Fútbol para Menos

Cuando se discute sobre la finalización del contrato del Fútbol para Todos y la búsqueda de una nueva forma de emisión de los partidos del fútbol argentino, lo que se está discutiendo es el desempoderamiento de los trabajadores iniciado el 10 de diciembre de 2015.

La discusión real no es sobre nuevas formas de transmisión. Ni sobre adelantos tecnológicos. Ni sobre derechos de emisión. Ni sobre el precio del fútbol. Ni sobre la pauta de programación. Ni sobre la venta al exterior de los partidos del fútbol argentino.

La discusión real es sobre las formas del desempoderamiento de los trabajadores y de los clubes de las distintas divisiones de todo el fútbol argentino.

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Al Estado no le conviene deshacerse de la herramienta de comunicación que significa Fútbol para Todos.

El Estado tiene en el Fútbol para Todos una herramienta multiplicadora de recursos sin precedentes. La pauta publicitaria. 

Tan solo regirando la pauta televisiva del Estado y ubicándola en la tanda del entretiempo de los partidos de Fútbol Para Todos, se multiplican las partidas presupuestarias: con un mismo dinero se anuncia por televisión y se subvenciona la vida de los clubes de fútbol ligados a la AFA.

¿Por qué se correría del contrato sobre los derechos de transmisión?
 
A los clubes no les conviene que el Estado se retire como pagador del contrato por la televisación del fútbol.

Cuando el Estado es el encargado del pago de los derechos de la televisación de los torneos de la AFA, los clubes se garantizan el cobro de sus derechos. 

No hay forma de que el Estado no pague: es él mismo quien tiene a su cargo la emisión de moneda argentina.

¿Por qué los clubes correrían al Estado del contrato sobre los derechos de transmisión?
 
Ni los dueños de los canales deportivos ni a los dueños de los canales de aire les conviene convertir a las transmisiones de partidos de fútbol de AFA un espectáculo pago por cable.

Se puede comprobar fácilmente con solo realizar el siguiente ejercicio que lo confirma: 


Elija el lector un partido cualquier de una Copa del verano en Mar del Plata, Salta o Miami de enero de 2017. 

A todos los televisó Fox, una de las empresas interesadas en hacerse cargo de los derechos de televisación de lo que fueran las transmisiones de Fútbol para Todos hasta el año pasado.

Según las mediciones de Sifema, que mide el cable por rango horario, ningun de esos partidos superó los tres puntos de rating.

Y esos tres puntos fueron obtenidos con un público que accedió al cable. No cuesta imaginar que si los televidentes debieran agregar un costo extra (pay per view) al pago de la cuota por el uso del cable, los puntos de rating serían menos aún.

En un sistema pago de televisión, el cobro del derecho televisivo por parte de los clubes va de la mano del cobro del servicio a sus abonados por parte de los canales que compran el derecho de emisión. Dicho de otro modo: para que los clubes que venden los derechos de transmisión cobren, primero es necesario que el comprador de los derechos les cobre a los televidentes que van a ver los partidos.

Cualquier pauta publicitaria se valoriza en la medida en que sucede alguna de estas dos cosas: O crecen los niveles de audiencia; o crece el nivel del poder adquisitivo del televidente. Ninguna de esas dos cosas suceden actualmente en la televisión, ni en la abierta ni por cable.


La efectividad de la pauta debe estar en relación con el nivel de consumo del televidente. En el marco de una economía en recesión desde hace más de un año eso no aparece como una apuesta interesante, rentable ni efectiva.



¿Cómo se explica que el Estado participe de las gestiones por la compra de los derechos que está interesado en abandonar? 
Es como si un inquilino que rescinde el contrato de alquiler   de una propiedad participara de una reunión para elegir al nuevo inquilino. Y, además, lo hiciera como condición para abonar los alquileres impagos.

Finalmente: no es verdad que se busque un torneo de menos equipos para hacerlo más vendible en el país y en el exterior. 

Lo que quieren hacer es un torneo de menos equipos para que cobren un porcentaje mayor los que partipen.

Desmantelan el Fútbol para Todos porque quieren menos trabajadores ejerciendo el derecho al esparcimiento. Y menos clubes con posibilidades de inclusión.

