Nicho igualitario

Este aviso era impensable  

en las páginas del diario La Nación antes de julio de 2010.

En enero de ese año, 

La Nación cumplió 140 años desde que 

lo fundara Bartolomé Mitre.

Como parte de la celebración hicieron

un raconto de los hechos que el diario

considera fundamentales en su historia

desde aquel 4 de enero de 1870.

Sin embargo,

La Nación omite mencionar entre esos ítems

el golpe militar del 24 de marzo de 1976

y la apropiación de Papel Prensa de la que participó.

Tal vez 

en un próximo aniversario

este aviso fúnebre 

debiera formar parte 

de la lista de hitos fundantes

desde el nacimiento del diario La Nación.

Civiles y militares

-Abril de 1985-

"Los diarios del 30 de Mayo publicaron ese juicio de Arguindegui, junto con las opiniones vertidas por el jefe del Regimiento de Infantería Aerotransportada 17 de Catamarca, coronel Adolfo Patricio Etcheum. El oficial honró a quienes combatieron en los montes tucumanos al enemigo marxista y ateo que pretendió cambiar la bandera azul y blanca por un trapo rojo y anunció que el Ejército estaba alistado para detener cualquier agresión interna y externa.
 
A medida que transcurrían los meses sin que el Consejo Supremo avanzara en las investigaciones ordenadas por el decreto presidencial 158 la credibilidad del gobierno mermaba. Borrás llegó a gestionar ante un amigo, estrechamente vinculado con la UCR, quien había cumplido importantes funciones políticas en los regímenes de Lanusse y Videla, una solicitud para que el ex dictador se alejara un tiempo del país. El emisario se negó a portar ese mensaje.
 
A fines de junio se produjeron en Córdoba dos episodios que desencadenaron la primera crisis castrense desde la instauración del nuevo gobierno. El 25 de junio un grupo de oficiales respaldados por el Comandante del Cuerpo III, general Pedro Pablo Mansilla, se amotinaron para pedirle al juez federal Julio Miguel Rodriguez Villafañe que se dejara de importunar a sus camaradas en actividad, los capitanes Gustavo Adolfo Alsina y Enrique Mones Ruiz, contra quienes había dictado la prisión preventiva por homicidios alevosos. Rodriguez Villafañe no fue insensible a la rogatoria. Se declaró incompetente y remitió el expediente al Consejo Supremo, que dispuso la libertad de Mones Ruiz y Alsina como ya había hecho antes con Bignone.

En agosto el Consejo puso también en su lugar a otro juez federal de Córdoba, Gustavo Becerra Ferrer, quien había ordenado el procesamiento y la detención del mayor Ernesto Guillermo Barreiro, de los capitanes (R) Héctor Pedro Vergez y Jorge Ezequiel Acosta, del agente civil de inteligencia José Arnoldo Chuby López y del suboficial Luis Manzanelli, por los tormentos y el homicidio contra la detenida María Luz Mujica de Ruartes, un caso investigado por la pertinaz y diminuta abogada del Servicio de Paz y Justicia María Elba Martínez. El ministro Borrás viajó a Córdoba y conversó con el juez. Becerra Ferrer se declaró incompetente, y el Consejo Supremo les restituyó la libertad ambulatoria. Volvería a actuar así cada vez que fuera necesario.

Mones Ruiz y Alsina nunca llegaron a estar detenidos, Barreiro sí, el procedimiento nunca trascendió, consistió en capturarlo mientras dormía en su destino del Cuerpo 5. Participó de la sorpresiva operación el secretario de defensa Horacio Jaunarena. Su nombre volvería a las primeras planas casi tres años después".

-Febrero de 1987-

"La misma tarde en que los marinos recibían trato de ciudadanos por la Justicia y mientras Rios Ereñú conferenciaba con los mandos en el Estado Mayor, 70 oficiales en actividad manifestaron bajo un chaparrón de verano en la esquina del barrio militar de Baez y Matienzo en solidaridad con el capitán Enrique Mones Ruiz, citado por la Cámara Federal de Córdoba. Algunos vestían su uniforme. Se quejaron de la conducción militar durante la dictadura y de la actual, de los bajos salarios y del golpismo.
 
