Etchecopar. Un delincuente muerto y otro herido.

La condena fue  de 9 años y 13 años y cuatro meses para los asaltantes. Etchecopar fue sobreseido por el crimen de Alejandro Montilla. El tribunal que impuso las penas fue la sala I del la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro.

-IV-

El sacerdote católico Julio César Grassi tardó casi diez años en llegar a la cárcel por abuso sexual agravado y corrupción de menores. Los niños estaban a su cuidado en la "Fundación Felices los Niños".

El proceso contra Grassi comenzó entre fines de 2002 y comienzos de 2003. La primera condena, a 15 años de prisión, se conoció en junio de 2009. El Fiscal había pedido 30 años de prisión y los abogados de las víctimas entre 20 y 37). En septiembre de 2010 el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Morón confirmó la condena pero dictaminó que Grassi quedaría en libertad hasta que la condena estuviera firme.  

  Julio César Grassi quedó a disposición del Servicio Penitenciario bonaerense recién el 23 de septiembre de 2013.

-V-

Mario Fendrich era era subtesorero del Banco Nación de la ciudad de Santa Fe cuando en el 23 de septiembre de 1994 desaparecieron de la bóveda de la sucursal 3.000.000 de pesos y 187.000 dólares. Fue condenado por peculado a 7 años 2 meses y 15 días de prisión. Fendrich quedó en libertad condicional tras algo más de 7 años de detención en la cárcel de Las Flores (Santa Fe) el 29 de octubre de 1999. El dinero nunca apareció.

En diciembre de 2001, el entonces ministro de economía argentino, Domingo Felipe Cavallo, anunciaba restricciones para la extracción de dinero de cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos. (Cavallo también fue ministro de economía de Carlos Menem durante los '90 y el funcionario económico de la última dictadura argentina que estatizó la deuda privada haciendo cargo a los futuros gobiernos de los pagos de los créditos pedidos y usufructuados por empresarios privados en Argentina entre 1976 y 1983). 

Los banqueros que durante años tomaron en Argentina dinero de sus clientes a  valor similar entre pesos y dólares, en los días previos al corralito desaparecieron de sus tesoros la moneda estadonidense. La paridad dólar peso se rompió y los ahorristas jamás recibieron ni los dólares ni su diferencia equivalente en pesos. No se conoce ningún directivo ni dueño de banco que este preso por aquellos robos.

(Continuará...)

jueves, 9 de enero de 2014

Los gerentes del proyecto de país burgués


Hace años ya, tantos que ya casi nadie recuerda, las familias acomodadas preveían el destino de sus hijos en la sociedad.

La Burguesía tenía un proyecto de país al que sentía como propio, del que se sentía dueña. Y al que expoliaba. Sacaba beneficio de sus campos, sus trenes, sus barcos, su energía, sus fábricas, su moneda... Y para eso usaba a los hijos de las familias acomodadas. Eran la Inteligentzia que lo gerenciaba. 

Esos hijos eran en algunos casos hijos de los dueños del poder real. En otros solo hijos de familias acomodadas beneficiarias de esa sociedad que planificaban los que se quedaban con todo. 

Las opciones eran: militar, abogado, sacerdote y juez. 

Les estaba asignada la conducción de las naciones. Entre los hijos abogados y los militares se ocupaban de las tareas de gobierno. Los hijos sacerdotes imponían al resto los límites que la moral de su  clase pensaba para los demás grupos sociales.

Y los jueces se encargaban de que cada uno ocupase el lugar en la sociedad que las clases dominantes le habían asignado en sus proyectos. Así arbitraban cuando el litigio era entre poderosos. Absolvían a sus pares sociales que solían confundir el significado de la palabra delito y la llamaban negocio. Y condenaban a todo aquel que se interpusiera en los intereses de su proyecto de país.

(Continuará...)

lunes, 6 de enero de 2014

Reparaciones

Por Luciana Peker*

En Corrientes, detuvieron durante 13 años a una mujer que supuestamente había matado a su hijo al nacer, después de un parto asistido por su madre. La sentencia, de junio de 2000, la condenó a cadena perpetua por homicidio agravado por el vínculo. En abril de 2013 se descubrió que el bebé había nacido muerto. Una muestra más del sexismo en la Justicia.

“Se hizo justicia tarde, pero se hizo”, dice ella con un tono optimista que reniega del pasado porque siente que es revolver el dolor con el que convivió más de una década. “Siempre pensé que iba a salir a la luz toda la verdad”, remarca. Y enfatiza que prefiere tragarse las palabras sobre su historia. Sufrió mucho y su familia también. No quiere hablar más –y así lo pide y hace valer su deseo– sobre el sufrimiento. Se enfoca en recuperar el tacto, la mirada, la cercanía convertida en la alegría del abrazo con sus cuatro hijos de 16, 21, 22 y 23 años.

A ella la llamaremos por sus iniciales –MCV– para respetar su identidad y porque quiere iniciar una nueva vida sin la estigmatización que da el paso por prisión. MCV cumplió, el 24 de diciembre, 43 años en una Navidad especial no sólo por redoblarse con un nuevo aniversario, sino porque realmente se trata de un renacimiento. Fue la primera vez que pasó las fiestas con sus hijos y su nieto –de cinco años– después de catorce sin compartir la mesa. “Ahora puedo alzar y abrazar a mi nieto, que es lo que no pude hacer con mis hijos”, festeja, mientras intenta enterrar las huellas de las pérdidas.