Eso es el nuevoviejo proyecto de televisación privada de partidos de la AFA. 

Menos televisión inclusiva. Fútbol para Menos.

El pacto político, judicial y mediático

Señor Juez Federal:

Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, DNI 10.433.615, por mi propio derecho, con domicilio en Mascarello 441, Río Gallegos,  Provincia de Santa Cruz , con el patrocinio letrado de la Dra. Romina de los Ángeles Mercado (T º 58 Fº 33) constituyendo domicilio en Avenida Presidente Néstor Carlos Kirchner 496 de esta ciudad y constituyendo domicilio electrónico en 27243364138: a V.S. me presento y digo:

I. Objeto

 

1) Que, en los términos de los arts. 174 y sgtes. del CPPN, vengo a formular denuncia con motivo de los hechos que serán descriptos en el capítulo siguiente, los cuales prima facie encuentran recepción típica en los arts. 153, 248 Y 261 del Código Penal. Ello sin perjuicio de las demás calificaciones legales que deban aplicarse con motivo de la investigación cuya apertura se requiere. 

2)  En virtud de que me encuentro particularmente damnificada por los delitos denunciados, requiero que se me asigne el rol de parte querellante de conformidad con lo que establecen los arts. 82 y sgtes del ordenamiento de rito. 

 

II. Los Hechos

a. Antecedentes. 

A partir del día 10 de diciembre del año 2015, fecha en la cual, como es de dominio publico, finalicé mi mandato como Presidenta de la Nación, vengo siendo objeto de una feroz campaña de persecución política, mediática y judicial que no registra antecedentes en la historia democrática de nuestro país. 

Por un lado, se me han formulado una serie de falsas denuncias por supuestos graves delitos que los medios de comunicación hegemónicos reproducen y amplifican en forma diaria. 

Por el otro, desde el Poder Ejecutivo Nacional, se llevan a cabo maniobras coordinadas y convergentes con tal estrategia, filtrando, a través de las fuerzas de seguridad y el Ministerio que las conduce, información reservada de tales actuaciones judiciales. Tal circunstancia dio lugar a que formulara la correspondiente denuncia penal, sin que hasta el presente lamentablemente tal investigación haya obtenido resultado alguno (Expte. Nº 9895/16 del registro del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4, Secretaría Nº 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Finalmente y de manera subrepticia, también vengo siendo víctima de maniobras de seguimiento que se practican sobre todos los movimientos que realizo, ya sea en el ámbito de esta provincia así como también cuando debo trasladarme a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

No es ningún secreto que ciertos sectores de los servicios de inteligencia que desplacé de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) se mantienen activos y no puedo descartar su vinculación con las actuales autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), todo ello bajo el amparo de la Presidencia de la Nación. Como es de dominio público, con claros ribetes de escandalo institucional, su actual titular Gustavo Arribas es un hombre de la más íntima confianza del primer mandatario. 

Vale la pena recordar que el Ing. Mauricio Macri estuvo procesado por el delito de asociación ilícita perpetrado cuando encabezó el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello con motivo de la conformación de una estructura de inteligencia paralela dedicada a las escuchas ilegales (causa Nº 12.466/2009 del registro del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, Secretaría Nº 13, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

Sólo tras el cambio de Gobierno y merced a la existencia del pacto político, judicial y mediático al que antes hiciera referencia, el Ing. Macri terminó siendo sobreseído por la justicia federal, insisto, al día siguiente de que asumiera la Presidencia de la Nación, pese a que quedo plenamente acreditado la existencia del sistema de escuchas ilegales en el ámbito del gobierno de la ciudad de Bueno Aires.     

 

b. La denuncia.

1. En los últimos días ha sido intensamente difundida y publicada, en distintos medios periodísticos, una conversación telefónica entre el Dr. Oscar Parrilli y la suscripta. 

Concretamente el pasado día lunes , en el programa que conduce Luis Majul, tales conversaciones fueron ampliamente difundidas. Acompaño al presente una copia digital de la parte pertinente del audio en cuestión.