El laberinto jurídico creado por la Cámara de Córdoba al entender por separado en dos causas en las que se trataban los mismos casos y se perseguía a los mismos procesados, mostró una nueva bifurcación, cuando el defensor del capitán Gustavo Adolfo Alsina presentó un pedido de inhibitoria, en la causa Conadep-La Perla, por entender que la competencia correspondía al Consejo Supremo, que ya la había reclamado. La indagatoria fue suspendida, igual que la de Mones Ruiz, en un galimatías jurídico que poco después fue refutado por la Corte Suprema.

Pero antes de ello Alsina y Mones Ruiz habían ocupado la atención de Rios Ereñú y del ministro de Defensa Horacio Jaunarena durante más de una semana. Alsina estaba procesado por los tormentos seguidos de muerte del médico José René Mokarzel, estaqueado en el patio del penal con cinco grados bajo cero el 14 de julio de 1976, en castigo por haber recibido un paquete de sal de otro recluso. Según la denuncia de testigos, durante doce horas fue golpeado y se le arrojaron baldes de agua sobre el cuerpo desnudo.

Mones Ruiz debía responder por el homicidio de Raúl Augusto Bauduco, el 5 de julio de 1976, representativo del modo arbitrario y discrecional en que se disponía de la vida de un ser humano. Durante una requisa Bauduco fue golpeado con bastones de goma y obligado a permanecer con los brazos contra la pared. Al cabo de dos horas no pudo sostener la posición.

- Levantalos o te mato, le gritó el cabo Miguel Ángel Pérez.
- No puedo señor, respondió Bauduco.
 
Pérez solicitó autorización. Mones Ruiz la concedió. El suboficial disparó a quemarropa a la cabeza del preso. 'Quiso arrebatarle el arma' informó luego Mones Ruiz.
 
Dada la gravedad de los hechos la inquietud de Mones Ruiz y Alsina era comprensible. La prensa, que se hizo eco de ella, no ofreció todos los detalles de la situación.
 
Todos los diarios de Buenos Aires reprodujeron fragmentos de la declaración entregada en la agencia Diarios y Noticias por oficiales del Ejército en apoyo de sus camaradas Alsina y Mones Ruiz, a los que 'se pretende sacrificar a una justicia mal entendida'. Añadieron que estaban decididos a defenderlos 'hasta la entrega de nuestra propia vida'.

Lo más interesante de la proclama es que su ataque no se dirigía primordialmente al poder político, en cuya consolidación decían estar interesados, sino contra Ríos Ereñú y los altos mandos del Ejército. 'La actual cúpula militar formaba parte de las Fuerzas Armadas durante la guerra contra la subversión, ocupando puestos de significativa trascendencia', afirmaron. 'La legalidad que en ese momento no exigieron a las sucesivas juntas militares pretenden ahora imponérsela a subalternos que se limitaron expresamente a cumplir órdenes sin rehuir jamás el combate frente al enemigo de la Nación'.
 
Los solidarios con Alsina y Mones Ruiz que vestidos de uniforme llevaron la proclama a la agencia  Diario y Noticias fueron los propios Alsina y Mones Ruiz. El tercer hombre que los acompañó en la arriesgada misión no fue el suboficial Pérez, sin el mayor Ernesto Guillermo Barreiro, que tenía en el tema un interés tan ostensible como ellos: estaba procesado desde hacía dos años por decisión del juez federal Gustavo Becerra Ferrer por delitos atroces cometidos contra presos de La Perla, y como pronto se vería dispuesto a todo para no tener que explicar su comportamiento como jefe de interrogadores del Destacamento de Inteligencia 141 entre 1976 y 1979".

-Abril de 1987-

"Cuando subió al avión que lo condujo de regreso al Vaticano, terminó una tregua de una semana. Ya había cuatro oficiales del Ejército en actividad con prisión preventiva rigurosa, decretada por la Cámaras Federales de Capital, Mendoza y Córdoba, cuando el miércoles 15 la última de ellas citó a prestar declaración indagatoria al mayor Barreiro.

