Por Rodolfo González
Arzac*
El próximo lunes empieza
el juicio oral por el asesinato de Mariano Ferreyra. Es un caso emblemático. Un
crimen político. Un juicio que pondrá en el banquillo de los acusados a diez
civiles y siete policías. Una causa que volverá a poner sobre el tapete, como
lo hizo durante la etapa de instrucción, temas de relieve como la democracia
sindical, la extendida tercerización de los trabajadores y los negocios de
algunos jerarcas sindicales. Carolina Varsky, directora del área de litigio del
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Alberto Bovino, penalista de
larga y reconocida trayectoria; y Maximiliano Medina, abogado del equipo de
Violencia Institucional del CELS; representarán a la familia de Mariano
Ferreyra. Y buscarán que, concluido el pleito, el tribunal dicte 17 condenas,
17 cadenas perpetuas.
– ¿Podrían enumerar a los
acusados y sus responsabilidades?
Medina: –José Pedraza y
Juan Carlos Fernández están acusados de instigar el homicidio, de ser los
autores intelectuales. Pablo Díaz fue el coordinador de la Unión Ferroviaria
(UF) en el lugar de los hechos y máximo referente del gremio ahí. Gustavo Alcorcel,
otro delegado de la UF que colaboraba con Díaz y fue el encargado de hacer
llegar a Favale, el hombre que disparó. Gabriel Sánchez es otro de los que
disparó. Guillermo Uño y Juan Carlos Pérez se encargaron de ocultar las armas
ni bien terminaron los disparos. Y de la UF también tenemos a Salvador Pipito y
a González que son los dos que evitaron la filmación del equipo de C5N.
Bovino: –Eso muestra el
plan. La división de roles. Y que no fue un acto de locura. Estaba todo muy
organizado. Cada uno tenía un papel.
–Y después están los siete
policías…
Bovino: –Sí, porque más
que zona liberada fue un cordón de protección para los ferroviarios. La zona
liberada es que la policía desaparece. En cambio, acá fue como un cordón de
protección para permitir que esto suceda. Con lo cual es más grave. Y ni
siquiera pueden invocar que no sabían lo que estaba pasando.
Varsky: –Hay dos de ellos
que están en la sala de situación mirando la televisión y viendo lo que estaba
pasando.
Bovino: –Y en el momento
en que empiezan los disparos, los policías dejan de usar el sistema de
comunicación donde todo queda grabado y pasan a un equipo que no conserva las
grabaciones. Además, en un momento los ferroviarios se guarecen detrás de un
patrullero.
Varsky: –Y hay siete
minutos importantes, que son cuando ocurren los hechos, que no filman. El
policía acusado alega que se le trabó la máquina, que estaba lejos…
Medina: –Además, es muy
llamativo que tres móviles que estaban separando a los dos grupos se abrieron.
Y después de producidos los disparos, los ferroviarios se fugan por donde
estaba la policía. Porque algunos se habían desplazado a Constitución, pero
todavía había gente. Y sólo actúan cuando los tercerizados van sobre los
ferroviarios después de producida la agresión. Como un cerco protector. Sin el
accionar de la policía el homicidio de Mariano no se hubiese producido.
– ¿Cuáles son los
elementos que prueban que Pedraza fue el autor intelectual del homicidio?
Medina: –Hay una conexión
por intermedio de cruces telefónicos que dan cuenta que Juan Carlos Fernández,
que es el número dos del gremio, mano derecha de Pedraza, hablaba desde la
Unión Ferroviaria continuamente con Pablo Díaz que era el coordinador y máximo
responsable de la Unión Ferroviaria en el lugar de los hechos. También pudimos
determinar que Pedraza, durante todo el día, tenía conocimiento de lo que
estaba ocurriendo ahí.
Bovino: –Y no es que
Fernández estaba en una punta y Pedraza en la otra, sino que consultaba
permanente con Pedraza. Pedraza estaba enterado y opinaba sobre lo que había
que hacer.
Bovino: –Los llamados
coinciden: cada vez que se comunicaban se definía un curso de acción. Todo el
cuadro probatorio concuerda en la misma dirección. Además está el tema de los
tercerizados. En una audiencia, tanto el fiscal como la abogada María del
Carmen Verdú dejaron claro con datos cuál era el movimiento patrimonial, qué
era lo que se perdía y dejaba de ganar con todo el movimiento de los
tercerizados.
Medina: –Por otra parte,
está probado que había conocimiento previo de todo esto por parte de la cúpula
de la Unión Ferroviaria. Y que Díaz articuló la covocatoria y seleccionó
específicamente a quienes iban a cumplir cada uno de los roles.
– ¿Ustedes sostienen que
se trató de un crimen político?
Medina: –Durante la
investigación, se trabajaron distintas hipótesis para verificar cuál fue la
verdadera finalidad de todo esto, la motivación del crimen: por eso decimos que
fue un crimen político. Tuvo como motivación seguir controlando el ingreso de
los trabajadores afiliados a la Unión Ferroviaria. Pedraza no podía permitir
ningún foco opositor y había una masa de trabajadores tercerizados que si
ingresaban al gremio, ellos sabían que eran obreros contrarios a sus intereses.
Por otro lado, está el negocio que significaba para Pedraza la tercerización.
Hay una cooperativa, concretamente, donde está la esposa y otros integrantes de
la primera línea de la Unión Ferroviaria. Ahí hay una masa de dinero que ellos
manejan. El foco de conflicto con los tercerizados generó la posibilidad de que
ingrese una masa de trabajadores relativamente importante a la Unión
Ferroviaria y que ponía en riesgo la hegemonía política de Pedraza.