Tales conversaciones, según publican los medios en cuestión, habrían sido obtenidas a partir de una supuesta intervención telefónica ordenada en el marco de una causa penal en trámite por ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que se investigaría algún tipo de participación del Dr. Oscar Parrilli en una presunta maniobra de encubrimiento respecto de Esteban Pérez Corradi. 

Me permito en este punto formular una digresión: el Dr. Oscar Parrilli ex titular de la AFI estaría siendo investigado de acuerdo a lo manifestado por el Juez interviniente en la causa, por que el mismo habría(seguimos siempre en el potencial de los “investigadores”) evitado detener durante el desarrollo de la ultima campaña presidencial y ello en razón, por que según publicas declaraciones de importantes funcionarios y funcionarias de este gobierno y dirigentes de la alianza cambiemos, el señor Pérez Corradi acusado entre otras cosas del triple crimen en la causa de la efedrina iba a involucrar a funcionarios de la administración del anterior gobierno. Hete que que el señor fue detenido el 16 de Junio del 2016 y la conversación divulgada fue grabada casi un mes después de dicho hecho. Es mas, cuando la jueza interviniente en el caso le tomo declaración a los únicos funcionarios que menciono fue a la jueza federal Arroyo Salgado y al ex senador de la UCR Ernesto Sanz, a la primera por haberle pedido supuestamente una coima de medio millón de dólares, para evitar encarcelarlo y al segundo de doscientos mil dólares para cambiar su voto en el consejo de la magistratura. 

No se conoce ninguna causa judicial iniciada al respecto y mucho menos que se halla ordenado alguna escucha sobre los denunciados por Pérez Corradi. Lo que si se supo es que la jueza le dicto la falta de merito por su presunta intervención en el triple crimen. Como vera V.S. se trata de una digresión “ma non tropo”, lo reseñado realmente ocurrió y nos exime de hablar en potencial como es costumbre permanente en medios hegemónicos articulados milimétricamente con vastos sectores del poder judicial.

2. Sentado cuanto precede y más allá del carácter provisional que tienen los hechos relatados, resulta indudable que estamos en presencia de un grave hecho delictivo perpetrado en mi contra y que se inscribe en la campaña referida en el punto anterior.

En efecto, en primer lugar nada tengo que ver con la causa penal en la cual se habrían ordenado las escuchas telefónicas antes referidas. 

En segundo término, también resulta claro que la conversación grabada y difundida masivamente tampoco guarda relación alguna con el objeto de tales actuaciones.

En tercer término, cabe destacar que las actuaciones labradas en el marco de una causa judicial tienen carácter reservado (art. 204, CPPN); mucho más aún si se refiere a conversaciones telefónicas realizadas con quien, como es mi caso, no tiene vinculación alguna con la causa penal.

En definitiva, resulta más que evidente que nos encontramos frente a una maniobra de claro carácter criminal, la cual   –como se dijo- pone al descubierto de manera aún más fidedigna del componente mafioso que vincula a sectores del poder político, con algunos estamentos de la justicia federal, todo ello con la participación, articulacion y protección de los medios hegemónicos de comunicación.

3. A primera vista el hecho denunciado encuentra recepción típica en el art. 153, primero, tercero y último párrafo, del Código Penal. 

Al respecto debe ponderarse que esta figura es relativamente novedosa en el ordenamiento de fondo puesto que su incorporación data de junio de 2008, a raíz de la sanción de la Ley 26.388, estableciéndose la punición de quien interceptare o captare comunicaciones telefónicas, siempre y cuando sean “indebidas”.

Corresponde aclarar aquí que una intervención telefónica debe considerarse indebida, en los términos de la norma prevista en el art. 153 del Código Penal, cuando resulta a todas luces injusta o ilícita. 

Esta claro aquí que las intervenciones telefónicas supuestamente ordenadas en el marco de la causa en la que se investiga a Esteban Pérez Corradi nada tienen que ver con la conversación divulgada y, por ende, pone en evidencia el grado de ilegitimidad tanto en el registro de la misma como en su divulgación.