El ex jefe de interrogadores del campo de concentración del Cuerpo del Ejército III se refugió en el Regimiento de Infantería Aerotransportada 14 y anunció que no concurriría. El jefe del Regimienot, teniente coronel Luis Polo se negó a detenerlo. El Comandante del Cuerpo, general Antonio Fichera, dió la orden de apresarlo a otras unidades de la guarnición y aunque nadie contestó que la desobedecería, nadie tampoco la cumplió. Fichera comunicó entonces que el Cuerpo acataba a las autoridades y los mandos del Ejército, salvo si se les encomendaba atacar el RI 14, para no fracturar la cohesión de la fuerza.

Así comenzó la rebelión de Semana Santa. En Buenos Aires, la Escuela de Infantería había sido tomada por el teniente coronel Aldo Rico, un comando que llegó hasta allí luego de abandonar su destino en el Regimiento de Infantería 18 de Misiones, en la frontera con Brasil. Jefe de la Compañía de Comandos 602 que combatió en Malvinas, donde fue condecorado, varias veces sancionado durante su carrera por actos de indisciplina, trato irrespetuoso con los superiores y dificultades de integración, Rico demandó desde allí la remoción de Ríos Ereñú y lo que llamó una solución política para los oficiales de la guerra sucia. Dos semanas antes  Rico  había discutido con Barreiro en un pizzería del Barrio Norte los pormenores de la sublevación".


(En "Civiles y Militares, memoria secreta de la transición", Horacio Verbitsky, Editorial Contrapunto, 1987, págs 90/344/345/360.)

De Lagunas del Sol al penal de Ezeiza

Por Diego Martínez *

El coronel Aldo Mario Alvarez estuvo prófugo siete años y medio. La Policía de Seguridad Aeroportuaria lo detuvo mientras intentaba escapar de una casa de Laguna del Sol, un barrio cerrado en Los Troncos del Talar. Integró la plana mayor del V Cuerpo en los primeros años de la dictadura.

Alvarez detenido por la PSA, 2 de diciembre de 2014. Foto Infobae.

El coronel retirado Aldo Mario Alvarez, ex jefe de Inteligencia del Cuerpo V de Ejército, prófugo durante siete años y medio, fue detenido el martes por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) mientras intentaba escapar de su refugio en Laguna del Sol, un barrio cerrado en Los Troncos del Talar, al norte del Gran Buenos Aires. El traslado frustrado de uno de los principales responsables de la represión ilegal en Bahía Blanca, que había huido a tiempo ante operativos similares en 2011 y 2013, tenía lugar semanas después de que su ex esposa y una amiga de su hija fueran indagadas por el posible delito de encubrimiento. El ex militar de 88 años fue trasladado al hospital del penal de Ezeiza y en los próximos días deberá prestar declaración indagatoria por secuestros, torturas y homicidios cometidos desde antes del golpe de Estado hasta fines de 1977.

Alvarez en La Nueva Provincia, diciembre de 1974

Egresado del Colegio Militar como oficial de informaciones, Alvarez fue jefe del departamento Actividades Psicológicas de Ejército durante la dictadura de Juan Carlos Onganía. Pasó por la SIDE y llegó a Bahía Blanca en 1974 como jefe del Departamento II Inteligencia. Junto con el general Juan Manuel Bayón, jefe de operaciones, y el coronel Hugo Fantoni, de personal, ambos condenados, Alvarez integró la plana mayor del Cuerpo V en los primeros años de la dictadura. Sólo rendía cuentas al comandante, general Osvaldo Azpitarte, y a los segundos, Adel Vilas en 1976 y Abel Catuzzi en 1977, que murieron impunes. De Inteligencia dependía la estructura encargada de juntar información, infiltrarse en todos los ámbitos de la sociedad civil, interrogar a secuestrados y montar operaciones de acción psicológica para encubrir desapariciones y manipular a la opinión pública con la colaboración del diario La Nueva Provincia.

Alvarez en el Juicio por la Verdad, año 2000.

