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sábado, 28 de junio de 2014

Doce años


Esta nota la escribí para un trabajo práctico universitario, 
en 2008, de Edición de Publicaciones Periódicas (FFyL, UBA). 

 Patricia Bermúdez es una voz ficcional, no existe. 

Recurrí a esta estrategia estilística porque disponía 
de una sola página para redactar mi análisis 
y la entrevista, como género, me permitió abordar 
de un modo directo los rasgos más relevantes 
de la cobertura de los crímenes.

Gabriela Presentado
Lic. en Comunicación Social
 Estudiante de Edición


lunes, 18 de marzo de 2013

Deudos

-I-




-II-





Porque por esos sitios uno suele encontrarse con los mapas de lo desconocido como diría el conocedor de lo oscuro, lo tenebroso y lo oculto, Narciso Ibañez Menta.

Por motivos que uno no alcanza a abarcar, en esas circunstancias un sinnúmero de personas le escriben textos breves a personas que ya no leen.

Tal vez como una forma de hacer un duelo, tal vez como una forma de exorcismo, tal vez como una forma de encontrarse para ver quienes quedan y quienes no vinieron.

Y como en todos los velorios uno encuentra gente que fue a chusmear, personas que fueron a figurar, personas que saludan sin conocer, personas que saludan sin conocer y sin que se note. Y conocidos de toda la vida. Personas de confianza. Gente con la que los deudos han compartido vida y negocios.
Esos son los interesantes.

Y entre los muchos que lo despidieron a Joe, el siniestro, dos fueron Ayerza y Gainza. Dos de estos últimos. De los que han compartido con los deudos vida y negocios. Por eso saludan como saludan. Extemporáneamente. Felicitántandose por cosas que ya nadie de los que supieron de las mieles de la plata dulce y la tablita se felicita.

Ellos saben que la página 15 de Página/12 de hoy está equivocada.

Ellos saben que Joe no fue un símbolo de la complicidad civil (de la última dictadura argentina).

Ellos saben que Ellos fueron la dictadura.
Por eso lo despiden como lo despiden.

Y mientras sigamos desprevenidos al respecto estarán tranquilos.

Ellos si saben que en el mapa de la oligarquía hay que buscar el mapa del delito en la Argentina.

sábado, 2 de marzo de 2013

La desinformación mata

(En el ¿diario? La Nazión del 4/2/2013, pág 15 sec. Seguridad)


No es un suelto perdido entre noticias y noticias.

Es cabeza de sección. Lo firma Daniel Gallo y lo edita Leonardo Tarifeño.

(Nunca pierdan de vista  
la pluma de los Periochorros -¡Atenti Ladri!-)

"Tres de cada diez crímenes" 
¿y los otros siete?

12 de 23 suceden en el conurbano 
¿Y los otros once? 

(Ah, solo 6 en Rosario, la "ciudad que tiene la tasa mensual más alta de homicidios en la Argentina" ¿Qué habrán querido sugerir? ¿Qué en Rosario te matan pero no los motochorros?)

"El relevamiento periodístico de los asesinatos hechos públicos durante enero determinó...". 
Me imagino como debe ser el relevamiento periodístico de hechos no públicos (ojo que no dije privados. No hay que esperar nada en de ese ámbito en el diario)
Una vez más el ¿diario? La Nazión relevaMIENTE.

"Los datos disponibles sí permiten establecer..." 
¿Y si no era con los disponibles, con cuáles iban a establecer?

"Así puede verificarse..."
¿Con los datos disponibles del relevamiento periodístico de los asesinatos hechos públicos?

 Ah, anoten esta joyita para el cierre. Una nueva modalidad: el narcomenudeo
¿Será un delivery para pequeños consumidores    

lunes, 1 de octubre de 2012

Henrique Capriles Radonski


Puente Llaguno fue parte  del  intento de golpe de estado en 2002 contra el Presidente venezolano Hugo Chavez Frías.
Capriles formaba parte de la oposición golpista.
Hoy es candidato presidencial.
Su proyecto político es el mismo de entonces.

viernes, 28 de septiembre de 2012

Viejas cacerolas usadas

"Este es un libro elemental, pero espero que útil.