    

Por otro lado, la intervención de funcionarios públicos en abuso de sus funciones requiere considerar en la especie no sólo la figura de abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público (art. 248, CP) sino también la ilegítima utilización por parte de aquéllos de recursos estatales con fines que nada tienen que ver su misión (art. 261, CP).

4. Resulta insoslayable señalar que a esta altura de los acontecimientos nadie se hace cargo de la escandalosa e ilegal divulgación. Ni la Corte Suprema de Justicia de La Nación, quien por acordada 2/2016 crearon, organizaron y fijaron las funciones de la Dirección de Captación de Comunicaciones de Poder Judicial de La Nación y designaron a los funcionarios responsables de la misma.

Ni tampoco el juez interviniente de la causa que organizo las escuchas, ni el fiscal interviniente en la misma y posterior denunciante sobre el contenido de dichas escuchas.

Y lo que es peor aun: la AFI a la que según el juez se le remitieron las escuchas, también dice que no tuvo nada que ver en la divulgación de las mismas.

Un verdadero escandalo institucional sin entrar, en este momento procesal, en mayores análisis de las violaciones a leyes y derechos personales que se han cometido y que oportunamente se deberán investigar y castigar a quien o quienes resulten responsables.

5. Si bien el hecho descrito parece tener su epicentro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a esta altura inicial de la investigación no puede descartarse que la maniobra que se debe investigar tiene ramificaciones en distintas jurisdicciones, en particular en la provincia de Santa Cruz en la cual tengo mi domicilio real y desarrollo mis actividades habituales.

Además, la divulgación de la supuesta conversación fue llevada a cabo a través de medios periodísticos de alcance nacional.

Por tales razones, corresponde que la apertura de la pesquisa se lleve a cabo en esta jurisdicción, sin perjuicio de que las ulteriores diligencias sumariales puedan imponer una modificación de tal temperamento. 

En otras palabras, posponer esta investigación a partir de discusiones procesales sobre los criterios de competencia territorial aplicables en la especie, conspiraría gravemente contra los principios de celeridad y recta administración de justicia. Mucho más aún si, como en el caso, se trata de conductas atribuibles a funcionarios públicos que ejercen importantísimas funciones y que, por lo visto, han sido malversadas ingresando así en el catálogo de delitos calificados como “corrupción” según los instrumentos internacionales suscriptos por nuestro país.

III. Prueba

 

A efectos de acreditar los hechos descriptos, solicito que se practiquen las siguientes diligencias:

a. Se me cite a ratificar esta presentación a primera audiencia.

b. Se incorpore la prueba documental que será acompañada en la oportunidad indicada en el punto precedente.

c. Se practiquen todas las diligencias sumariales que conduzcan al más rápido esclarecimiento del hecho y la sanción de sus autores, cómplices y encubridores.

IV. Petitorio

 

Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:

1. Se tenga por presentada esta denuncia y por constituido el domicilio indicado. 

2. Se me confiera el rol de parte querellante.

3. Se practiquen las diligencias sumariales indicadas y todas aquéllas que conduzcan al esclarecimiento del hecho. 

4. Se cite a prestar declaración indagatoria a las personas que resultan responsables y se dicte a su respecto los autos de mérito correspondientes, debiéndose elevar oportunamente las actuaciones a la instancia oral. 

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.

Patrones de conducta

Por Sebastián Premici (@spremici) *

Dolores Etchevehere, hermana del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), decidió hablar por primera vez sobre el entramado de defraudación y evasión tributaria protagonizado por Luis Miguel Etchevehere, sus otros hermanos, Juan Diego, presidente de la Fundación Pensar de Entre Ríos y actual funcionario del Enacom, Arturo Sebastián, ex directivo de Adepa, y su madre, Leonor Barbero. La primera aproximación a este reportaje fue en Paraná, el pasado 19 de noviembre, cuando la denunciante asistió a una de las presentaciones del libro “De Patrones y Peones, los aliados esclavistas de Mauricio Macri” (cuyo autor es quien escribe este artículo), y dio cuenta en público de las causas penales que tramitan en los fueros ordinario y federal de Entre Ríos contra el Grupo Económico Etchevehere. Una de las causas tuvo varios movimientos relevantes en diciembre, antes del inicio de la feria judicial: dos allanamientos a la empresa Las Margaritas SA, clave en toda la causa Etchevehere, mientras que el juez Pablo Nicolás Zoff –suplente del juzgado de Transición Nº2 de Entre Ríos– firmó el pedido de indagatoria contra todo el Grupo Económico por el delito de estafa por administración fraudulenta.