Estuvo presa, acusada de matar a su bebé en 1999, en un parto en su casa, sin más ayuda que la de su mamá y otra mujer, cuando tenía 28 años y era madre soltera de otros cuatro hijos que tenían, en ese momento, 3, 5, 7 y 9 años. En ese momento era analfabeta y vivía en una situación de enorme vulnerabilidad, en Mercedes, Corrientes. Su quinto hijo nació muerto. Ella fue al hospital con una fuerte hemorragia, contó sobre el fallecimiento, pero no le indicaron llamar a la policía, le dieron un calmante y la mandaron a su casa. Cuando llegó, vistió al bebé con la ropita que le tenía preparada, lo puso en una cajita de cartón y lo enterró en el gallinero, porque era el único lugar adonde no iban los perros. Un vecino –que había intentado propasarse con ella– la vio en el momento del duelo y la denunció el 18 de agosto de 1999.

La Justicia no le permitió que presentara testigos y otras herramientas de defensa ni le concedió la prisión domiciliaria para que pudiera estar cerca de sus hijos pequeños.

La defensa pidió su absolución y la fiscalía sostuvo que no había elementos para una condena. Sin embargo, el 28 de junio de 2000 la Cámara en lo Criminal de Paso de los Libres la sentenció a cadena perpetua por homicidio agravado por el vínculo, en el Instituto Pelletier, de Corrientes Capital, tan alejada de sus hijos que durante cuatro años no pudieron ir a verla por falta de plata para el transporte. En la cárcel terminó la primaria y la secundaria, pero le negaron el permiso para estudiar criminalística. Recién después de trece años, en el 2013, se reveló por una nueva pericia en base a la autopsia de 1999 –en la que constaban, por ejemplo, fotos del cuerpo– que su hijo no tenía signos de estrangulamiento ni asesinato y que sí había padecido sufrimiento fetal y, probablemente, nació asfixiado por el cordón umbilical.

La Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (Consavig) considera que este caso es paradigmático de la misoginia en la Justicia. “Ella padeció violencia por ser pobre, agravada por ser mujer. El proceso judicial en su contra es una colección de negligencias. No se apeló el procesamiento, ni se insistió en esclarecer los hechos o citar a más testigos. El requerimiento de elevación de la causa a juicio consta de sólo dos carillas, de una gran pobreza argumentativa. La recolección de pruebas fue magra y prácticamente no se realizaron medidas para esclarecer el hecho. El denunciante no vio que MCV matara a su bebé y el tribunal tomó como válida una pericia realizada para determinar las causas de la muerte del bebé que se hallaba incompleta por falta de medios. Todos los actores en este proceso han estado impregnados por prejuicios machistas e impusieron sobre ella toda su autoridad patriarcal condenándola a cuarenta años de prisión”, remarca la abogada Perla Prigoshin, coordinadora nacional de la Consavig.

MCV estuvo desamparada hasta que la abogada Susana Arzuaga –de la secretaría de la Defensoría– pidió que se revisara su sentencia. Por esta medida, el 26 de abril de 2013, el Superior Tribunal de Justicia declaró la nulidad de la sentencia y ordenó su inmediata liberación. A partir de ahí, la acompañaron Caro González, la delegada de la Consavig en Corrientes, y su defensora Nora Maciel, que solicita una reparación integral, no solamente monetaria, sino también que le garantice acceso a una vivienda digna, trabajo y asistencia para que sus hijos (que debieron abandonar la escuela cuando ella quedó detenida) puedan terminar sus estudios y capacitarse. En el mismo sentido se expresaron la Asociación Pensamiento Penal y la Comisión de Derechos Humanos de Corrientes que, en una carta al gobernador Ricardo Colombi, expresa que “MCV no tuvo acceso a la justicia, a ella le fue negada por su condición social y por el tipo de delito investigado, tenía dictada sentencia de antemano”. Maciel enfatiza: “En el proceso no llamaron ni a la enfermera que la atendió en el hospital, ni a las vecinas, ni a la amiga que iba a ser la madrina. Ella nunca ocultó el embarazo. Todavía el gobernador no resolvió su indemnización. Para Navidad se hizo una colecta para que pudiera estar con sus hijos. Esperemos que no haya que hacerla transitar por un proceso que la haga revivir todo lo que pasó”.

Mientras tanto, MCV tiene planes. Va a inscribirse en Derecho. “Siempre quise estudiar y nunca me dieron la oportunidad”, resalta sobre las restricciones que le impusieron en prisión. Aunque, por ahora, su mayor objetivo es poder llevar a Corrientes capital –donde trabaja por la mañana en el Registro Civil, con el sueldo más bajo, y por la tarde como empleada doméstica– a sus hijos, que residen en Mercedes. Allá vivía su mamá, que los crió y recientemente falleció. Su papá también murió, sin que a ella le permitieran salir de la cárcel para despedirse. MCV cuenta con tristeza que su mamá le faltó en Navidad. Pero, con mucha pujanza, se enfoca en salir adelante. “Voy a trabajar día y noche para que estén bien mis hijos, que son lo único que me importa, con mis hermanos y hermanas. Tengo un apoyo increíble. No me puedo quejar de la vida por más que estuve encerrada tanto tiempo. Lo más importante es que mis hijos no sufran y lo voy a lograr, si Dios quiere.”

* Aparecido como "Justicia poco corriente" en el suplemento Las 12 de Página/12 el 3/01/2014.