Por Mónica Peralta Ramos *
Un sismo político sacude a la civilización occidental y
expresa el malestar social en un presente dominado por el control del capital
monopólico sobre todos los ámbitos de la vida social. Oleadas de convulsiones
políticas desnudan la crisis de legitimidad institucional. Desde la elección
presidencial en los Estados Unidos hasta la salida de Inglaterra de la
Comunidad Europea, un populismo de distintos signos ideológicos agrieta a las
instituciones republicanas en el primer mundo reclamando autonomía nacional,
representación política y bienestar económico. Al mismo tiempo, “golpes
blandos” jaquean al populismo en América Latina e imponen los intereses de los
más poderosos. Esta conjunción de fenómenos no es casual. El capital monopólico
se expande por el mundo generando estancamiento de la producción global,
destrucción del medio ambiente y creciente desigualdad social. Las
instituciones de la democracia liberal no pueden digerir esta destrucción y
obstruyen la participación y representación popular. El bloqueo del “gobierno
del pueblo y para el pueblo” desnuda la creciente desintegración de la
gobernabilidad democrática. En este contexto, un orden social nuevo emerge y se
globaliza. Formas de organización subterráneas, de tipo mafioso y en abierta
contradicción con las normas y valores de la democracia se ramifican dentro de
las instituciones existentes, las vacían de sentido y cooptan su cáscara.
Constituyen un entramado que desde las sombras, cultivando la coerción y la
corrupción, busca el control absoluto del poder y del dinero. Esta metamorfosis
de lo “viejo” se suma a la generación de nuevos espacios institucionales de
índole privada desde donde se cooptan funciones esenciales a los estados
soberanos. Por una u otra vía, esta nueva institucionalidad busca el control
monopólico de las decisiones que se toman a nivel global, tanto en el ámbito
económico, y político como en el cultural.
Rastros de la existencia de este entramado institucional
aparecen, en mayor o menor grado, tanto en el primer mundo como en la
periferia. Desde tiempo atrás, la Argentina muestra las huellas de la nueva
institucionalidad. La caída del terrorismo de Estado inauguró un periodo
democrático caracterizado por una enorme fragilidad institucional. A pesar de
la política de derechos humanos, del enjuiciamiento del terrorismo de Estado y
de otros importantes cambios ocurridos en democracia, una trama de relaciones
mafiosas y clandestinas impregna a las instituciones del país. Hundiendo sus
raíces en el riñón del poder económico concentrado y escondiendo su cabeza en
el tenebroso mundo de la “inteligencia,” este entramado mafioso ocupa hoy el
primer plano del escenario político.
La alianza “Cambiemos” llegó al gobierno a través de
elecciones e inició su mandato convirtiendo a las promesas de la campaña
electoral en su antitesis. Detrás de las masivas transferencias de ingresos que
sus políticas producen, emerge un objetivo estratégico: “salir del populismo” a
través de cambios estructurales destinados a “maniatar” al Estado y producir una
gobernabilidad sin inclusión social. La rapidez y profundidad de los cambios en
los precios relativos, la apertura indiscriminada de importaciones, la
desocupación masiva, la perdida del poder adquisitivo de la población y el
endeudamiento externo buscan imponer la preeminencia de las rentas de todo tipo
en una economía crecientemente primarizada. En estas circunstancias, no bastan
las leyes y decretos. El elemento central será la coerción, en sus distintas
formas: desde el disciplinamiento social a través del miedo a la desocupación y
al hambre hasta los intentos de moldear la agenda política del día con
operaciones mediático-judiciales que, al mismo tiempo que pretenden identificar
al populismo con corrupción, buscan “naturalizar” al entramado de complicidades
mafiosas que corroe al sistema institucional argentino.