- ¿Por qué sostiene que el presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, lleva adelante una sistemática estafa empresarial y al fisco?

–Esto que comenzó como una cuestión familiar a partir de una sucesión luego de la muerte de mi padre, cambió cuando personas allegadas de Paraná me informaron que había movimientos extraños en los campos, irregularidades contables, jurídicas, y escriturales. Como soy accionista de unas de las empresas (Las Margaritas SA), me caben derechos y obligaciones, decidí ver qué pasaba.

- ¿Y qué encontró?

–Ya van siete años y medio de estafas. Las Margaritas SA tomó créditos a través del Banco Itaú para sembrar soja, con un plan de promoción de siembra con tasa subsidiada por el Banco Central, por 250.000 dólares. Pero resulta que ese dinero fue desviado a las cuentas de otras sociedades, una de ellas Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), que es la editora de El Diario de Paraná. En ese momento (2012), la mayoría accionaria de SAER la tenía el empresario Walter Grenón (60 por ciento), mientras que el 40 por ciento restante pertenecía al Grupo Etchevehere. Dentro del patrimonio de SAER había 18 inmuebles, empresa que fue vaciada. De esos bienes, 10 fueron transferidos a dos sociedades de Grenón (Nexfin y Urbajay) y 8 fueron derivados a Construcciones del Paraná SA, constituida por el Grupo Económico Etchevehere al solo efecto de recibir esos inmuebles. La Procelac (Procuraduría contra la Criminalidad Económica y Lavado de Activos) determinó que Construcciones del Paraná era insolvente al momento de adquirirlos. Ahí hubo una maniobra de vaciamiento (SAER) y auto transferencia de activos (los inmuebles) hacia una empresa insolvente.

- ¿Cómo llegó a determinar estos movimientos?

–Esto lo puedo afirmar porque el Banco Central se lo informó a la Procelac, y luego presenté la denuncia formal en la Justicia ordinaria (causa por estafa) y más tarde ante los juzgados federales de Entre Ríos (causa por evasión tributaria y violación a la ley penal cambiaria).

- La pregunta es si sabe cómo hizo el presidente de la SRA para “blanquear” esa operación de vaciamiento.

–Acá es donde intervinieron Walter Grenón y sus mutuales. A través de la Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS) se emitieron una serie de ayudas económicas ficticias solicitadas por el Grupo Etchevehere para Construcciones del Paraná y simular capacidad financiera económica al momento de la transferencia de los inmuebles. Hay correos electrónicos de los involucrados presentados ante la Justicia, en donde ellos dicen que los mutuos eran una pieza clave para evitar a la AFIP. La secuencia fue la siguiente: se tomó el crédito en el Itaú, se creó Construcciones del Paraná SA (una empresa sin movimientos económicos), se emitieron los mutuos, y se realizó el vaciamiento. Las ayudas económicas se negociaron para evitar que cayeran sospechas sobre Construcciones del Paraná, que como estableció la Procelac, hasta el día de hoy es una empresa insolvente.

- ¿Está acreditado en la causa judicial que parte del crédito que tomaron en el Itau también sirvió para “blanquear” el vaciamiento de SAER?

–Según el Banco Central, los 250.000 dólares del Itaú fueron derivados desde las cuentas de Las Margaritas SA hacia SAER, en parte para pagar sueldos de la empresa periodística y otro tanto fue depositado directamente en una de las cuenta de AMUS, que es la mutual que intervino con las ayudas económicas ficticias para Construcciones del Paraná. Se repartieron un negocio y la plata del Itaú formó parte de ese reparto para justificar la operación de vaciamiento. Todo esto quedó confirmado por los registros del propio BCRA, entidad que abrió una investigación por esta maniobra. Esa es la ruta del dinero E (por Etchevehere).

- ¿Por qué reaccionó y cuándo empieza a sospechar de las maniobras?