En el último medio siglo seis golpes militares depusieron a mandatarios electos, y doce generales ocuparon la presidencia por decisión de sus camaradas de armas, sin contar los muchos intentos fallidos de conquista del poder por la fuerza, los relevos más o menos pacíficos entre dómines castrenses, ni la consagración en comicios de gobernantes militares. Cada vez, la insurgencia se justificó con una proclama, que incluyó el diagnóstico de los males intolerables que aquejaban al organismo social y el remedio propuesto para su restablecimiento.

Es asombroso que en estas condiciones en que la ruptura del orden institucional ha sido la regla y no la excepción tanto los jóvenes que quieren conocer la historia moderna como los estudiosos del país y del exterior carezcan de una recopilación de esos textos.

Mi propósito es subsanar tan llamativo déficit, agrupando cronológicamente estos frutos del árbol prohibido que han alimentado nuestra vida política. Provienen de libros, diarios, revistas y archivos personales.

Medio siglo de proclamas militares fueron bastantes para que el país prefiriera un mal gobierno civil, y también son suficientes para detectar las invariables del discurso castrense, por encima de los alineamientos de cada época. Ahora que Uriburu y Lonardi son polvo, Rawson y Ramírez sombras huidizas, Onganía un mal recuerdo y Videla & Cía declinan en prisión, repasar las arengas de sus días de esplendor es un ejercicio provechoso. Más allá de las diferencias de cada momento y el golpe que le correspondió, hay una identidad profunda que define el pensamiento militar. Conocerlo es un paso necesario para cualquier propuesta de modificación.

Esto no quiere decir que todos los temas se repitan de golpe en golpe, ni que hayan faltado diferencias entre unos y otros. Pero esa diversidad es más conocida que la recurrencia de valores y obsesiones. Escuchar lo que la gente dice no suple el análisis de lo que hace, pero brinda indicios apreciables sobre la forma en que se ve a sí misma. Sirve para conocer sus propósitos, y cotejarlos con los resultados de su aplicación.

Existen otros documentos en los que la cosmovisión castrense se expresa con mayor despliegue. Pero en las proclama, y en algunos documentos inmediatos previos o posteriores a la toma del poder, decanta una esencia conceptual realzada por el dramatismo implícito en una transferencia violenta del mando político. Este es un análisis de los textos de las aproclamas y no de los procesos históricos en que se produjeron.

A principios de la década del 40 ungeneral y dos coroneles intentaron sin fortuna tomar el poder. Fueron ellos Benjamín Menéndez, Eduardo Lonardi y Fortunato Giovannoni. Sus nombres reaparecerán en alzamientos contra Perón de la década del 50 los primeros, y contra Frondizi el último.

Esta es una constante de la política militar: los conspiradores de hoy serán los conspiradores de mañana. Cuarenta años antes de expulsar a Yrigoyen, Uriburu fue subteniente del Parque. Perón con muchos de sus camaradas del GOU ya habían intervenido en el golpe del 30. Los oficiales que acompañaron a Menéndez en 1951 protagonizarán todos los golpes del cuarto de siglo siguiente. Lanusse participó en el derrocamiento de Lonardi dieciséis años antes de abrirse paso a los empujones hacia la presidencia. Camps leyó la proclama contra Illía en el 66, diez años antes de asumir el feudo policial de la provincia de Buenos Aires. Los golpistas no son muchos, sino los mismos. Su comportamiento es fácilmente previsible, y de ello se desprende la importancia política de pases, retiros y ascensos. hacer general y entregar poder armado sobre una provincia o diez a un torturador, un quemador de libros o un enemigo confeso de la democracia representativa es suicida.

La recopilación de más de cuarenta documentos de la pluma castrense incluye algunos textos atípicos: la antiproclama de Aramburu en 1962, cuando dirigió la operación de reemplazo del presidente Frondizi por el senador Guido, el documento del general Labanca en mayo de 1971 preparatorio del movimiento que abortó en octubre en Azul y Olavarría, el memorandum del teniente coronel Rico a su comandante de Brigada dos meses antes de pintarse la cara en Campo de Mayo.

Si acordamos en que ningún movimiento militar triunfó sin un previo consenso social debemos concluir que los textos que aquí se reproducen incluyen visiones del país y sus problemas originadas en el universo castrense pero que en algún momento gozaron de aceptación  en la clase política y la sociedad civil. Si su enumeración sirve para ponernos en guardia cada vez que algunos de estos mecanismos intelectuales tienda a activarse, el objeto de este libro estará cumplido".