Para imponer el reverso de las políticas prometidas, el
gobierno utiliza a los medios concentrados como punta de lanza de un
dispositivo que, incluyéndolos, los trasciende. Usando una aceitada red de
relaciones subterráneas que conecta a los servicios de inteligencia con
miembros del Poder Judicial, legisladores, funcionarios, periodistas,
dirigentes políticos, empresarios etc. Los medios implantan en la opinión
pública información cuya veracidad nunca es puesta en duda. Con un formato que
apela al entretenimiento por el horror, estos medios mimetizan la política del
gobierno anterior con ilícitos de todo tipo ocultando al mismo tiempo los
ilícitos actuales. Más allá de la verdad de los hechos denunciados, las
operaciones mediático/judiciales no solo buscan “embarrar la cancha” engañando
y ocultando los objetivos de la política oficial sino que naturalizan la
existencia de esta red mafiosa y las “operaciones” que produce. Con un mensaje
único y una divulgación mediática monolítica, masiva y reiterada, los medios
crean una realidad que se independiza de la trama mafiosa que la origina. Por
arte de magia, toda la política del gobierno anterior se identifica con la
corrupción y la red de complicidades que producen las operaciones
mediático-judiciales se naturaliza.
Esta manipulación institucional no agota los intentos de
imponer los cambios deseados. Para ello el gobierno también incursiona por
otros caminos, siendo uno de ellos la inclusión del país en un orden
institucional global y extraterritorial que, pretendiendo consagrar el libre
comercio internacional, impone el dominio del capital monopólico sobre la
producción y sobre funciones esenciales a los Estados soberanos. De ahí que la
“apertura al mundo” que propone Macri (Página/12 17.5 2016; 16. 6. 2016) se
complemente con la incorporación del país a la Alianza para el Pacifico,
antesala inevitable a la inclusión en uno de los tres mega tratados de comercio
internacional impulsados por los Estados Unidos: el Acuerdo Estratégico
Transpacífico de Asociación Económica o TPP. Este último es el norte silencioso
de la política de Macri.
En efecto, el TPP profundiza cambios estructurales de enorme
trascendencia en lo que hace a la integración productiva y la soberanía
nacional. Por un lado busca privatizar a las empresas públicas y sacar del
ámbito del Poder Judicial la atribución de dirimir eventuales conflictos con
las corporaciones multinacionales. Para ello propugna el desarrollo de
tribunales de arbitraje de índole privada y extraterritorial, conformados por
abogados de empresas multinacionales. Exento de todo tipo de control social,
este arbitraje privado no se atiene a precedentes legales y sustituye funciones
básicas del Estado en diversas áreas de la vida social: desde la economía, la
salud y la educación hasta el medio ambiente. Por otra parte, el TPP impone el
derecho de las corporaciones multinacionales a compensación económica por la
eventual frustración de “expectativas de futuras ganancias” y profundiza el
control que estas corporaciones tienen actualmente sobre la división
internacional del trabajo. Basada en cadenas globales de valor (CGV)
controladas en puntos estratégicos por un reducido numero de empresas
multinacionales, esta división del trabajo integra el proceso productivo a
nivel global y lo desintegra a nivel local generando así un contexto donde las
decisiones de inversión y producción a nivel local dependen de la racionalidad
del complejo empresario multinacional. Esto bloquea la capacidad que el Estado
tiene de articular una política productiva acorde con los recursos de su
territorio y las necesidades de su población. Estas CGV han tenido un impacto
negativo sobre la industrialización de los países, sean estos del primer mundo
o de la periferia. Así por ejemplo, en los Estados Unidos han producido una
creciente des- industrialización acompañada por la decadencia de ciudades
anteriormente pujantes, la precarización del trabajo y el empobrecimiento de
vastos segmentos de la población. El impacto de la crisis brasilera sobre
nuestra producción industrial es sólo un ejemplo de las consecuencias negativas
de las CGV en la periferia.
El momento que vivimos no surgió de la nada. Las políticas
aplicadas por este gobierno no son casuales ni producto de la ineficiencia. Más
allá de esto último, estas políticas se enraízan en un proyecto mundial de
expansión económica y gobernabilidad social. También se explican por lo que ha
ocurrido en nuestro pasado más reciente. De ahí la importancia de analizar no
solo el contexto global sino también los éxitos y los fracasos de la década
pasada, incluyendo el rol del Estado, la política industrial y la inclusión
social resultante. Solo conociendo de donde venimos podremos saber hacia donde
vamos. Solo con conciencia de nuestras limitaciones podremos encontrar un
camino que, superándolas, conduzca a una integración nacional con inclusión
social sustentable.
* Socióloga. Texto aparecido en el diario Página/12 del
31/8/16 bajo el título “De las operaciones mediático/judiciales al TPP”
