Por estos días desde los medios monopólicos se mostraron preocupados porque el gobierno nacional sacaba presos de las cárceles para hacerlos participar de actos. Independientemente de la dificultad neuronal que deja al descubierto la cuenta simple que surge de calcular la cantidad de penales que debieran quedar vacíos para llenar de personas un acto, lo que marca esa operación de los profetas del odio del teclado es el miedo fóbico de su lector medio a lo diferente.
Impresiona ver cómo se preocupan porque los presos estén presos, los mismos que no se preocupan por ver presos a los apropiadores de nietos, los que se robaron Papel Prensa, quienes le facilitaron papel a Eduardo Massera para que imprimiese Convicción, o a los imprenteros que crecieron al calor de la última dictadura cívico militar.
Pensando en estas distintas formas de evaluar los delitos según fuesen propios o ajenos es que vino a mi memoria el recuerdo de este texto aparecido como parte de un despacho de la Agencia Walsh el 3 de noviembre de 2005.
UNICENTER Y MAGDALENA. LA VIDA Y LA MUERTE EN ARGENTINA
El pasado fin de semana Unicenter sufrió
un incendio. El shopping más grande de Argentina, está ubicado en Martínez, una
localidad económicamente poderosa del norte del conurbano bonaerense. Allí se
evacuaron 50.000 personas en quince minutos, sin que se registraran muertos ni
heridos de gravedad. Casi tres semanas atrás, también en fin de semana, un
incendio acabó con la vida de 33 presos en el pabellón 16 de la Unidad 28. Una
prisión que el servicio penitenciario bonaerense regentea en la localidad de Magdalena,
un pueblo al sureste de la ciudad de La Plata, en el que gran parte de su
población vive del trabajo que genera el presidio.
En el incendio del Unicenter Shopping, el
domingo pasado las tareas de rescate consiguieron evacuar en menos de quince minutos
50.000 personas. Se usaron para apagar el fuego 25 autobombas. No hubo ningún
muerto. Sólo 15 heridos leves, asfixiados. Dos días después, las autoridades
del centro de compras publicaron en todos los diarios que aparecen en Capital
Federal un texto a página completa en el que explicaban los motivos del
incendio y agradecían la colaboración que recibieron para combatir el fuego. El
slogan de Unicenter Shopping es: “Lo importante no es que vengas, sino que
vuelvas”.
En el Pabellón 16 de la unidad 28 de
Magdalena, que se incendiara en la noche del 15 al 16 de octubre pasados, se
alojaban 57 presos. Más de la mitad, 33, murieron. Los bomberos nunca llegaron.
La gobernación de la provincia no publicó un solo texto que hiciera referencia
al incendio en el penal que estaba a su cargo. Ni siquiera hizo públicas sus
condolencias hacia los familiares de las víctimas.
A casi tres semanas de los 33 homicidios
en Magdalena, y pese a que en dos oportunidades la Corte Suprema Bonaerense
reclamó al gobernador provincial Felipe Solá que respondiera un cuestionario
básico sobre lo sucedido en el penal, no
se conoce la explicación de las autoridades sobre lo sucedido en el pabellón 16
donde murieran 33 personas a las que el Estado debía garantizar integridad
física.
La fiscalía que se ocupa de la
investigación por los asesinatos de los 33 presos está a cargo de María Laura
D´Gregorio y Sergio de Delucis.
LA UNIDAD 28. La Unidad 28 aloja cerca de 1.050
internos. En total, equivalen sólo el 2% de los evacuados en el Unicenter
Shopping. Forma parte de un complejo de tres unidades penitenciarias. El penal
está ubicado en el Km. 111 de la Ruta provincial Nº 11, en las afueras de la
localidad de Magdalena. La cárcel tiene una superficie de 210 hectáreas. Fue
inaugurado el 4 de marzo de 1956 y perteneció hasta marzo de 1997 a las fuerzas
armadas como un centro de detención de oficiales, aunque muchos civiles pasaron
por sus celdas durante la última dictadura militar. Cuarenta años después de su
inauguración fue acondicionado para funcionar como centro carcelario de presos
comunes dentro del sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires.
El pabellón 16 fue inaugurado en el 2003.
Siete años antes de que se construyera el
pabellón de la masacre, el Congreso nacional sancionaba la Ley 24.660, el 19 de
junio de 1996.
LA LEY 24.660. Allí puede leerse que a la persona
detenida se lo llamará únicamente por el nombre y apellido. Que el régimen
penitenciario deberá asegurar y promover el bienestar psicofísico de los
internos y se atenderán especialmente las condiciones ambientales e higiénicas
de los establecimientos. Y que el número de internos de cada establecimiento
deberá estar preestablecido y no se lo excederá a fin de asegurar un adecuado
alojamiento. Todos los locales estarán siempre en buen estado de de
conservación. Su ventilación, iluminación, calefacción y dimensiones guardarán
relación con su destino y los factores climáticos”.
EL SISTEMA CARCELARIO EN LOS HECHOS. Pero
el propio ministro de justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, reconoció que
mientras la tasa de encarcelamiento en el país es de 107 detenidos cada 100 mil
habitantes, en la provincia de Buenos Aires esa tasa sube a 217 por cada 100
mil. “El sistema no está exento de que una tragedia como la de Magdalena se
repita, esperamos y estamos trabajando para que esto no suceda”, dijo.
Por su parte, el jefe del Servicio
Penitenciario bonaerense, el abogado Fernando Díaz, aseguró el 22 de febrero
(seis días después de los 33 homicidios) que “todavía no hay ningún error que
reconocer” por la tragedia del penal de Magdalena, y señaló que el relevamiento
de las tres máximas autoridades de la Unidad es “una medida tomada a los
efectos de que se pueda investigar sin ningún tipo de presión”.
Díaz no hace mención alguna a que el día
previo a los 33 homicidios, la Comisión Provincial por la Memoria había
presentado un hábeas corpus, con el objetivo de cesar el agravamiento de las
condiciones en que se encuentran los detenidos del pabellón 6 de la unidad 28.
La acción se inició en el Juzgado
Correccional nº 2 de la ciudad de La Plata, a cargo de Eduardo Eskenazi, luego
de una inspección realizada por los abogados de la Comisión provincial (Roberto
Félix Cipriano García, Inés Jaureguiberry y Julia Tomeo) a raíz de una denuncia
de los internos que ocupan ese lugar.
Pero, pese a que el juez Eskenazi realizó
una visita a la unidad 28, los abogados de la Comisión por la Memoria no fueron
informados para la fecha de la masacre sobre la decisión que el magistrado tomó
después de la inspección en la unidad penal.
El Estado no garantiza la integridad
física de una persona en prisión. Pese a estar obligado por la ley. Las
cárceles serán sanas y limpias dice la Constitución Nacional. Su texto no se
pone en práctica en ninguno de los centros de detención en Argentina. En el
Penal de Magdalena tampoco.
Pepe
Subizar
Agencia
Rodolfo Walsh
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