–Ante lo evidente, mi pregunta es la siguiente: ¿cómo es que el dinero de una sociedad agropecuaria terminó en una mutual farmacéutica? Acá es donde me paro y digo que esto dejó de ser una cuestión familiar cuando observo que la plata destinada a sembrar soja termina en una sociedad farmacéutica que nada tiene que ver conmigo. Por eso tengo la obligación de presentarme ante la Justicia. También me llama la atención cómo los contadores, escribanos, las cerealeras que sirvieron de garantía para tomar el préstamo (Los Grobo SGR), y los directivos del Itaú no dijeran nada ante algo tan evidente.

- Uno de sus hermanos, Arturo Sebastián Etchevehere, quien fuera directivo de Adepa, logró imponerle un bozal legal en su contra. ¿Por qué decidió hablar ahora?

–Este proceso de investigación ya lleva más de siete años. Lamentablemente, en la actualidad se puso en funcionamiento una maquinaria de violencia sobre mi persona. Luis Miguel Etchevehere está cada vez más violento en las distintas audiencias que surgen con los diferentes jueces de las causas penales. Las pruebas de la estafa están debidamente denunciadas, son contundentes, no son opiniones, son cuentas bancarias, balances que no cierran, vacas que no aparecen y empresas vaciadas. Apelan a la violencia y al amedrentamiento contra mí para debilitar la verdad.

- Usted como accionista, ¿pudo ver los libros contables de Las Margaritas SA?

–A esos libros los hicieron desaparecer, los denunciaron como robados. ¿Quién quiere robarse los libros societarios de una empresa? Pero de todas maneras, los pude ver y analizar con una perito contable, y fueron debidamente impugnados en la Justicia. Por eso no se entiende cómo el Banco Nación le dio a Las Margaritas un préstamo a una empresa con todos sus balances impugnados. Hace siete años y medios que estoy con estas denuncias, donde me vienen estafando a mí y al fisco de manera sistemática.

- ¿Cómo está integrado el Grupo?

–Un dato que no puede pasar desapercibido: la empresa cuenta con 5000 hectáreas divididas en cinco campos –Los Cachorros, El Supremo, Casa Nueva, Las Margaritas y La Hoyita (ésta última es la estancia donde encontraron a los hermanos Cornejos, explotados por los Etchevehere durante 38 años)–, con una actividad agropecuaria ininterrumpida, solamente arrojó dividendos por 67.000 pesos en los últimos siete años. Existe hacienda fantasma que no aparece. No hay rendimientos de fletes, y existen firmas falsificadas, como la de mi padre. En Las Margaritas SA intervinieron tres síndicos, Esteban Vitor, actual diputado provincial por Cambiemos, también director de la SRA de Entre Ríos, luego estuvo el contador Ernesto Treidel y el actual Fermín Garay.

- ¿Existen cómplices?

–Hay un conjunto de contadores, abogados, escribanos, empleados bancarios, empresas cerealeras y consignatarias de hacienda, que han sido funcionales a esta gran estafa en la provincia de Entre Ríos. Se han violado leyes financieras, la ley penal cambiaria, acá hay un orden jurídico o una serie de normativas financieras que no se cumplieron. Ellos no trabajaron solos.

- ¿Fue amenazada?

–Recibí serias amenazas en el último año, telefónicas, hasta que en una de las últimas ya implicaron a mis hijos, ahí tomé la decisión de hacer una denuncia formal. En esa amenaza me solicitaban que enviara una grabación con mi propia voz diciendo determinadas frases, además tenían información muy precisa. Me presenté ante una fiscalía y realicé la denuncia.

- ¿Qué piensa cuándo lo escucha a Luis Miguel Etchevehere hablar sobre corrupción ante la mirada del Presidente de la Nación?

