Por Julio De Vido*
La arbitraria decisión del
gobierno de la provincia de Córdoba de clausurar cuatro antenas de la
Televisión Digital Abierta (TDA), a partir de excusas burocráticas que atentan
contra el más elemental sentido común, constituye una muestra de intolerancia y
odio, creando un peligroso precedente de censura. No voy a abundar en sus
implicancias políticas, legales, sociales y culturales, porque ya lo han hecho
de forma más que atinada el titular de la Afsca, Martín Sa-bbatella, la
defensora del Público, Cintia Otavianno, así como más de 60 intendentes de
Córdoba y los rectores de las universidades cordobesas. Es bueno recordar que
cuando la Argentina adoptó en 2009 el estándar japonés-brasileño de televisión
digital ISDB-T, además de ser la más conveniente desde el punto de vista
tecnológico y la que implicaba un uso más eficiente en la relación entre
potencia y cobertura, era la única de carácter abierto con transferencia de
tecnología. Esto no sólo nos permite ser de alguna manera dueños del estándar,
y sentarnos en la mesa donde se lo administra, sino que también nos da la
posibilidad de desarrollar nuestra industria.
Para ello pusimos en marcha una
activa política de promoción y desarrollo de las capacidades tecnológicas
nacionales, que nos permitieron fabricar en nuestro país decodificadores,
antenas, plantas transmisoras y shelters, cada vez con mayor integración local.
Curiosamente, una de las provincias donde se instalaron estos clusters fue
Córdoba, donde empresas, en su mayoría pymes, como Consulfem, Ditel, Edinec,
Lie, Gamma y otras, proveyeron antenas externas, transmisores y torres para
montar estaciones. Estos elementos en gran parte se instalaron en las antenas
de Leones, Villa María, Villa Dolores y Río Cuarto.
Por lo tanto, se da la paradoja
de que la administración provincial no advirtió que con esta medida afecta a su
propia industria y pone en peligro su continuidad y desarrollo. Quiero creer
que este verdadero castigo a la industria cordobesa fue producto del odio
porque ninguna diferencia política puede justificar que se ataque al propio
trabajo de los cordobeses, que en todos los casos es de excelencia, tanto por
la calidad de sus profesionales y la audacia de sus pequeños empresarios que
apostaron desde un principio por la televisión digital.
En relación con lo ambiental cabe
recordar que, en sí misma, la migración de la televisión analógica a la digital
implica reducir fuertemente el uso del espectro, ya que una cobertura de 10
kilovatios en la analógica requiere en el modo digital un 10 por ciento para
iluminar la misma superficie.
En el mundo existen en
funcionamiento desde hace 10 años más de 3500 plantas transmisoras de
televisión digital de todos los estándares, similares a las que absurdamente
silenció la provincia de Córdoba, sin que se haya registrado ningún
inconveniente ni denuncia. Por caso, en Japón, donde se desarrolló la norma
utilizada en prácticamente todos los países de Sudamérica, con una superficie
equivalente al doble de la provincia de Córdoba y una población de 165 millones
de habitantes, funcionan desde hace años más de 300 antenas.
En nuestro país, el despliegue de
la TDA se realizó como política de Estado, con un sentido federal e inclusivo,
para lo cual ya se instalaron 79 antenas en 21 provincias, en las cuales se
tramitaron y se obtuvieron todos los permisos necesarios, a excepción de
Córdoba, único lugar en el mundo en que para las autoridades locales la
información sobre el impacto ambiental resultó insuficiente una vez que se
concluyeron las obras. Por eso, resulta muy curioso que desde el gobierno de
Córdoba afirmen que la instalación de las antenas los “sorprendió” y que es
“otro atropello” del gobierno nacional, como si la construcción de una antena
de 80 metros pudiera pasar desapercibida y hacerse entre gallos y medianoche.
Más llamativo es en el caso de
Río Cuarto, donde la antena fue levantada con la autorización correspondiente
en un predio de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), en un
terreno que no era un espacio abandonado sino un predio sujeto al control de
entradas y salidas. En tanto, en el caso del Cerro Mogote de Córdoba Capital,
donde está ubicada otra de las antenas, mal puede reclamarse por el daño
ambiental cuando la de TDA funciona al lado de torres muchísimo más potentes de
Multicanal o Radio Mitre. Además, basta realizar una breve recorrida por esa
ciudad para constatar que las antenas del Canal 12, perteneciente al Grupo
Clarín, están en medio de la población, por no mencionar los tendidos aéreos de
Cablevisión que atraviesan las ciudades no sólo de Córdoba sino de todo el
país, sin ninguna regulación, o el servicio que Fibertel continúa prestando de
manera ilegal por cautelares truchas.
Todo esto demuestra que la
clausura injustificada de las antenas de la Televisión Digital por parte del
gobierno de la provincia de Córdoba, en una combinación de ignorancia y mala
fe, no sólo obedece a la defensa de intereses inconfesables, para lo que no
importa cercenar el derecho de los ciudadanos de acceder de manera gratuita a
más de 20 señales para que no sean rehenes del cable, sino también a un odio
que obnubila y le hace despreciar el esfuerzo y el trabajo de los argentinos
que viven en Córdoba y creen que vale la pena trabajar para que nuestro país
tenga un desarrollo tecnológico autónomo y soberano.
*Ministro de Planificación Federal.
Publicado en Página 12 el 31/1/2013
como "El odio ciega y lleva a la autodestrucción"