Horacio Verbitsky
En "Medio siglo de proclamas militares"
Colección "presente" - Editora/12
Buenos Aires, marzo de 1988

martes, 11 de septiembre de 2012

Los pariente torpes de Sherlock Holmes

Walter Navarro era enfermero. Fue asesinado la semana pasada en el municipio de Malvinas Argentinas al norte del conurbano bonaerense. 

Jesús Cariglino es  intendente del municipio desde su creación en 1995. Cariglino está sospechado de ser el culpable de un plan médico plagado de prácticas mafiosas que provoca permanentes malas praxis en el hospital "Claudio Zinn" del distrito. 

Navarro había investigado y denunciado las irregularidades. Lo asesinaron en la noche del martes 4 de este mes.

Por su crimen fueron detenidos por la departamental San Isidro de la policía bonaerense Joan Canella y su padre Juan Domingo. Los involucran porque un vecino de Navarro habría encontrado los documentos de identidad de los Canella tras su huída del lugar de los hechos.

Recapitulo:Dos detenidos por un crimen cometido en la oscuridad de la noche porque un vecino del barrio encuentra los documentos de ¿dos personas a las que las ve huir? Crimen resuelto. Robo seguido de muerte. Listo. Que pase el que sigue. (La prensa del sistema silenzio stampa). Muy caso Candela ¿no?

Hoy leo en Télam el continuará:

"La mamá de la niña que murió por supuesta mala praxis en el Hospital de Malvinas Argentinas y que enfrentó al intendente Jesús Cariglino, denunció que apedrearon su casa y la amenazaron.

Se trata de María Claudia Ledesma, cuya casa se encuentra con guardia permanente de la Gendarmería Nacional, quien en declaraciones al canal CN23 explicó: 'Me tiraron piedras a la puerta de mi casa y cuando salí me gritaron desde una esquina que ´ni la custodia te a va a salvar'.

Ledesma es la madre de la niña Melaine que falleció a los seis meses de edad, por falta de adecuada atención médica según se investiga en el hospital de Malvinas Argentinas y es también una de las principales denunciantes de casos de supuesta mala praxis en ese centro de salud bonaerense.

El ataque denunciado por Ledesma a su casa se produjo cuando desconocidos aprovecharon el cambio de custodia de los gendarmes para atacar a piedrazos el domicilio.

“Mis hijos están muy asustados, sobre todo por lo que pasó la última vez”, explicó Claudia y recordó que "el 9 de julio pasado pusieron dos explosivos de fabricación militar en la puerta, por eso vivimos con miedo”.

Ledesma dijo que los atacantes "me gritaron que `ni la custodia te va a salvar`" y que cuando se produjo el apedreo los vecinos dieron aviso al 911.

Dos horas después llegó al lugar un patrullero, pero de la policía municipal situación que resultó llamativa ya que debió haber acudido un móvil de la Policía provincial y no del distrito que gobierna Cariglino.

La semana pasada Ledesma enfrentó verbalmente al intendente en el marco de una visita que Cariglino hizo al hospital cuando se realizaba en el lugar -por orden judicial- la reconstrucción de las agresiones sufridas por periodistas de Télam, Tiempo Argentino y Malviticias (un medio local) cuando cubrían el 5 de junio pasado la denuncia de mala praxis por la muerte de la niña.

En la ocasión Ledesma le reclamó al jefe comunal que "se haga justicia" por la muerte de su hijita a lo que Cariglino le respondió culpando a la mujer porque llevaba `desnuda a su hija en la moto` había dicho el funcionario en declaraciones que fueron registradas por varios medios periodísticos presentes en el lugar".

Un nuevo caso de la paradojal inteligencia policial. 

(Continuará...)

miércoles, 22 de agosto de 2012

Sobre Unicenteres y Magdalenas


Por estos días desde los medios monopólicos se mostraron preocupados porque el gobierno nacional  sacaba  presos de las cárceles para hacerlos participar de actos. Independientemente de la dificultad neuronal que deja al descubierto la cuenta simple que surge de calcular la cantidad de penales que debieran quedar vacíos para llenar de personas un acto, lo que marca esa operación de los profetas del odio del teclado es el miedo fóbico de su lector medio a lo diferente.  