Bovino: –No es que
quisieron matar concretamente a Mariano Ferreyra. Pero querían dar un mensaje,
un mensaje no individualizado. Un mensaje para el grupo: "A todos ustedes
que son de este grupo, cállense la boca porque les va a pasar lo mismo."
Por otro lado, acerca del negocio que implicaba la tercerización, no olvidemos
que el domicilio de Pedraza es en Puerto Madero.
– ¿De qué forma intentaron
defenderse los ferroviarios ante la Justicia?
Medina: –La defensa de
todos los imputados primero fue: "Nosotros nos congregamos para evitar el
corte de vías porque si los tercerizados cortan las vías los pasajeros se las
agarran con nosotros." Y en realidad, el corte de vías se había evitado
una hora antes. Los tercerizados estaban a tres cuadras del lugar. Y se estaban
desconcentrando. No sé si insistirán. Luego intentaron con el tema de que la
bala que mató a Mariano Ferreyra rebotó en el piso. Intentaron cambiar la
calificación legal, decir que hubo una riña y agresiones mutuas. Por ahora son
todas defensas que no resisten mucho ningún análisis.
– ¿Cómo creen que está
trabajada la causa que llegó a juicio oral? ¿Consiguió sobreponerse al perito
que intentó estropear una prueba y al intento de soborno para que dirigentes
ferroviarios intentaran conseguir la excarcelación?
Bovino: –En primer lugar,
nosotros vimos una voluntad muy fuerte y enérgica en avanzar rápida y
correctamente en la investigación sin cometer nulidades. En la mayoría de estas
causas, uno trabaja un montón de años y después hay un montón de nulidades que
hacen que se caiga todo. Se trabajó muy bien. El fiscal que reemplazó a
Cristina Camaño trabajó de primera y Cristina también. Y la jueza trabajó muy
bien. Y el tribunal del juicio estuvo muy bien en unir los dos juicios: el
asesinato y las responsabilidades policiales. Porque si uno los separa cuenta
una historia diferente a lo sucedido ese día. Es un solo caso.
Medina: –La justicia
trabajó bien. Llegamos a juicio oral con un caso muy sólido.
–Ustedes tienen claro que
esto fue un crimen político y saben que para condenar a los responsables de un
crimen político no se puede descansar hasta que llegue la sentencia. ¿Les
preocupa el poderío que ya desplegó Pedraza y el que puedan desplegar los
policías? ¿Cómo se preparan?
Bovino: –A mí no me
preocupa. Quizás todo esto implique más trabajo, pero no le tengo miedo. Lo que
sí es cierto es que un juicio con 17 defensas es complejo. Nosotros nos
conocemos hace mucho tiempo. Nos preparamos mucho. Hay responsabilidad por ser
abogado de la familia y también por representar al CELS.
Medina: –Es un desafío
enorme. Es un caso emblemático que permite poner en discusión un montón de
cuestiones. Y tenemos, sobre todo, el compromiso con la familia de Mariano
Ferreyra. Lo tomamos también como una militancia personal. «
Un perito cuestionado
El desarrollo de la causa
por el asesinato de Mariano Ferreyra deparó presiones, amenazas y situaciones
llamativas que generaron dos juicios paralelos: uno por intento de soborno a
jueces (ver aparte) y otro porque un perito golpeó y modificó un elemento de
prueba clave: el proyectil que mató a Mariano Ferreyra. "Roberto Rocles
está procesado por el delito de adulteración de un elemento de prueba. Las dos
causas, tanto la del perito balístico Roberto Rocles como la de sobornos, lo
que explican es el intento continuo de entorpecer el desenvolvimiento normal
del proceso", señala el abogado del Cels, y de la familia de Ferreyra,
Maximiliano Medina.
Rocles hizo todo con
descaro: frente a otros peritos, mientras se desarrollaba un segundo estudio al
proyectil. "Se pudo resolver porque siguieron trabajando los mismos
peritos que habían estudiado el proyectil con antelación. Por vías alternativas
se logró llegar a una conclusión pericial. Pero la intención era entorpecer
todo", añade Medina. El peritaje, pedido por la defensa de los imputados,
intentaba demostrar que la bala había rebotado antes de matar al militante del
Partido Obrero. Los estudios muestran que, haya o no rebotado, los homicidas
tiraron a matar.
Una causa anexa por
intento de soborno
La causa del intento de
soborno a jueces para que los dirigentes de la Unión Ferroviaria pudieran
obtener una excarcelación se inició cuando la jueza que investigó el crimen de
Ferreyra, Wilma López, detectó una escucha telefónica donde se aludía a un
presunto ofrecimiento de 50 mil dólares a los jueces para lograr que la causa
fuera adjudicada a la sala III de Casación por sorteo.
Pedraza será indagado
próximamente. También tendrán que declarar como sospechosos el ex juez federal
subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, el contador del gremio ángel Stafforini y
el empleado de Casación Luis Ameghino Escobar (h). Ya pasó por el juzgado Juan
José Riquelme, quien actuaba como intermediario. El agente de la Secretaría de
Inteligencia hacía los arreglos con Aráoz de Lamadrid, quien defendía a uno de
los imputados, Guillermo Uño. Aráoz, además, es un viejo conocido del juez
Eduardo Riggi, quien habló telefónicamente con Riquelme. Los diálogos muestran
que Riquelme decía haber tratado con otro ex camarista, Gustavo Mitchell.
* Publicado en Tiempo
Argentino el 3/08/2012
