Un airecito de justicia

Finalmente el Tribunal Oral Federal  6  dio por probada la "práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad” en “el marco de un plan general de aniquilación que desplegó sobre parte de la población civil, con el argumento de combatir la subversión implementando métodos del terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar” en Argentina.

Los condenados

El detalle uno por uno de los nueve acusados que recibieron condena por el plan sistemático de robo de bebés. Quién es quién y qué papel jugó en la comisión de los delitos de lesa humanidad por los cuales fueron juzgados.

- Jorge Eduardo Videla, 50 años. Creyó que pasaría a la historia como presidente de facto, pero las actuales enciclopedias lo definen como “dictador argentino”. Nacido en Mercedes el 2 de agosto de 1925, podría postularse al Guinness por la cantidad de condenas por delitos de lesa humanidad que está acumulando. Desde hace pocos días ocupa el pabellón de detenidos por crímenes contra la humanidad de la cárcel de Marcos Paz. Sus recientes últimas palabras concluyeron su ciclo de exposición mediática y provocaron escozor cuando se permitió calificar a “las parturientas aludidas por las querellas” como “activistas que usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes”.

- Antonio Vañek, 40 años. Fue comandante de Operaciones Navales durante 1977 y parte de 1978, y luego fue jefe de Operaciones del Estado Mayor de la Armada. Además de los testimonios de los sobrevivientes, fue acusado por los demás represores, como el ex capitán Adolfo Scilingo, y por periodistas. La ESMA estaba bajo su mando operativo. Los médicos navales Jorge Magnacco y Alberto Arias Duval señalaron la asistencia que prestó a los partos que tuvieron lugar “dentro de la clandestinidad de la ESMA”. Acosta refirió que las órdenes emanaban de Vañek. A fines de 1998, cuando fue detenido, dijo que Emilio Massera había dado las órdenes para “luchar contra la guerrilla”.

- Jorge “Tigre” Acosta, 30 años. Se le ha retirado el cargo de capitán de fragata, era quien tomaba las decisiones sobre tortura y muerte en la ESMA, y comandaba el grupo de tareas 3.3.2. Fue quien decidió arrojar al río a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, y las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce. Entre los 82 delitos que se le han probado están los secuestros de la familia Tarnopolsky, Nilda Actis, Lisandro Cubas, Carlos García, Ricardo Coquet y la sueca Dagmar Hagelin. En 1981 viajó a Sudáfrica para asesorar al gobierno del apartheid en la lucha contrainsurgente. En 1998 se descubrió que tenía una cuenta secreta en Suiza, que podría haberse usado para depositar el producto de los bienes sustraídos a los detenidos-desaparecidos. Fue condenado el año pasado en la megacausa ESMA.

- Santiago Omar Riveros, 20 años. Fue el primer militar en explicar el terrorismo de Estado y afirmó que “no ha habido desaparecidos, sino terroristas aniquilados en el marco de una guerra revolucionaria, y por tanto irregular”. Ex comandante del Cuerpo IV del Ejército y ex comandante de Institutos Militares fue condenado en Italia por la desaparición de tres ciudadanos italianos y, en 2006, cuando estaba procesado por delitos cometidos en el Plan Cóndor, la Justicia determinó que su indulto era inconstitucional. En agosto de 2009 fue declarado culpable del homicidio de Floreal Avellaneda, joven militante de la Juventud Comunista, cuyo cuerpo torturado apareció en las costas uruguayas.

- Reynaldo Benito Bignone, 15 años. Otro genocida que anhelaba el bronce por su condición de “último presidente de facto”. “Lo que tanto se mencionó de dar una lista de los muertos a mi juicio hubiera sido un error trágico. Si el propio Estado da por muerto a un individuo quiere decir que dispone de las pruebas para afirmarlo. Después vendrían los interrogantes: ¿quién lo mató?, ¿dónde está el cadáver?, ¿por qué lo mataron?”, razonó en su libro El último de facto, incorporado como prueba en la etapa preliminar. Participó activamente del derrocamiento de María Estela Martínez de Perón y, poco después del golpe, ocupó el Hospital Posadas, que se convertiría en un campo de exterminio. Bignone fue considerado un eslabón fundamental para garantizar la impunidad a los ejecutores de la práctica sistemática de apropiación de los menores, por haber firmado el Documento Final, que estableció la muerte de todos los desaparecidos y la ley de autoamnistía.