Impresiona ver cómo se preocupan porque los presos estén presos, los mismos que no se preocupan por ver presos a los apropiadores de nietos, los que se robaron Papel Prensa, quienes le facilitaron papel a Eduardo Massera para que imprimiese Convicción, o a los imprenteros que crecieron al calor de la última dictadura cívico militar.

Pensando en estas distintas formas de evaluar los delitos según fuesen propios o ajenos es que vino a mi memoria el recuerdo de este texto aparecido como parte de un despacho de la Agencia Walsh el 3 de noviembre de 2005.

UNICENTER Y MAGDALENA. LA VIDA Y LA MUERTE EN ARGENTINA
El pasado fin de semana Unicenter sufrió un incendio. El shopping más grande de Argentina, está ubicado en Martínez, una localidad económicamente poderosa del norte del conurbano bonaerense. Allí se evacuaron 50.000 personas en quince minutos, sin que se registraran muertos ni heridos de gravedad. Casi tres semanas atrás, también en fin de semana, un incendio acabó con la vida de 33 presos en el pabellón 16 de la Unidad 28. Una prisión que el servicio penitenciario bonaerense regentea en la localidad de Magdalena, un pueblo al sureste de la ciudad de La Plata, en el que gran parte de su población vive del trabajo que genera el presidio.

En el incendio del Unicenter Shopping, el domingo pasado las tareas de rescate consiguieron evacuar en menos de quince minutos 50.000 personas. Se usaron para apagar el fuego 25 autobombas. No hubo ningún muerto. Sólo 15 heridos leves, asfixiados. Dos días después, las autoridades del centro de compras publicaron en todos los diarios que aparecen en Capital Federal un texto a página completa en el que explicaban los motivos del incendio y agradecían la colaboración que recibieron para combatir el fuego. El slogan de Unicenter Shopping es: “Lo importante no es que vengas, sino que vuelvas”.

En el Pabellón 16 de la unidad 28 de Magdalena, que se incendiara en la noche del 15 al 16 de octubre pasados, se alojaban 57 presos. Más de la mitad, 33, murieron. Los bomberos nunca llegaron. La gobernación de la provincia no publicó un solo texto que hiciera referencia al incendio en el penal que estaba a su cargo. Ni siquiera hizo públicas sus condolencias hacia los familiares de las víctimas.

A casi tres semanas de los 33 homicidios en Magdalena, y pese a que en dos oportunidades la Corte Suprema Bonaerense reclamó al gobernador provincial Felipe Solá que respondiera un cuestionario básico sobre lo sucedido en el  penal, no se conoce la explicación de las autoridades sobre lo sucedido en el pabellón 16 donde murieran 33 personas a las que el Estado debía garantizar integridad física.

La fiscalía que se ocupa de la investigación por los asesinatos de los 33 presos está a cargo de María Laura D´Gregorio y Sergio de Delucis.

LA UNIDAD 28. La Unidad 28 aloja cerca de 1.050 internos. En total, equivalen sólo el 2% de los evacuados en el Unicenter Shopping. Forma parte de un complejo de tres unidades penitenciarias. El penal está ubicado en el Km. 111 de la Ruta provincial Nº 11, en las afueras de la localidad de Magdalena. La cárcel tiene una superficie de 210 hectáreas. Fue inaugurado el 4 de marzo de 1956 y perteneció hasta marzo de 1997 a las fuerzas armadas como un centro de detención de oficiales, aunque muchos civiles pasaron por sus celdas durante la última dictadura militar. Cuarenta años después de su inauguración fue acondicionado para funcionar como centro carcelario de presos comunes dentro del sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires.
El pabellón 16 fue inaugurado en el 2003.
Siete años antes de que se construyera el pabellón de la masacre, el Congreso nacional sancionaba la Ley 24.660, el 19 de junio de 1996.

LA LEY 24.660. Allí puede leerse que a la persona detenida se lo llamará únicamente por el nombre y apellido. Que el régimen penitenciario deberá asegurar y promover el bienestar psicofísico de los internos y se atenderán especialmente las condiciones ambientales e higiénicas de los establecimientos. Y que el número de internos de cada establecimiento deberá estar preestablecido y no se lo excederá a fin de asegurar un adecuado alojamiento. Todos los locales estarán siempre en buen estado de de conservación. Su ventilación, iluminación, calefacción y dimensiones guardarán relación con su destino y los factores climáticos”.