Citado a indagatoria en 1987, Alvarez dijo que “la información que se producía en los LRD (lugar de reunión de detenidos, nombre técnico de los centros clandestinos) nunca llegó a mi departamento porque no era de mi interés ni hacía a mi función”. Afirmó que se dedicó de lleno a plantear la guerra con Chile por el Beagle. La Cámara Federal de Bahía Blanca lo procesó, pero poco después se benefició con la ley de obediencia debida. En 2000, en el Juicio por la Verdad, reiteró sus dichos y dijo que “todo lo referido a la tarea antisubversiva estaba a cargo del Destacamento de Inteligencia que presidía (el coronel Antonio) Losardo”. Sus propios subordinados pusieron al descubierto la falacia. Julián Corres, que administraba la picana en La Escuelita, dijo que dependía “del coronel Alvarez, G2 del Cuerpo V”. Emilio Ibarra, jefe del “equipo contra la subversión”, declaró que “las informaciones (para los operativos) las suministraba el G2”. En el primer juicio a represores bahienses fueron condenados el segundo de Alvarez, coronel Walter Tejada, y los oficiales de Inteligencia Carlos Taffarel, Norberto Condal y Jorge Granada.

Los Troncos del Talar, último refugio del represor.

En 2006 los fiscales Hugo Cañón y Antonio Castaño pidieron su detención por todos los delitos del Cuerpo V entre 1975 y 1977. El juez Alcindo Alvarez Canale la ordenó en mayo del año siguiente. Cuando fueron a buscarlo ya no estaba. Como informó Página/12 en 2008, Alvarez fue gerente de la Agencia de Investigaciones Alsina SRL hasta 1998 y dueño hasta 2000, cuando le cedió dos tercios de las acciones a su yerno Rubén Héctor Burgos. Como socio con el otro tercio se sumó Juan Balanesco, dado de baja de la Policía Federal. Después, Burgos le cedió la mitad de su capital en Alsina a la esposa del coronel, Elizabeth María Icazatti, quien en 2007, cuando Alvarez iniciaba su vida de prófugo, le devolvió las acciones y el cargo de gerente. Alvarez y el cuñado Burgos eran además vecinos en Laguna del Sol. El country fue allanado en 2011 a pedido del fiscal Abel Córdoba. El coronel alcanzó a huir y olvidó la billetera. El año pasado, a pedido de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani, se reiteraron los allanamientos sin suerte. El martes se habían librado las órdenes de allanar, los hombres del coronel intentaron sacarlo, pero la PSA les ganó de mano y lo detuvo en la puerta del selecto country Laguna del Sol.

Aldo Mario Alvarez, 2 de diciembre de 2014. Foto PSA/Infobae.

* Publicado en http://bahiagris.blogspot.com.ar/2014/12/de-lagunas-del-sol-al-penal-de-ezeiza.html

Las añoranzas de La Nación

Un Estado tonto 

que participe mudo en el reparto desigual 

de papel para diarios 

como socio en Papel Prensa.

Una agencia Télam 

que solo funcione eficientemente 

como distribuidora publicitaria 

de los avisos del Estado 

en los medios hegemónicos.

Una Radio Nacional 

que transmita música clásica, 

la misa de los domingos, 

un breve noticiero cada hora 

solo con información del exterior, la hora y la temperatura.

Una Televisión Pública 

que ponga la infraestructura y el presupuesto 

para que los privados hagan negocios con su pantalla 

a costo cero.

Bergogliadas

"En algunas ocasiones la luz verde fue dada por los mismos obispos. El 23 de mayo de 1976 la infantería de Marina detuvo en el barrio del Bajo Flores al presbítero Orlando Iorio y lo mantuvo durante cinco meses en calidad de 'desaparecido'. Una semana antes de la detención, el arzobispo Aramburu le había retirado las licencias ministeriales, sin motivo ni explicación. Por distintas expresiones escuchadas por Iorio en su cautividad, resulta claro que la Armada interpretó tal decisión y posiblemente, algunas manifestaciones críticas de su provincial jesuíta Jorge Bergoglio, como una autorización para proceder contra él.  Sin duda los militares habían advertido a ambos acerca de su supuesta peligrosidad".