- Víctor Gallo, 15 años. Ex capitán del Ejército, ex miembro del Batallón de Inteligencia 601 y ex carapintada. Durante el juicio dijo ser accionista de una empresa de seguridad denominada Cooperativa Lince. En 1997 fue condenado a diez años de prisión por robo calificado, tenencia de arma de guerra, privación ilegal de la libertad y coacción. También estuvo involucrado en la masacre de Benavídez. “Gallo decía que era una guerra, todo el tiempo hablaba del supuesto enemigo, para él todos eran enemigos, todo el tiempo con odio, toda la familia, con eso nos criaban”, dijo el apropiado Francisco Madariaga.

- Juan Antonio Azic, 14 años. Suboficial principal retirado de la Prefectura y ex miembro del grupo de tareas 3.3 de la ESMA. “Un interrogador, un torturador”, lo definió el sobreviviente de la ESMA Carlos Lordkipanidse, a quien Azic le dijo cuando estaba en la mesa de torturas, “si no hablás le reviento la cabeza contra el piso a tu hijo”, que tenía apenas 20 días. Luego puso al pequeño Rodolfo sobre el pecho de su papá y le aplicó picana. Se apropió de Victoria Donda y Carla Ruiz Dameri, nacidas durante el cautiverio de sus padres en ese centro clandestino. Fue condenado el año pasado a 18 años de prisión en la megacausa ESMA.

- Jorge Luis Magnacco, 10 años. Era ginecólogo en el Hospital Naval y actuó como autoridad médica en la maternidad clandestina que funcionó en la ESMA, donde la “pieza de las embarazadas” era llamada “la pequeña Sardá” por los propios marinos. En 2005 había sido condenado a diez años por su participación en el secuestro de Rodolfo Pérez, nieto de la Abuela Rosa Roisinblit.

- Susana Colombo, 5 años. Esposa de Gallo, dijo haber sido quien acompañó a Francisco Madariaga por primera vez a Abuelas de Plaza de Mayo y, como parte de su plan de defensa, se definió como víctima de sucesivas formas de violencia doméstica de su cónyuge, a quien definió como un psicópata. Incluso dijo que temió que la matara y que no recurrió a nadie porque lo único que sentía era miedo. Pero no tuvo ninguna respuesta cuando le preguntaron por qué esperó hasta 2010 para decirle que podía ser hijo de desaparecidos. “No tuve la partida de nacimiento de los chicos, no elegía los nombres, nunca tuve la escritura de la casa, vivía aislada en el barrio militar donde uno vive y se calla la boca”, fue su descripción.

Los absueltos

- Eduardo Ruffo. Ex agente civil de inteligencia de la patota en Automotores Orletti, integrante de la banda de Aníbal Gordon, dedicado a los secuestros extorsivos, apropiador de Carla Rutila Artés, a quien sometió a todo tipo de padecimientos desde pequeña. Sara Méndez reconoció a Ruffo como miembro de la banda que el 13 de julio de 1976 entró a su casa y le arrancó de los brazos a su hijo, Simón, de 20 días. En 1999 fue reincorporado a la SIDE, recibía dinero y órdenes del ex jefe de los espías durante el menemismo, Hugo Anzorregui. En teoría, su tarea era vigilar a los otros agentes. “No tengo ningún buen recuerdo de ese hombre”, dijo alguna vez Carla, y definió a su apropiador como un hombre enfermo de los nervios, despiadado, agresivo, muy bebedor y obsesivo por el contacto sexual con ella. Fue detenido en octubre de 2006 mientras caminaba por Barrio Parque. Cumple condena por los crímenes cometidos en Orletti.

- Rubén Franco. Almirante retirado, nacido en Adrogué el 8 de julio de 1927, fue el último jefe de la Marina durante la dictadura. En su condición de integrante de la última Junta Militar, fue acusado como autor mediato por haber declarado la muerte de todos los desaparecidos durante la llamada lucha antisubversiva mediante el llamado Informe Final del 28 de abril de 1983, que no hizo excepción alguna con los niños sustraídos. También habría sido parte del encubrimiento al máximo nivel militar por haber firmado la ley 22.924 denominada luego ley de autoamnistía, por la cual los represores pretendían evitar rendir cuentas ante la Justicia. Cuando fue interrogado afirmó que el genocida Reynaldo Bignone ordenó destruir documentación relacionada con las violaciones a los derechos humanos.

(En http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/198062-59660-2012-07-06.html)