EL SISTEMA CARCELARIO EN LOS HECHOS. Pero el propio ministro de justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, reconoció que mientras la tasa de encarcelamiento en el país es de 107 detenidos cada 100 mil habitantes, en la provincia de Buenos Aires esa tasa sube a 217 por cada 100 mil. “El sistema no está exento de que una tragedia como la de Magdalena se repita, esperamos y estamos trabajando para que esto no suceda”, dijo.

Por su parte, el jefe del Servicio Penitenciario bonaerense, el abogado Fernando Díaz, aseguró el 22 de febrero (seis días después de los 33 homicidios) que “todavía no hay ningún error que reconocer” por la tragedia del penal de Magdalena, y señaló que el relevamiento de las tres máximas autoridades de la Unidad es “una medida tomada a los efectos de que se pueda investigar sin ningún tipo de presión”.

Díaz no hace mención alguna a que el día previo a los 33 homicidios, la Comisión Provincial por la Memoria había presentado un hábeas corpus, con el objetivo de cesar el agravamiento de las condiciones en que se encuentran los detenidos del pabellón 6 de la unidad 28.

La acción se inició en el Juzgado Correccional nº 2 de la ciudad de La Plata, a cargo de Eduardo Eskenazi, luego de una inspección realizada por los abogados de la Comisión provincial (Roberto Félix Cipriano García, Inés Jaureguiberry y Julia Tomeo) a raíz de una denuncia de los internos que ocupan ese lugar.

Pero, pese a que el juez Eskenazi realizó una visita a la unidad 28, los abogados de la Comisión por la Memoria no fueron informados para la fecha de la masacre sobre la decisión que el magistrado tomó después de la inspección en la unidad penal.

El Estado no garantiza la integridad física de una persona en prisión. Pese a estar obligado por la ley. Las cárceles serán sanas y limpias dice la Constitución Nacional. Su texto no se pone en práctica en ninguno de los centros de detención en Argentina. En el Penal de Magdalena tampoco.

          Pepe Subizar
Agencia Rodolfo Walsh

domingo, 5 de agosto de 2012

Diez civiles y siete policías


Por Rodolfo González Arzac*

El próximo lunes empieza el juicio oral por el asesinato de Mariano Ferreyra. Es un caso emblemático. Un crimen político. Un juicio que pondrá en el banquillo de los acusados a diez civiles y siete policías. Una causa que volverá a poner sobre el tapete, como lo hizo durante la etapa de instrucción, temas de relieve como la democracia sindical, la extendida tercerización de los trabajadores y los negocios de algunos jerarcas sindicales. Carolina Varsky, directora del área de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Alberto Bovino, penalista de larga y reconocida trayectoria; y Maximiliano Medina, abogado del equipo de Violencia Institucional del CELS; representarán a la familia de Mariano Ferreyra. Y buscarán que, concluido el pleito, el tribunal dicte 17 condenas, 17 cadenas perpetuas.