–En todo esto queda claro el doble discurso del presidente de La Rural, por un lado pide cárcel a los corruptos (discurso de agosto 2015) y al mismo tiempo planifica una estafa magnífica en Entre Ríos, a nadie se le puede escapar lo que implican 5000 hectáreas de campos y una producción ininterrumpida, en permanente producción. ¿Dónde está todo eso? ¿Cómo pudieron planificar a la vista de todos un vaciamiento con la ayuda financiera de AMUS? Dentro de Las Margaritas se hicieron reuniones del PRO antes de las elecciones de 2015. Entonces, cuando lo veo a Macri aplaudir las palabras de Luis Miguel Etchevehere me pregunto si es otro de sus recurrentes errores de cálculo político, o bien está informado de todo y tiene un acuerdo de impunidad con el presidente de la SRA, lo cual sería gravísimo. Están acostumbrados a hacer cualquier cosa, a dominar la Justicia y los bancos en Entre Ríos, pero quedaron expuestos por toda la evidencia reunida a través de los años.

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La ruta del dinero. Cinco campos de 5.000 hectáreas en total.

El presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, enfrenta una demanda civil, otra penal ordinaria y una tercera radicada en el fuero federal penal de Entre Ríos, por evasión. Las tres causas son sobre los mismos hechos. El Procurador General de Entre Ríos, Jorge Amilcar Luciano García, le confirmó a este cronista que se está trabajando en sintonía con los distintos jueces, intercambiando información de cada expediente.

La primera información sobre este caso fue publicada en PáginaI12 en mayo de 2014. La investigación sobre las maniobras de evasión de este Grupo Económico confluyó con el caso de explotación laboral protagonizado por Etchevehere, ya que las pruebas incorporadas en uno de los expedientes permitieron confirmar que el campo donde eran explotados los hermanos Cornejo, La Hoyita, efectivamente estaba bajo jurisdicción de Las Margaritas SA.

La ruta del dinero E tiene su epicentro en la sociedad anónima compuesta por cinco campos que totalizan las 5000 hectáreas. Según información del BCRA, los 250.000 dólares del Itaú fueron depositados en la Cuenta/CBU 8843221006. El dinero se acreditó en dos operaciones, una parte el 29 de julio de 2011 y otra el 12 de agosto de aquel año. Esos fondos, que habían sido solicitados según una autorización del Banco Central para operaciones de comercio exterior, fueron transferidos a las cuentas individuales del Grupo Económico Etchevehere. Así consta en el Balance 2011 de Las Margaritas SA, cuyo síndico era el actual diputado provincial por Cambiemos, Esteban Vitor, mano derecha de Luis Miguel Etchevehere en Entre Ríos.

Parte de esos 250.000 dólares tuvieron como destino dos cuentas de SAER, que es la sociedad editora de El Diario de Paraná (Banco Credicoop Coop Ltd, Nº Cta 191.145.002615.0 y la segunda del Banco de Entre Ríos, Nº 4443/3, sucursal Paraná). SAER es la sociedad que proveyó los inmuebles que luego fueron transferidos a otra sociedad de los Etchevehere, con la ayuda del financista Walter Grenón. De la cuenta del Banco de Entre Ríos salió un cheque de 123.000 pesos cursado por clearing a favor de la Asociación Mutual Unión Solidaria (AMUS). El pago hacia AMUS fue la compensación a Grenón por haber puesto la estructura financiera al servicio del vaciamiento.

Fueron los propios integrantes del Grupo Económico Etchevehere quienes blanquearon estos movimientos, en una serie de correos electrónicos –también incorporados en los expedientes y publicados por PáginaI12– dirigidos a sus contadores y abogados. “Balance, va a llamar la atención al fisco, el crecimiento abrupto del nacimiento de la sociedad al primer ejercicio. Por tal motivo es que insistimos en hacer todo en blanco. Si se cae el mutuo (como prueba documental para con la AFIP), hay que pagar el 35 de ganancias, el 21 de IVA, más intereses y multa (sobre el total de los mutuos 4,5M). Sin dejar de tener en cuenta que los montos generan una denuncia penal al caso. Me gustaría que todo esto lo examinen con Roberto o Moro”. Este mail fue enviado por el contador Guillermo Budasoff el 4 de agosto de 2012 con copia a Luis Miguel Etchevehere, y sus hermanos Juan Diego y Arturo Sebastián.

* Publicada en el suplemento Cash del diario Página 12 el 22/1/17 como "Existe una gran Estafa".