*******

..."En el número 259, de diciembre de 1976, la revista del Centro de Investigación Social y Acción Social (CIAS), de los jesuítas, publicó un artículo del P. Vicente Pellegrini, S.J., titulado 'Los derechos humanos en el presente contexto sociopolítico de la Argentina', que reprodujo La Opinión en su suplemento semanal del 30 de enero  al 5 de febrero de 1977. Por ese motivo la dictadura militar clausuró al diario de Timerman por tres días. No hizo lo mismo con la revista, de escasa circulación, pero Pellegrini optó por irse un tiempo del país. En esa época era asesor de la Comisión Nacional de Justicia y Paz.

Leído en la actualidad, después de todo lo sabido, dicho y publicado, el artículo de Pellegrini parece una novela rosa. Pero considerando el terror impuesto por la dictadura, para quienes sabían interpretarlo, significaba una crítica severa y valiente a los métodos utilizados por esta. Son singularmente valiosos los párrafos dedicados a la tortura: 'debemos impedir -expresa- la degradación de las fuerzas armadas por el uso de la tortura. Esto debe ser impensable para la hidalguía militar. Convertir a un militar de honor, cuyo ideal es luchar por la justicia, en un en un vulgar torturador, sería la mayor victoria del terrorismo'. Evidentemente estas frases no podían sonar bien en los oídos de la junta militar, degradada en la orgía siniestra de atormentar salvajemente a indefensos prisioneros.

No era imaginable en ese momento para la mayoría de los argentinos el genocidio que estaban cometiendo las fuerzas armadas. Por eso Pellegrini decía: 'Hay también una forma de tortura que los obispos argentinos enumeran: tortura para los familiares que consiste en detenciones prolongadas, sin posibilidad de obtener noticias sobre el desaparecido...".

La revista del CIAS no volvió a reincidir por mucho tiempo. Por otra parte la prevalencia del P. Jorge Bergoglio y su grupo dentro de la Compañía de Jesús fue disminuyendo la vitalidad del centro...".

*******

..."Conozco detalladamente la detención, 'desaparición' y liberación de los sacerdotes jesuitas Orlando Iorio y Francisco Jálics. Ambos residían en el barrio de emergencia del Bajo Flores y fueron detenidos al mediodía del domingo 23 de mayo de 1976, con la intervención de más de cincuenta efectivos de la infantería de Marina, mientras oficiaba misa el presbítero Gabriel Bossini. Aparecieron anestesiados en un bañado de Cañuelas cinco meses más tarde, el 23 de octubre. Según información de los vecinos fueron depositados durante la noche por un helicóptero. De acuerdo con su relato fueron mantenidos tres días en la escuela de mecánica de la Armada -que reconocieron-, amarrados y encapuchados. Luego los trasladaron a una casa quinta en Don Torcuato, donde estuvieron encapuchados, engrillados y esposados el resto del tiempo, pero sin ser sometidos a torturas. En declaraciones judiciales y ante la CONADEP, el presbitero Iorio, en la actualidad incardinado en la diócesis de Quilmes, fue interrogado sobre Mónica Quinteiro, María Marta Vásquez de Lugones y posiblemente mi hija Mónica.

El 1° de julio me recibió el almirante Oscar Montes, entonces jefe de operaciones navales y luego ministro de Relaciones Exteriores, junto con el señor José María Vásquez, padre de María Marta. Negó saber nada sobre nuestras hijas pero admitió que los sacerdotes Iorio y Jálics habían sido detenidos por la infantería de Marina.  Entre tanto, Massera negaba la participación de su arma. Transmití la información de Montes, en septiembre de ese año, al coronel Ricardo Flouret el cual -me dijo- informaría de la novedad al general Videla, por orden de quien estaba instruyendo un sumario.

He comentado ya la dudosa intervención en la detención de estos clérigos del cardenal Aramburu y del provincial de los jesuitas, Jorge Bergoglio".

Emilio F. Mignone

"Iglesia y Dictadura"

"El papel de la iglesia a la luz de sus 

relaciones con el régimen militar".

Ediciones del pensamiento Nacional

Buenos Aires (1986)