– ¿Podrían enumerar a los acusados y sus responsabilidades?
Medina: –José Pedraza y Juan Carlos Fernández están acusados de instigar el homicidio, de ser los autores intelectuales. Pablo Díaz fue el coordinador de la Unión Ferroviaria (UF) en el lugar de los hechos y máximo referente del gremio ahí. Gustavo Alcorcel, otro delegado de la UF que colaboraba con Díaz y fue el encargado de hacer llegar a Favale, el hombre que disparó. Gabriel Sánchez es otro de los que disparó. Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez se encargaron de ocultar las armas ni bien terminaron los disparos. Y de la UF también tenemos a Salvador Pipito y a González que son los dos que evitaron la filmación del equipo de C5N.
Bovino: –Eso muestra el plan. La división de roles. Y que no fue un acto de locura. Estaba todo muy organizado. Cada uno tenía un papel.
–Y después están los siete policías…
Bovino: –Sí, porque más que zona liberada fue un cordón de protección para los ferroviarios. La zona liberada es que la policía desaparece. En cambio, acá fue como un cordón de protección para permitir que esto suceda. Con lo cual es más grave. Y ni siquiera pueden invocar que no sabían lo que estaba pasando.
Varsky: –Hay dos de ellos que están en la sala de situación mirando la televisión y viendo lo que estaba pasando.
Bovino: –Y en el momento en que empiezan los disparos, los policías dejan de usar el sistema de comunicación donde todo queda grabado y pasan a un equipo que no conserva las grabaciones. Además, en un momento los ferroviarios se guarecen detrás de un patrullero.
Varsky: –Y hay siete minutos importantes, que son cuando ocurren los hechos, que no filman. El policía acusado alega que se le trabó la máquina, que estaba lejos…
Medina: –Además, es muy llamativo que tres móviles que estaban separando a los dos grupos se abrieron. Y después de producidos los disparos, los ferroviarios se fugan por donde estaba la policía. Porque algunos se habían desplazado a Constitución, pero todavía había gente. Y sólo actúan cuando los tercerizados van sobre los ferroviarios después de producida la agresión. Como un cerco protector. Sin el accionar de la policía el homicidio de Mariano no se hubiese producido.
– ¿Cuáles son los elementos que prueban que Pedraza fue el autor intelectual del homicidio?
Medina: –Hay una conexión por intermedio de cruces telefónicos que dan cuenta que Juan Carlos Fernández, que es el número dos del gremio, mano derecha de Pedraza, hablaba desde la Unión Ferroviaria continuamente con Pablo Díaz que era el coordinador y máximo responsable de la Unión Ferroviaria en el lugar de los hechos. También pudimos determinar que Pedraza, durante todo el día, tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo ahí.
Bovino: –Y no es que Fernández estaba en una punta y Pedraza en la otra, sino que consultaba permanente con Pedraza. Pedraza estaba enterado y opinaba sobre lo que había que hacer.
Bovino: –Los llamados coinciden: cada vez que se comunicaban se definía un curso de acción. Todo el cuadro probatorio concuerda en la misma dirección. Además está el tema de los tercerizados. En una audiencia, tanto el fiscal como la abogada María del Carmen Verdú dejaron claro con datos cuál era el movimiento patrimonial, qué era lo que se perdía y dejaba de ganar con todo el movimiento de los tercerizados.
Medina: –Por otra parte, está probado que había conocimiento previo de todo esto por parte de la cúpula de la Unión Ferroviaria. Y que Díaz articuló la covocatoria y seleccionó específicamente a quienes iban a cumplir cada uno de los roles.
– ¿Ustedes sostienen que se trató de un crimen político?
Medina: –Durante la investigación, se trabajaron distintas hipótesis para verificar cuál fue la verdadera finalidad de todo esto, la motivación del crimen: por eso decimos que fue un crimen político. Tuvo como motivación seguir controlando el ingreso de los trabajadores afiliados a la Unión Ferroviaria. Pedraza no podía permitir ningún foco opositor y había una masa de trabajadores tercerizados que si ingresaban al gremio, ellos sabían que eran obreros contrarios a sus intereses. Por otro lado, está el negocio que significaba para Pedraza la tercerización. Hay una cooperativa, concretamente, donde está la esposa y otros integrantes de la primera línea de la Unión Ferroviaria. Ahí hay una masa de dinero que ellos manejan. El foco de conflicto con los tercerizados generó la posibilidad de que ingrese una masa de trabajadores relativamente importante a la Unión Ferroviaria y que ponía en riesgo la hegemonía política de Pedraza.
Bovino: –No es que quisieron matar concretamente a Mariano Ferreyra. Pero querían dar un mensaje, un mensaje no individualizado. Un mensaje para el grupo: "A todos ustedes que son de este grupo, cállense la boca porque les va a pasar lo mismo." Por otro lado, acerca del negocio que implicaba la tercerización, no olvidemos que el domicilio de Pedraza es en Puerto Madero.
– ¿De qué forma intentaron defenderse los ferroviarios ante la Justicia?
Medina: –La defensa de todos los imputados primero fue: "Nosotros nos congregamos para evitar el corte de vías porque si los tercerizados cortan las vías los pasajeros se las agarran con nosotros." Y en realidad, el corte de vías se había evitado una hora antes. Los tercerizados estaban a tres cuadras del lugar. Y se estaban desconcentrando. No sé si insistirán. Luego intentaron con el tema de que la bala que mató a Mariano Ferreyra rebotó en el piso. Intentaron cambiar la calificación legal, decir que hubo una riña y agresiones mutuas. Por ahora son todas defensas que no resisten mucho ningún análisis.
– ¿Cómo creen que está trabajada la causa que llegó a juicio oral? ¿Consiguió sobreponerse al perito que intentó estropear una prueba y al intento de soborno para que dirigentes ferroviarios intentaran conseguir la excarcelación?
Bovino: –En primer lugar, nosotros vimos una voluntad muy fuerte y enérgica en avanzar rápida y correctamente en la investigación sin cometer nulidades. En la mayoría de estas causas, uno trabaja un montón de años y después hay un montón de nulidades que hacen que se caiga todo. Se trabajó muy bien. El fiscal que reemplazó a Cristina Camaño trabajó de primera y Cristina también. Y la jueza trabajó muy bien. Y el tribunal del juicio estuvo muy bien en unir los dos juicios: el asesinato y las responsabilidades policiales. Porque si uno los separa cuenta una historia diferente a lo sucedido ese día. Es un solo caso.
Medina: –La justicia trabajó bien. Llegamos a juicio oral con un caso muy sólido.
–Ustedes tienen claro que esto fue un crimen político y saben que para condenar a los responsables de un crimen político no se puede descansar hasta que llegue la sentencia. ¿Les preocupa el poderío que ya desplegó Pedraza y el que puedan desplegar los policías? ¿Cómo se preparan?
Bovino: –A mí no me preocupa. Quizás todo esto implique más trabajo, pero no le tengo miedo. Lo que sí es cierto es que un juicio con 17 defensas es complejo. Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. Nos preparamos mucho. Hay responsabilidad por ser abogado de la familia y también por representar al CELS.
Medina: –Es un desafío enorme. Es un caso emblemático que permite poner en discusión un montón de cuestiones. Y tenemos, sobre todo, el compromiso con la familia de Mariano Ferreyra. Lo tomamos también como una militancia personal. «

Un perito cuestionado
El desarrollo de la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra deparó presiones, amenazas y situaciones llamativas que generaron dos juicios paralelos: uno por intento de soborno a jueces (ver aparte) y otro porque un perito golpeó y modificó un elemento de prueba clave: el proyectil que mató a Mariano Ferreyra. "Roberto Rocles está procesado por el delito de adulteración de un elemento de prueba. Las dos causas, tanto la del perito balístico Roberto Rocles como la de sobornos, lo que explican es el intento continuo de entorpecer el desenvolvimiento normal del proceso", señala el abogado del Cels, y de la familia de Ferreyra, Maximiliano Medina.
Rocles hizo todo con descaro: frente a otros peritos, mientras se desarrollaba un segundo estudio al proyectil. "Se pudo resolver porque siguieron trabajando los mismos peritos que habían estudiado el proyectil con antelación. Por vías alternativas se logró llegar a una conclusión pericial. Pero la intención era entorpecer todo", añade Medina. El peritaje, pedido por la defensa de los imputados, intentaba demostrar que la bala había rebotado antes de matar al militante del Partido Obrero. Los estudios muestran que, haya o no rebotado, los homicidas tiraron a matar.

Una causa anexa por intento de soborno
La causa del intento de soborno a jueces para que los dirigentes de la Unión Ferroviaria pudieran obtener una excarcelación se inició cuando la jueza que investigó el crimen de Ferreyra, Wilma López, detectó una escucha telefónica donde se aludía a un presunto ofrecimiento de 50 mil dólares a los jueces para lograr que la causa fuera adjudicada a la sala III de Casación por sorteo.
Pedraza será indagado próximamente. También tendrán que declarar como sospechosos el ex juez federal subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, el contador del gremio ángel Stafforini y el empleado de Casación Luis Ameghino Escobar (h). Ya pasó por el juzgado Juan José Riquelme, quien actuaba como intermediario. El agente de la Secretaría de Inteligencia hacía los arreglos con Aráoz de Lamadrid, quien defendía a uno de los imputados, Guillermo Uño. Aráoz, además, es un viejo conocido del juez Eduardo Riggi, quien habló telefónicamente con Riquelme. Los diálogos muestran que Riquelme decía haber tratado con otro ex camarista, Gustavo Mitchell.

* Publicado en Tiempo Argentino el 3/08/2012